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En la tarde de este viernes 19 de diciembre, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla negó la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien ahora enfrenta una segunda imputación por cuatro nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Según la Fiscalía, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro habría hecho parte de una presunta red de corrupción en la ciudad de Barranquilla, entre los años 2021 y 2023, cuando era diputado del departamento de Atlántico. El ente investigador ha dicho que Petro Burgos habría desviado al menos COP 11 millones de recursos públicos a través de la firma de cinco contratos asignados a la Fundación Conciencia Social.
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El objetivo de esos proyectos era adelantar actividades e iniciativas de atención psicosocial para adultos mayores en la capital del Atlántico. La fiscal Lucy Marcela Laborde, quien tiene en sus manos las investigaciones en contra de Petro Burgos, ha dicho que el entonces diputado habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa.
Estos últimos tenían injerencia en la contratación directa entre la Gobernación del Atlántico y Fucoso, encargada de ejecutar los dos contratos, de los cuales se habría desviado el dinero por medio de cheques entregados a terceros y pagos inflados para contratistas. Inicialmente, la fiscal Laborde señaló también a Petro Burgos como presunto responsable del delito de falso testimonio. Pero, tras cuestionamientos del juez y de la defensa, retiró ese cargo.
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Aunque la Fiscalía pidió desde el principio la medida de aseguramiento, el 15 de diciembre el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, le lanzó un salvavidas a Petro Burgos. “No encuentro fundamentos serios para determinar que va a entorpecer el proceso. No hay fundamentos para determinar fuga o evasión. No representa un peligro para la comunidad y no se observa tampoco que, con la misma, pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, dijo.
No obstante, le dio crédito a los argumentos de la Fiscalía en su imputación contra el hijo mayor del presidente Petro. “El Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en COP 111 millones, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”, señaló el delegado de la Procuraduría.
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La Fiscalía había pedido la medida de aseguramiento argumentando riesgo de fuga; sin embargo, el juez de control de garantías dijo durante la audiencia de este viernes que no hay argumentos ni pruebas suficientes para sustentar esa solicitud. “Debemos recordar que este hecho fue objeto de solicitud de aclaración y en su momento la Fiscalía indicó que las certificaciones fueron anexadas, pero no se evidencia ninguna prueba de ello en el traslado realizado por la Fiscalía”, indicó el togado durante la diligencia.
Este proceso en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro es distinto a la investigación que se adelanta en su contra desde el año 2023, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionada con el posible desvío de recursos que iban para la campaña presidencial de su papá, en el año 2022. El mismo caso por el cual recientemente la Procuraduría decidió abrir una investigación en su contra.
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