La congresista por las curules de paz, Karen Manrique, será enviada a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública “CPAMS EJEMA”, ubicada en el Batallón de Ingenieros Número dos Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo (Atlántico). Así lo conoció este diario a través de una resolución firmada por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.
Esto, luego de que el pasado 18 de marzo el Inpec definiera que la congresista, presuntamente involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cumpliría la orden de prisión preventiva en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en la ciudad de Bogotá.
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Por su parte, el congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien también fue señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción, continuará en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Ambos fueron reelegidos para la Cámara de Representantes el pasado 8 de marzo en las elecciones legislativas.
Su captura se dio tras la orden emitida en su contra por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de marzo. Manrique y Manzur, así como otros cuatro congresistas, fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio. Esto, por presuntamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso, a cambio de proyectos de la entidad.
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Los otros congresistas investigados por el escándalo de la Ungrd fueron identificados como Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador; Julián Peinado; Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, de la Alianza Verde.
La decisión de la alta corte se da tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que el togado pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. Según la ponencia del magistrado, la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, entre otras pruebas.
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Dichas pruebas, enlistadas por el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos. Estos ofrecimientos supuestamente habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
Ambos exministros ya fueron imputados por este caso y están privados de su libertad desde diciembre del año pasado, a la espera de que la Fiscalía General de la Nación avance en la investigación y los llame a juicio. Los primeros en ser enviados a la cárcel por este caso fueron los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
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En su caso, están en juicio por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. De acuerdo con las investigaciones, ambos políticos habrían recibido coimas por COP 4.000 millones para impulsar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
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