La demanda que busca tumbar la Planta Regasificadora del Pacífico

Una estrategia del Gobierno para el abastecimiento de gas natural en el país es la construcción de la Planta Regasificadora del Pacífico, ubicada en Buenaventura. En palabras sencillas, se trata de importar gas de otros países, transportándolo a través de grandes estructuras, luego de someterlo a un proceso en el que pasa del estado gaseoso al líquido (gas natural licuado, GNL) para que ocupe menos espacio. Una vez en su destino final, se realiza el proceso inverso, de regasificación, para poder usarlo en las redes nacionales. Esta iniciativa de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), del Ministerio de Minas, sin embargo, apenas está en etapas previas y ya enfrenta acciones legales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una acción popular del ciudadano Victoriano Joropa Catimay, residente del resguardo indígena Sáliva de Paravare en Orocué (Casanare), que busca anular la reglamentación y ejecución del proyecto, que ya ha generado discordia entre los productores de gas natural. En concreto, ataca el Decreto 2345 de 2015 y la Resolución 40006 del Ministerio de Minas, así como las resoluciones 107 y 152 de 2017 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Allí se consignó lo necesario para poner en marcha esta estructura, pensada con capacidad de regasificar 400 millones de pies cúbicos por día y de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado.

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Los argumentos centrales de la acción popular es que la iniciativa iría en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y que la gasificadora implicaría que los proyectos de abastecimiento de gas natural sean de propiedad de un inversionista privado, “estableciéndose de esta forma un monopolio de dicho mercado”. Por un lado, Joropa asegura que en el plan de desarrollo se dejó en claro que, en los mecanismos que aplique la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) para asegurar el abastecimiento del gas natural y promover la expansión del sistema nacional de transporte, se deberían identificar los proyectos prioritarios y ponerlos en marcha, “una vez se haya constatado la disposición de la demanda a contratar”.

En el recurso judicial se insiste en que este análisis es un requisito previo a la ejecución de la iniciativa. De manera, al parecer, contradictoria, el decreto del Ministerio de Minas que fija los lineamientos para el abastecimiento del gas anularía ese requisito. Se trata del Decreto 2345 de diciembre de 2015, que tiene como fundamento el mismo documento -las bases del plan de desarrollo-, que ordena crear un programa de abastecimiento del gas natural y que indica que un agente puede desarrollar los criterios del mismo. En palabras del demandante, eso implica que el plan lo podría diseñar el inversionista privado que haya sido seleccionado, pero sin asumir riesgo alguno.

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Por otro lado, la demanda sostiene que el decreto permite que estos proyectos sean remunerados, cuando tienen una utilidad pública, lo que iría en contra de la función administrativa, del interés público y del bien común. Incluso, se cuestiona que se abra la puerta a que la remuneración se haga a través de cargos en las facturas del gas natural que reciben cada mes los colombianos. “Se puede concluir que los proyectos de confiabilidad o seguridad del abastecimiento de gas natural no serán propiedad de la nación, sino del inversionista privado que los ejecute”, se lee en la demanda conocida por El Espectador.

La acción popular agrega las reglas de juego actuales que, en últimas, permiten que se hagan “procesos competitivos para seleccionar un inversionista que tendrá el derecho y el deber de construir los proyectos del plan (de abastecimiento de gas), todo o en parte con pagos de los usuarios”. Y como consecuencia habría tres escenarios: que el inversionista no tendría ningún riesgo económico, que este tendría en su poder la ejecución del proyecto y no el Estado, y que tendría el monopolio del mercado, “pues nadie más podría construir ese proyecto ni competir con él”.

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Como un tercer argumento, Joropa cuestiona el “Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural” que la UPME expidió en 2016 (presentado a la Resolución 40006 de enero de 2017) y que señala que la demanda de gas natural superará en los próximos años la oferta nacional. Ese documento es el que justifica la construcción de una gasificadora en Buenaventura, que se sumaría a la ya existente en Cartagena. En todo caso, para el demandante es claro que tarde o temprano las gasificadoras se convertirán en “facilidades esenciales”, lo que haría de estas un negocio altamente rentable.

