El juzgado 50 laboral del circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y de Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad, así como el pago de una multa de cinco salarios mínimos para cada uno, lo que equivale a más de COP 8 millones.
Los hechos están relacionados con el desacato de una acción de tutela presentada por la precandidata presidencial Paloma Valencia contra la ANT, la cual fue ordenada en una sentencia del 16 de diciembre de 2025. Este fallo de tutela ordenaba a la entidad responder sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en Dagua (Valle del Cauca).
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Según el equipo de Paloma Valencia, el terreno es ocupado desde hace más de 20 años por comunidades campesinas, por lo que no podría ser adquirido por la entidad. Pese a ello, hasta la fecha la ANT no ha entregado la información sobre la compra del predio, por lo que el juzgado sancionó por desacato a ambos funcionarios.
Según indicó el despacho, en la sentencia de la acción de tutela se dio un lapso de dos días para “acatar las disposiciones de la providencia”. Sin embargo, para el pasado 6 de marzo habían transcurrido 53 días hábiles sin que se hubiera acreditado el cumplimiento de la orden. En el documento, el juzgado aclara que el arresto deberá realizarse en las instalaciones que determine la Policía Nacional.
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Asimismo, el juzgado solicitó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la acción de tutela y “con el objeto de garantizar y asegurar la protección efectiva y plena de los derechos fundamentales de la parte accionante”, tanto Harman como Ortiz Rosero, en su calidad de director y secretaria general de la ANT, respectivamente, cumplan con la sentencia del 16 de diciembre.
Sin embargo, desde la entidad resaltaron que “la ANT ya dio respuesta al derecho de petición presentado” y que además no oculta información. Manifestaron que no es cierto que haya “prácticas sistemáticas de cobro de comisiones en la compra de predios. Tales señalamientos carecen de fundamento”. Asimismo, resaltaron que la orden de arresto no será efectiva hasta que haya decisión en segunda instancia.
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