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En manos del Consejo de Estado está definir una demanda que presentó el Centro de Estudios Dejusticia en relación con el procedimiento de elección de la cabeza de la Fiscalía General. En concreto, en contra de un decreto que expidió el gobierno de Iván Duque, derogando otro que se había expedido durante el mandato de Juan Manuel Santos, que incluía la realización de una convocatoria de candidatos.
La demanda de Dejusticia busca que el decreto Santos (450 de 2016) vuelva a regir por considerar que da mayor transparencia al proceso de elección de los tres aspirantes que el presidente elabora y presenta ante la Corte Suprema para que de allí, elija al próximo fiscal. ¿Por qué? Porque este incluye un proceso abierto de hacer una lista de personas que, además, se somete al escrutinio público.