En ese sentido, Joropa afirma que sería “peligroso” darle a un solo inversionista privado la titularidad de estas infraestructuras, ya que podría controlar a su antojo el ingreso del gas al país. Se estarían creando condiciones anticompetitivas y fomentando “un enriquecimiento sin justa causa” en favor de ese privado, ya que la remuneración se hace a costa de los intereses de los usuarios. “En otras palabras el decreto 2345 de 2015 está aumentando el patrimonio de un privado, correlativamente está empobreciendo o disminuyendo el patrimonio de alguien más y tal enriquecimiento no tiene fundamento jurídico”, agrega la demanda.

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Por último, se cuestionan las resoluciones que reglamentaron la planta en 2017 porque estarían permitiendo que el proponente pueda solicitar como máximo una remuneración del 42 % en su ingreso anual esperado. Remuneración que, reitera Joropa, sería cobrada a los usuarios y no al Estado. “En ese orden de ideas, si el proyecto costara US$700 millones, la CREG espera que los usuarios remuneren hasta US$ 294 millones. Todo esto parece más un subsidio”. La demanda que pide suspender provisionalmente todo este marco jurídico también alega que la CREG estaría impidiendo que otros participantes del mercado de gas natural, diferentes a los transportadores, puedan participar en los procesos de selección.

Para Joropa, continuar con la planta permitiría que se construya sin verificar la demanda, sin establecerse si es realmente necesaria una obra con cargo a los usuarios y sin evitar que bienes de interés público queden en manos de privados. El caso fue admitido el pasado 23 de octubre por el magistrado Moisés Mazabel Pinzón, y a este se suma una demanda del abogado Juan Carlos Salazar ante el Consejo de Estado, hoy en manos del magistrado Roberto Serrato Valdés, quien aún no define si la admite. Salazar dijo a la agencia Reuters que no es entendible que la inversión vaya a cargo de los consumidores: “Eso es inaudito. Una planta que va a ser propiedad de un privado la van a terminar pagando todos los usuarios colombianos”, dijo.

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En diciembre pasado, El Espectador documentó cómo las empresas productoras de gas natural se creen en desventaja frente a las regasificadoras. María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, que agrupa a los grandes consumidores de energía industriales y comerciales, ha cuestionado que la única solución prevista para compensar el descenso en la producción de gas sea la importación. Por su lado, Naturgás, que agrupa a las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas natural, también ha mostrado inquietud: “Nos preocupa el costo de la regasificadora y su impacto sobre la tarifa de gas”, indicó Orlando Cabrales, presidente del gremio en aquella ocasión.

Una estrategia del Gobierno para el abastecimiento de gas natural en el país es la construcción de la Planta Regasificadora del Pacífico, ubicada en Buenaventura. En palabras sencillas, se trata de importar gas de otros países, transportándolo a través de grandes estructuras, luego de someterlo a un proceso en el que pasa del estado gaseoso al líquido (gas natural licuado, GNL) para que ocupe menos espacio. Una vez en su destino final, se realiza el proceso inverso, de regasificación, para poder usarlo en las redes nacionales. Esta iniciativa de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), del Ministerio de Minas, sin embargo, apenas está en etapas previas y ya enfrenta acciones legales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una acción popular del ciudadano Victoriano Joropa Catimay, residente del resguardo indígena Sáliva de Paravare en Orocué (Casanare), que busca anular la reglamentación y ejecución del proyecto, que ya ha generado discordia entre los productores de gas natural. En concreto, ataca el Decreto 2345 de 2015 y la Resolución 40006 del Ministerio de Minas, así como las resoluciones 107 y 152 de 2017 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Allí se consignó lo necesario para poner en marcha esta estructura, pensada con capacidad de regasificar 400 millones de pies cúbicos por día y de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado.

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Los argumentos centrales de la acción popular es que la iniciativa iría en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y que la gasificadora implicaría que los proyectos de abastecimiento de gas natural sean de propiedad de un inversionista privado, “estableciéndose de esta forma un monopolio de dicho mercado”. Por un lado, Joropa asegura que en el plan de desarrollo se dejó en claro que, en los mecanismos que aplique la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) para asegurar el abastecimiento del gas natural y promover la expansión del sistema nacional de transporte, se deberían identificar los proyectos prioritarios y ponerlos en marcha, “una vez se haya constatado la disposición de la demanda a contratar”.

