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El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá dejó en firme la orden contra el presidente Gustavo Petro para que se retracte y pida disculpas públicas al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, a quien el primer mandatario señaló de “bandido”.
El jefe de Estado dio esas declaraciones el pasado 15 de julio, en medio de una alocución presidencial en la que señaló: “Se robaron la plata Coosalud, que nace en Cartagena y que es una cooperativa de verdad. Sus dueños, tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas, por cometer el error de nombrar a un señor como gerente, que es un bandido”.
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Según la decisión del juzgado, estas expresiones vulneraron el derecho al buen nombre y a la honra de González Montaño, por lo que se ordenó al primer mandatario disculparse a través de X y de una alocución presidencial.
La primera orden del juzgado:
Esto se da luego de que el juzgado rechazara la solicitud de nulidad presentada por Presidencia sobre la primera orden emitida. En primer momento, el juzgado señaló que las expresiones del jefe de Estado afectaron el buen nombre del exgerente de Coosalud. Por ello, ordenó a Gustavo Petro retractarse y presentar excusas públicas en un término de cinco días.
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Además, ordenó al presidente abstenerse de “emitir mensajes o manifestaciones públicas contra el señor Jaime Miguel González Montaño, por cualquier medio del que sea titular él o la Presidencia de la República, así como publicar contenidos que vulneren sus derechos fundamentales”.
Por su parte, tras la primera decisión del juzgado, el presidente Gustavo Petro indicó en la red social X que no tenía nada de qué retractarse y señaló que: “Las irregularidades en la EPS Coosalud deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco”.
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Agregó, además, que iba a pedir que el Estado fuera víctima en “este proceso penal e indicaré a la Agencia Jurídica del Estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público”.
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