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“Desde hace unos meses hemos venido fortaleciendo nuestro trabajo territorial, pensando una estrategia post-COVID. Por eso hoy presentamos nuestra hoja de ruta 2020-2024. Vamos a presentarle al país cuatro ejes misionales: fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra las organizaciones criminales, dotar a la Fiscalía con infraestructura adecuada a sus necesidades y, por su puesto, toda la lucha anticorrupción”. Con esas palabras, el fiscal general Francisco Barbosa dio a conocer el direccionamiento estratégico que la institución planea implementar, en un contexto de violencia en los territorios y presencia intimidante de grupos armados ilegales.
De acuerdo con la Fiscalía, el primer objetivo es aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana y de zonas rurales. Francisco Barbosa enfatizó en una conducta que genera preocupación por su alto impacto y complejidad: homicidio. “La tasa nacional es de 25 homicidios por 100.000 habitantes, un promedio que sigue siendo alto, más aún cuando se presentan en algunos municipios tasas muy superiores Tarazá y Cáceres (Antioquia), Corinto y Argelia (Cauca)”, aseguró Barbosa. Según datos de la Policía Nacional, hasta el 8 de octubre del presente año se han registrado 7235 casos de homicidio.
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De hecho, los departamentos mencionados por la Fiscalía registran el mayor numero de masacres en lo que va corrido de año. Según datos del Instituto de Estudios para Desarrollo y la Paz (Indepaz), Antioquia lidera esta fatídica lista con 16 hechos violentos y Cauca sigue en el conteo con un total de 10 masacres. Incluso, en el municipio de Tarazá (Antioquía) se han presentado 2 situaciones de esta naturaleza: el primero, el pasado 17 de enero cuando, al parecer, miembros del Clan del Golfo asesinaron a 5 personas corregimiento de Guaimaro; el segundo, el pasado 17 de septiembre, cuando autoridades registraron los cadáveres de tres trabajadores de una finca.
Sobre el asesinato a líderes sociales, la Fiscalía asegura que las investigaciones están avanzando. “Los crímenes contra defensores de derechos humanos y poblaciones de especial protección constitucional han sido priorizados. En 2020, entre febrero y octubre, se pasó de 52% a cerca de 61% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales”, expone el ente investigador. Volviendo a las estadísticas de Indepaz, en lo que va corrido del año han asesinado a 251 lideres sociales, cifra que genera preocupación porque está cercana a un promedio de cinco fallecidos por cada semana.
En el segundo objetivo, la Fiscalía se comprometió a atacar frontalmente las organizaciones y economías criminales. De acuerdo con estadísticas de la misma institución, en 2019 había presencia de organizaciones criminales en 594 municipios, es decir, en el 52,9% del territorio nacional. Existe una profunda preocupación sobre todo por el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes son considerados como la estructura armada organizada más grande el país. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta agrupación tiene presencia en 211 municipios del país.
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“La Fiscalía orientará su actividad investigativa para ubicar y judicializar a los principales cabecillas de las estructuras de crimen organizado y a los máximos articuladores de los homicidios y agresiones a defensores de derechos humanos, y de las actividades de narcotráfico, minería ilegal y contrabando”, aseguró el ente investigador en su hoja de ruta para 2020-2024. Francisco Barbosa aseguró, también, que seguirá persiguiendo el terrorismo urbano, dado que “conoce de grupos armados ilegales que se infiltran en la protesta social” y trasladan a las principales ciudades acciones de terrorismo.
La Fiscalía se propuso en su tercer objetivo elevar la judicialización de delitos contra la administración pública: corrupción. En este punto la entidad “pulló” al exfiscal y antecesor Néstor Humberto Martínez, pues según datos de la institución, entre 2015 y 2019, se esclarecieron solo el 38% de las 192.266 noticias criminales. “Este promedio evidencia la necesidad de realizar mayores esfuerzos para aumentar el esclarecimiento”, argumentó el jefe del ente investigador. También se comprometió a trasladar equipos especializados a las regiones para atender las denuncias, a continuar la vigilancia de los recursos destinados a enfrentar la pandemia por COVID-19 y, finalmente, a aplicar medidas cautelares de extinción de dominio a bienes de responsables por hechos de corrupción.
En el último objetivo del direccionamiento estratégico, la Fiscalía aseguró que se dotará a si misma de infraestructura física para desarrollar sus actividades. “Esto incluye la construcción de sedes en las seccionales de mayor demanda de justicia, así como la terminación de construcciones iniciadas con anterioridad. Asimismo, se dispondrá de un semillero de fiscales, investigadores y peritos con la vocación de capacitar personal altamente calificado, eficiente y eficaz en los asuntos de materia judicial, que sea capaz de asumir las responsabilidades de los funcionarios pensionados o asumir otras funciones designadas en el ejercicio de la acción judicial”, concluyó.
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Esta es la primera vez que Barbosa, desde que resultó elegido fiscal general, se dirige en un evento público para explicar de qué manera conducirá el organismo investigativo, aunque todos estos puntos ya los ha mencionado con anterioridad en otros espacios. El tiempo dirá si mantuvo su palabra o si la propia Fiscalía y el país lo condujeron por otros rumbos.