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Un juzgado de Bogotá negó, en primera instancia, la acción de tutela con la que buscaban obligar al senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a retractarse de sus declaraciones sobre la desobediencia civil, así como abstenerse de emitir nuevos pronunciamientos al respecto.
Según la decisión, adoptada por el Juzgado Sesenta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, los pronunciamientos del senador constituyen “una manifestación pública de contenido político”, protegida por la Constitución.
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Además, señaló que la hipótesis según la cual ese llamado podría “generar escenarios de alteración del orden público (...) no se encuentra respaldada por elementos objetivos que permitan establecer la existencia de una amenaza cierta, real o actual sobre el derecho invocado”.
El fallo también declaró improcedente la petición de que se ordenara a Cepeda retractarse sobre sus pronunciamientos públicos y prohibirle manifestarse sobre la desobediencia civil en un futuro. Para el juzgado, dichas medidas “implicarían una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la libertad de expresión, especialmente en su dimensión política”.
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El senador Cepeda se refirió a la decisión a través de la red social X, mediante un pronunciamiento público en el que señaló: “La decisión reviste la mayor importancia, pues considera que la tutela pretendía trasladar la contienda política del terreno del debate al de la censura y constituía una restricción inadmisible de su derecho fundamental a la libertad de expresión, en su modalidad más protegida: la del discurso político sobre asuntos de interés público”.
Línea seguida, el pronunciamiento menciona que, al referirse al contenido de sus declaraciones, el excandidato presidencial afirma que: “La desobediencia civil constituye un derecho y un componente estructural del estado constitucional, que parte de su reconocimiento, y se ejerce desde él y en su defensa. Por eso, la Corte Constitucional ha reconocido la garantía a la resistencia cuando, como en este caso, se cuestionan actuaciones concretas, y se ejerce de manera pacífica y pública, en defensa del orden jurídico”.
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El dilema surgió a raíz del anuncio de desobediencia civil pacífica que hizo el excandidato el 30 de junio. En ese pronunciamiento sostuvo que, entre otras cosas, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, al haber adquirido la ciudadanía estadounidense mediante un juramento de naturalización, asumió compromisos y obligaciones con ese país que, a su juicio, son incompatibles con el ejercicio de la Presidencia de Colombia.
El excandidato presidencial aseguró que De la Espriella “no debería posesionarse como presidente de la República” hasta que “renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también a una agencia de seguridad estadounidense”. En su declaración dijo que al posesionarse sin renunciar a esa nacionalidad se constituiría un acto “ilegal”, por lo que llamó a un acto de desobediencia civil pacífica, algo que ha sido respaldado especialmente por su partido.
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