La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a más de 70 exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) por hechos de violencia ocurridos entre 1998 y 2006. La decisión, además de dictar órdenes contra los exparamilitares, dedicó un apartado especial con un lenguaje sencillo para hablarle a las víctimas y hacerles entender las medidas para “restaurar su dignidad, su paz y su bienestar”.
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El Tribunal revisó el caso de 80 exparamilitares que buscaban beneficios en la justicia transicional, que estudiaba los hechos ocurridos entre 1998 y 2006, en los que ese bloque sembró el horror en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Sin embargo, los magistrados encontraron que ocho de los exintegrantes de las Auc no cumplían con los requisitos de la jurisdicción como la desmovilización, entrega de bienes y cese de actividades ilícitas.
La Sala de Justicia y Paz examinó 749 hechos en los que participaron los exparamilitares que, según la decisión, conforman un “estremecedor rompecabezas” de violencia. Puntualmente, se revisaron hechos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, tortura y violencia basada en género. Tras su estudio de los casos, impuso la mayor pena en esa jurisdicción a los más de 70 exintegrantes de las Auc: ocho años de prisión.
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En el documento de 2066 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá le dijo a las víctimas que “entendemos que ver a quienes les causaron tanto daño recibir penas de ocho años de prisión, en lugar de las condenas largas que recibirían en la justicia ordinaria puede ser difícil de aceptar y tal vez considerarse una injusticia”. Asimismo, les explicó que “estas penas alternativas no son un perdón a ciegas ni mucho menos un regalo, son un intercambio exigido por la ley. Para alcanzar este beneficio, los hoy responsables han aportado a la construcción de verdad de lo que hicieron y han entregado bienes para repararlos a ustedes".
Asimismo, la Sala de Justicia y Paz resaltó que si los exparamilitares “mintiesen, ocultasen información o volviesen a delinquir, perderían inmediatamente los beneficios y recibirían toda la dureza de la ley”. También, expuso que “la limitación al derecho de tenencia y porte de armas se impone como una medida idónea, necesaria y proporcional, encaminada a evitar la repetición de comportamientos como los analizados".
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Para los magistrados fue vital decirle a las víctimas que “lo primero y más importante es afirmar que ninguno de estos dolorosos hechos ocurrió por su culpa. Ustedes son inocentes, ustedes son víctimas, aquellas y aquellos seres queridos que hoy no están aquí con nosotros, también fueron víctimas inocentes". Por eso, explicaron que “la Sala quiere otorgarles un reconocimiento público inmediato que valida su dolor y rompe el silencio histórico del conflicto”. “Nada ni nadie podrá justificar jamás los actos que ustedes y sus comunidades sufrieron”, se lee en la decisión.
En el documento los togados pidieron disculpas a las víctimas por la demora que hubo para tener una decisión. “Con profundo lamento debemos contarles que para llegar a este punto hemos tardado mucho tiempo. Por favor discúlpennos, hemos dado todo de nosotros y, en verdad, quisiéramos haberlo hecho mucho mejor y más rápido". Asimismo, reiteraron que “este mecanismo sacrifica algunos años de prisión a cambio de conseguir las respuestas y la verdad que de otra manera hubieran podido quedar ocultas o en la impunidad por siempre".
Los magistrados expusieron que las medidas que ordenaron son “especiales para restaurar su dignidad, su paz y su bienestar. Estas medidas incluyen mecanismos individuales de reparación económica, simbólica y, además, otras actividades colectivas”. En el documento también quedó plasmado un mensaje final: ”Ustedes importan, este juicio es sobre ustedes y merecen saber qué decidimos“. “Queremos así reafirmar su dignidad y ofrecerles justicia, paz y reconciliación”.
Dentro de lo ordenado en contra de los condenados está la extinción de dominio sobre bienes que fueron avaluados en “COP 131.474 millones“. Estos recursos “estarán destinados a garantizar la indemnización y reparación integral de las víctimas“. Asimismo, se ordenó ”la creación de círculos de sentencia restaurativos a fin de garantizar un espacio de justicia terapéutica y restaurativa fundamentado en la participación conjunta, horizontal y en pie de humana igualdad".
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