A tres días de las elecciones al Congreso, las autoridades afinan los últimos detalles del Plan Democracia. El dispositivo, que integra a las Fuerzas Militares, Procuraduría y Registraduría, entre otras entidades, busca garantizar la seguridad del proceso electoral. Un reto que no resulta menor en medio del complejo panorama de violencia, cuyos últimos coletazos ocurrieron hace una semana, con los secuestros de los candidatos Ana Guetio en Cauca y Andrés Vásquez en Cesar. En entrevista con El Espectador, el coronel José Luis Bastidas, encargado de este dispositivo, detalló cómo avanzan las medidas para asegurar que la población pueda salir a votar.
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Coronel, en los últimos días el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre posibles atentados del Eln, incluso tras anuncios de cese al fuego. ¿Qué información de inteligencia tienen hoy sobre riesgos reales contra la jornada del próximo 8 de marzo?
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En realidad, no tenemos ninguna información puntual que nos lleve a corroborar esa información. Sin embargo, el despliegue que tenemos nosotros de todas las capacidades de las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía, busca precisamente prevenir cualquier situación que pueda alterar el proceso democrático que vamos a tener el próximo domingo 8 de marzo.
En menos de una semana se reportaron los secuestros de dos aspirantes al Congreso, quienes posteriormente fueron liberados, en Cauca y Cesar. Además, este proceso electoral sigue marcado por el asesinato del candidato Miguel Uribe en 2025. ¿Qué ajustes concretos se han hecho en los esquemas de protección frente a posibles secuestros o atentados contra candidatos?
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Desafortunadamente, a raíz del atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay, el Ministerio del Interior activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección a candidatos. Es la primera vez en el país que, siete meses antes del proceso electoral, se han revisado todos los esquemas de seguridad de los candidatos a Congreso y Presidencia. Para los comicios del próximo domingo, tenemos a más de 3.000 candidatos. Las campañas elevan las solicitudes, de acuerdo al nivel de riesgo y las informaciones que tengan, a la Dirección de Protección de la Policía. Allí se evalúa ese nivel de riesgo y ese resultado se ejecuta con las medidas protectivas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De esos 3.000 candidatos, hemos tenido cuatro hechos puntuales: la situación con la senadora Aida Quilcué en Cauca; el desafortunado asesinato de un escolta de la UNP del representante Jairo Castellanos en Arauca; y los dos secuestros de los candidatos que menciona, hechos que están en investigación. Estos cuatro hechos, en ese universo de los 3.000 candidatos inscritos para las elecciones de Congreso, no llegan ni al 1 %. Eso quiere decir que este comité de revisión ha sido efectivo, porque a todo candidato que ha presentado solicitud de revisión de su nivel de seguridad o la implementación de las medidas por parte de la UNP, se le ha contestado.
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Coronel, ¿tiene usted conocimiento de cuáles sitios no cumplieron las garantías de seguridad y este domingo las personas no podrán ir a votar?
Los 13.493 puestos de votación que han sido asignados por la Registraduría van a estar protegidos por la fuerza pública. No tenemos ninguna solicitud ni ninguna situación que le permita a la Registraduría reubicar algún puesto por temas de seguridad. Por el contrario, todo el despliegue de los más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y otro tanto de la Policía, que en este momento está en desarrollo, va a garantizar el cubrimiento del 100 % de los puestos de votación y, con esto, darles las garantías de seguridad. Los 41 millones de colombianos que están habilitados para votar van a poder ejercer el libre derecho al voto este domingo.
De los más de 13.000 puestos de votación, la mayoría se encuentran en zonas rurales y con un panorama de alto conflicto armado. ¿Qué le diría usted a una persona, por ejemplo, del Catatumbo o de Nariño, que tiene miedo de salir a ejercer su derecho a votar?
Que en todos los puestos de votación va a haber un policía, un soldado o un infante de Marina garantizando y dándole esta tranquilidad para que pueda elegir a la persona que considere. El dispositivo que tenemos, el planeamiento que hemos hecho hace más de un año con la Registraduría, con la veeduría de la Procuraduría, la Contraloría y todas las misiones de observación internacional que vamos a tener, le tiene que dar a la ciudadanía esa tranquilidad para poder salir y ejercer el derecho que tienen de elegir a la persona que quieren.
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Con una historia de violencia política, donde las diferencias ideológicas han llevado a asesinatos y exterminios, ¿qué podemos hacer como sociedad para entender que un voto no vale una vida?
Lo que tenemos que hacer es confiar en la fuerza pública, en las instituciones, en la transparencia, en las auditorías y en las condiciones de seguridad que se van a orientar a todo el pueblo colombiano para que pueda elegir a la persona que considere lo representa.
¿Cuál considera que es hoy el mayor reto del Plan Democracia ante un panorama de más de 200 municipios priorizados por alto riesgo electoral?
El mayor reto para el Plan Democracia para la fuerza pública es cubrir el 100 % de los puestos. La mayor demostración de democracia, de la transparencia y del compromiso del pueblo colombiano en conjunción con su fuerza pública, es que la gente tenga seguridad para votar.
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¿Qué mensaje le envía a los candidatos y a los ciudadanos que temen por la seguridad de estas elecciones al Congreso y la Presidencia?
Que hemos hecho un esfuerzo por más de un año y tenemos una planificación que está en desarrollo para que todo salga bien. Que estén tranquilos, que las condiciones de seguridad para los candidatos, las campañas y la población que va a salir a elegir a quien lo represente están dadas, y esperamos que las elecciones del 8 de marzo y las que vienen cumplan con todo el estándar, que la gente esté tranquila y salga a votar libremente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
