"La mayor tragedia humanitaria es que no hay qué comer": Ríos Vivos

Isabel Cristina Zuleta, vocera de la organización Ríos Vivos. / Cortesía.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió, hace una semana a través de la resolución 002 del 28 de febrero de 2019, perito internacional, con idoneidad y experiencia en la búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en la zona donde está ubicada Hidroituango. Esto después de que, el año pasado, el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) pidió “no autorizar el nuevo llenado hasta tanto no haya claridad de que no existen cuerpos de personas inhumadas en estos lugares”.

El Espectador habló con Isabel Cristina Zuleta, vocera de la organización Ríos Vivos que, desde antes de la contingencia, ha denunciado las afectaciones causadas por la construcción de la hidroeléctrica que para 2021 cubriría el 17 % de la demanda energética a todo el país.

Sobre la solicitud de la JEP, Zuleta expresó que la celebran y tienen “mucha esperanza de que podamos avanzar en un tema tan doloroso y tan sensible para todas las comunidades que tienen a sus seres desaparecidos”, que según cifras de la organización, ascienden a "2765 en los 27 municipios afectados por Hidroituango". Pero también criticó que la solicitud no se hubiera realizado con anterioridad, pues cuando ellos pidieron el peritaje internacional, lo hicieron antes “del embalse y queríamos que se protegieran esas zonas” que ya se encuentran inundadas.

Zuleta también se refirió a otros asuntos, como que EPM ha incumplido con las medidas impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre las que se encuentra “la suspensión total de la obra”. También denunció que “quienes están recibiendo el apoyo mensual, (EPM) los obligan a firmar un documento, que no solo dice mentiras de un supuesto apoyo psicosocial y de unos mercados que no han recibido, sino que eximen de responsabilidad a EPM”.

(Lea aquí: JEP pide peritazgo internacional sobre desaparición forzada en zona de Hidroituango).

¿Qué consideraciones tienen sobre la solicitud de la JEP de pedir un perito internacional que verifique lo que se ha hecho sobre desapariciones forzadas en la zona?

Nosotros celebramos la decisión de la JEP de pedir un perito internacional y de hacer los llamados a las autoridades, pero lamentamos que no hubiese sido una respuesta pronta a nuestra solicitud, porque cuando la hicimos fue antes del llenado del embalse y queríamos que se protegieran esas zonas. Aun así, la celebramos y tenemos mucha esperanza de que podamos avanzar en un tema tan doloroso y tan sensible para todas las comunidades que tienen a sus seres desaparecidos.

En noviembre, Ríos Vivos dijo que Hidroituango no había cumplido con las medidas impuestas por la ANLA, ¿por qué lo dijeron? ¿Aún ocurre?

La ANLA impuso unas medidas al proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Dentro de esas medidas se hablaba de la suspensión total de la obra. Para nosotros es claro que no ha habido un cumplimiento, porque, ¿qué hace Hidroituango impulsando el avance de la obra, con la justificación de que la única manera de proteger a las comunidades es salvándola?

También se le exigía a EPM un peritaje para determinar si la obra era viable o inviable. Lo único que tenemos hasta ahora es un estudio de causa raíz, que no se hizo con verificación física. No vemos cómo se puede estudiar la causa raíz sin verificación física. Hoy nosotros estamos pidiendo que ese estudio se haga realmente en físico, porque no nos pueden dar ninguna tranquilidad con algo basado en documentos y proyecciones de la misma empresa.

(Además: No hay nada que celebrar: líder de Ríos Vivos sobre vertedero de Hidroituango).

¿Qué han hecho las empresas y las autoridades encargadas para mitigar la situación que se presenta desde abril de 2018?

Vemos que toda ayuda, todo lo que han tratado de mitigar, es solo para disfrazar el incumplimiento de las obligaciones. Solo hay paliativos convertidos en una estrategia para que la gente sea presionada por la empresa. Por ejemplo, ellos hablan de que se les ha dado una mensualidad a algunas, solo algunas, personas, pero a quienes están recibiendo ese apoyo mensual los obligan a firmar un documento, que no solo dice mentiras de un supuesto apoyo psicosocial y de unos mercados que no han recibido, sino que eximen de responsabilidad a EPM.

¿No les informan bien qué es lo que firman?

En el documento que los hacen firmar dice claramente que exoneran de toda responsabilidad a EPM y les dicen que no entregan el apoyo económico mensual, si no firman ese documento. Y la gente tiene hambre, porque la mayor tragedia que se está viviendo hoy es que no hay qué comer. Por eso, por el desespero, la gente firma lo que sea.

¿Hay alguna solución a corto o mediano plazo?

Hay muchísimo por hacer. Lo que pasa es que todo lo que se vaya a hacer debe ser consultado con la comunidad, porque todas las medidas han sido impuestas. Tras la avalancha, llegaron a decir que había una tierra para reubicar a todo Puerto Valdivia, pero ¿por qué no les preguntaron a las personas? No se puede seguir con la costumbre de EPM de imponer todo en el territorio, que se tiene que hacer como y cuando ellos lo digan.