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El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dejó en firme, este 4 de marzo de 2026, el proceso penal contra Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones. La exfuncionaria es investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En el documento, el juzgado ordena negar la preclusión solicitada por la defensa de Sandra Ortiz, a cargo del abogado penalista Mauricio Camacho, frente a los delitos que, en diferentes oportunidades, ella ha rechazado haber cometido. Asimismo, la providencia señala que la exfuncionaria no se encuentra impedida para continuar con la etapa de juicio.
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La petición de la defensa de Sandra Ortiz
En el pasado mes de febrero, la defensa de Sandra Ortiz solicitó la preclusión de la investigación en contra de la exfuncionaria, al señalar que, presuntamente, la Fiscalía General de la Nación no había sido clara sobre un contrato ejecutado en el municipio de Repelón (Antioquia). Mauricio Camacho también indicó que, con el propósito de obtener más información sobre el vínculo contractual, radicó una petición ante la Ungrd, la cual aseguró que dicho contrato se ejecutó en Girón (Santander).
El presunto papel de Sandra Ortiz en el entramado de corrupción
La exconsejera para las Regiones fue la primera funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en ir a la cárcel por el entramado de corrupción de la Ungrd. A ella le siguieron otros integrantes del equipo del primer mandatario, como los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), quienes actualmente se encuentran privados de la libertad.
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Según las indagaciones adelantadas por el ente investigador, la exfuncionaria habría servido como puente para entregar millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, indicó la Fiscalía.
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El ente investigador también ha dicho que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con COP 1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Para la Fiscalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
Otras negativas a Sandra Ortiz
El 21 de enero de este año, la jueza 79 con función de control de garantías de Bogotá negó, por segunda vez, la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz. Para la togada, no existían las condiciones necesarias para decretar el vencimiento de términos a favor de la exfuncionaria, quien desde diciembre de 2024 permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.
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Asimismo, el 31 de diciembre de 2025, el mismo despacho judicial negó por primera vez la libertad a la exconsejera. En esa ocasión, la jueza argumentó que aún no se había cumplido el plazo máximo para que operara el vencimiento de términos, tras la acusación formulada en enero de 2025.
De igual manera, en octubre de 2025, Ortiz recibió la primera negativa a su solicitud de libertad condicional. En ese momento, la exfuncionaria buscó revocar la decisión por la que fue enviada a la guarnición policial en diciembre de 2024. Sin embargo, un juez de Bogotá rechazó esa petición al considerar que la exconsejera del gobierno de Gustavo Petro “todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”.
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