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“Señor Dairo, usted es muy importante para la paz de nuestro país” reposa en la misiva de cinco páginas que enviaron alrededor de 15 organizaciones de desplazados y comunidades indígenas, ubicados en Chocó y Antioquia, a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo. El hombre que asistió a una diligencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que está dispuesto a entregar información que sirva en la consolidación de la paz del país.
Además, resaltó en varias ocasiones que, en octubre pasado, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades con el fin de acabar el capítulo de guerra en su vida. Afirmó ante la magistratura de la JEP que la organización que estuvo bajo su mando durante un poco más de 10 años está dispuesta a entablar diálogo con el Gobierno con el fin de llegar a una posible desmovilización de todos sus hombres.
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A Otoniel, a quien se le vio sereno durante la diligencia que busca establecer lo ocurrido en Urabá durante el conflicto armado, las víctimas le expusieron que, de su parte, no habrá rechazo, por el contrario, siempre estarán abiertos a escuchar lo que tiene por decir sobre lo ocurrido durante tantos años de guerra. “Esperamos que sea posible en algún momento vernos de manera directa con garantías para usted y nosotros, queremos que nos escuché, que nos vea, y que muchas verdades sean por nosotros conocidas directamente. No queremos venganzas ni odios” expusieron en el documento.
Las organizaciones quienes allegaron a través de sus abogados la carta expusieron que la extradición de Otoniel a Estados Unidos será un duro golpe debido a que con él se iría la verdad sobre la guerra en sus regiones. “Usted es de origen campesino como nosotros, usted sabe que es vivir en el campo colombiano, sus padres se mantuvieron en pie como campesinos y su ida a otro país es pérdida de memoria y verdades territoriales. Es posibilidad de mentiras de impunidad prolongada y esto significa más violencia”, reposa en la misiva.
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Las víctimas, entre otras cosas, le solicitaron a la JEP que analicen la competencia para estudiar el expediente de Otoniel, pues consideran que tiene información relevante, ya que estuvo en grupos al margen de la ley desde la década de los 80 hasta el pasado octubre cuando quedó en manos de las autoridades.
“Nuestro empeño siempre ha sido que nadie tenga que ser extraditado, o negociar con autoridades de los Estados Unidos o de otros países, su vida, o hacer acuerdos para su libertad o la seguridad de sus seres queridos. Nosotros así se lo escribimos al presidente Biden, queremos que el derecho restaurador sea la construcción de una nueva forma de lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este esfuerzo requiere transitar por la paz interior”, explicaron en el documento que leyó una de las magistradas de la JEP que asistieron la audiencia.
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Aunque las víctimas pretenden conocer verdad sobre el conflicto padecido en sus regiones, también afirmaron que son conscientes que al máximo jefe del Clan lo quieren callar. De ahí que “comprendan” que no entregue información sobre todo lo que conoce. A juicio de las víctimas, la intención de tener a Otoniel bajo el dominio de las autoridades está relacionado con una forma de callarlo más allá de que cumpla con sus obligaciones penales.
“Comprendemos, incluso, entendemos que no vaya a decir todo lo que sabe porque, por eso mismo lo querrán silenciar, mucho más que llevarlo a prisión y a un juicio justo, lo quieren en la muerte por las verdades que usted sabe que, solo usted y sus círculos de confianza saben, y también por esa misma situación nos envían a encontrarnos hoy virtualmente. Hablar es un riesgo para nosotros, ustedes tienen muchas verdades que no se pueden decir virtualmente, usted sabe verdades que sí el país conociera se abriría la posibilidad de un país distinto, usted sabe de gente muy poderosa que los ha llevado una y otra vez a la violencia”, argumentaron en el documento.
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Por último, aclararon que ven posible que se pueda adelantar diálogos de manera privada con el máximo jefe del clan, y en caso de no llegar a concretarse esa intención, no escatimarán en solicitar a las autoridades encuentros en el centro carcelario al que sea enviado mientras avanzan los procesos judiciales en territorio nacional.
“Si fuera posible tramitar un encuentro directo en Colombia, y dada su eventual salida a Estados Unidos, le pedimos en el acuerdo con las autoridades de ese país, defina mecanismos para que podamos ingresar a las cárceles y en diálogo directo acceder a verdades que posibilitarán de manera real lograr la paz para nuestras vidas y territorios, y unas nuevas políticas de seguridad y salud pública con los Estados Unidos”, expusieron.
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Sobre Otoniel quien está incluido en la lista Clinton desde 2013 pesan 128 órdenes de captura y siete medidas de aseguramiento por los delitos de homicidio, reclutamiento, concierto para delinquir, secuestro, porte ilegal de armas y narcotráfico. Además, tiene dos circulares rojas, una azul y la solicitud de extradición por una Corte de Estados Unidos. Los procesos penales en territorio nacional son conocidos por la Fiscalía y supervisados por la Procuraduría que constituyó una agencia especial para hacer seguimiento a los más de 20 expedientes en su contra.