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28 Jul 2022 - 2:25 p. m.

La lupa que puso la Corte para superar el ECI de desplazamiento forzado

El alto tribunal estableció medidores que servirán para valorar los avances o retrocesos en el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.
La lupa que puso la Corte para superar el ECI de desplazamiento forzado
Foto: Cortesía

En 2004, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional sobre el delito de desplazamiento forzado que sufrieron millares de personas en el territorio nacional por cuenta del conflicto armado. Este jueves el alto, tribunal fue más allá y con los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) puso una lupa para determinar los avances y retrocesos que han tenido las instituciones para superar la violación masiva de derechos.

“Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) de la población desplazada son mediciones que permiten calcular el porcentaje de dicho grupo que efectivamente cuenta con una garantía real de sus derechos fundamentales. Esta herramienta permite valorar el efecto de la política pública de atención al desplazamiento forzado y le permite al país conocer los avances en dicha materia”, resaltó el alto tribunal a través de un comunicado de prensa.

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De acuerdo con la Corte, la Sala Especial designada para el Seguimiento de la sentencia de 2004 analizó la labor que han adelantado las entidades del Estado vinculadas en el estado de cosas inconstitucional y concluyó que, si bien cumplían con la rigurosidad técnica, algunos no permiten evaluar la dimensión real del derecho, su progreso o retroceso.

Así las cosas, el alto tribunal reiteró que los indicadores que fijaron cumplen dos funciones primordiales: el instrumental, que obra como medio de prueba para evidenciar los avances, rezagos o retrocesos en la materialización de los derechos de la población desplazada, y la sustancial, relacionada con el diseño, implementación y seguimiento de la política pública dispuesta para la atención de dicha población.

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“Los IGED deben dar cuenta del porcentaje de población desplazada que cuenta con una garantía real de sus derechos y debe facilitar la valoración del efecto o impacto de las políticas públicas dispuestas para la población desplazada en el goce efectivo de los derechos de aquellos”, resaltó el alto tribunal.

Si bien en el marco del estado de cosas inconstitucional el Gobierno fijó unos indicadores, la Sala en su análisis consolidó lo que serían los idóneos para garantizar los derechos de la población desplazada. La Corte encontró que los Gobierno de turno adoptaron alrededor de 37 indicadores de los cuales 11 se ajustaron para corregir algunas fallas. Más tarde llegó la formulación de 32 más que suplirán la insuficiencia de los antiguamente adoptados.

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Además, encontró que rechazaron los indicadores propuestos para la valoración del goce efectivo del derecho a la vivienda digna de la población desplazada por encontrarlos impertinentes y ordenó su reformulación. “De esta manera, la Sala consolidó un conjunto de indicadores que cumple con los criterios de idoneidad requeridos para valorar los avances o retrocesos en la superación del ECI en materia de desplazamiento forzado”, resaltó.

Para el alto tribunal está claro que la nueva que le pusieron a la sentencia de 2004 contará con información estadística detallada sobre los derechos de la población desplazada. A su vez, será obtenida como un insumo de importancia tanto para el seguimiento que realiza la Sala Especial, como para los encargados de diseñar la política pública, porque estos permiten valorar el impacto de los programas y proyectos.

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