En el recurso judicial se insiste en que este análisis es un requisito previo a la ejecución de la iniciativa. De manera, al parecer, contradictoria, el decreto del Ministerio de Minas que fija los lineamientos para el abastecimiento del gas anularía ese requisito. Se trata del Decreto 2345 de diciembre de 2015, que tiene como fundamento el mismo documento -las bases del plan de desarrollo-, que ordena crear un programa de abastecimiento del gas natural y que indica que un agente puede desarrollar los criterios del mismo. En palabras del demandante, eso implica que el plan lo podría diseñar el inversionista privado que haya sido seleccionado, pero sin asumir riesgo alguno.

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Por otro lado, la demanda sostiene que el decreto permite que estos proyectos sean remunerados, cuando tienen una utilidad pública, lo que iría en contra de la función administrativa, del interés público y del bien común. Incluso, se cuestiona que se abra la puerta a que la remuneración se haga a través de cargos en las facturas del gas natural que reciben cada mes los colombianos. “Se puede concluir que los proyectos de confiabilidad o seguridad del abastecimiento de gas natural no serán propiedad de la nación, sino del inversionista privado que los ejecute”, se lee en la demanda conocida por El Espectador.

La acción popular agrega las reglas de juego actuales que, en últimas, permiten que se hagan “procesos competitivos para seleccionar un inversionista que tendrá el derecho y el deber de construir los proyectos del plan (de abastecimiento de gas), todo o en parte con pagos de los usuarios”. Y como consecuencia habría tres escenarios: que el inversionista no tendría ningún riesgo económico, que este tendría en su poder la ejecución del proyecto y no el Estado, y que tendría el monopolio del mercado, “pues nadie más podría construir ese proyecto ni competir con él”.

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En ese sentido, Joropa afirma que sería “peligroso” darle a un solo inversionista privado la titularidad de estas infraestructuras, ya que podría controlar a su antojo el ingreso del gas al país. Se estarían creando condiciones anticompetitivas y fomentando “un enriquecimiento sin justa causa” en favor de ese privado, ya que la remuneración se hace a costa de los intereses de los usuarios. “En otras palabras el decreto 2345 de 2015 está aumentando el patrimonio de un privado, correlativamente está empobreciendo o disminuyendo el patrimonio de alguien más y tal enriquecimiento no tiene fundamento jurídico”, agrega la demanda.

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Por último, se cuestionan las resoluciones que reglamentaron la planta en 2017 porque estarían permitiendo que el proponente pueda solicitar como máximo una remuneración del 42 % en su ingreso anual esperado. Remuneración que, reitera Joropa, sería cobrada a los usuarios y no al Estado. “En ese orden de ideas, si el proyecto costara US$700 millones, la CREG espera que los usuarios remuneren hasta US$ 294 millones. Todo esto parece más un subsidio”. La demanda que pide suspender provisionalmente todo este marco jurídico también alega que la CREG estaría impidiendo que otros participantes del mercado de gas natural, diferentes a los transportadores, puedan participar en los procesos de selección.

Para Joropa, continuar con la planta permitiría que se construya sin verificar la demanda, sin establecerse si es realmente necesaria una obra con cargo a los usuarios y sin evitar que bienes de interés público queden en manos de privados. El caso fue admitido el pasado 23 de octubre por el magistrado Moisés Mazabel Pinzón, y a este se suma una demanda del abogado Juan Carlos Salazar ante el Consejo de Estado, hoy en manos del magistrado Roberto Serrato Valdés, quien aún no define si la admite. Salazar dijo a la agencia Reuters que no es entendible que la inversión vaya a cargo de los consumidores: “Eso es inaudito. Una planta que va a ser propiedad de un privado la van a terminar pagando todos los usuarios colombianos”, dijo.

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En diciembre pasado, El Espectador documentó cómo las empresas productoras de gas natural se creen en desventaja frente a las regasificadoras. María Luisa Chiappe, presidenta de Asoenergía, que agrupa a los grandes consumidores de energía industriales y comerciales, ha cuestionado que la única solución prevista para compensar el descenso en la producción de gas sea la importación. Por su lado, Naturgás, que agrupa a las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas natural, también ha mostrado inquietud: “Nos preocupa el costo de la regasificadora y su impacto sobre la tarifa de gas”, indicó Orlando Cabrales, presidente del gremio en aquella ocasión.