El excontralor David Turbay Turbay insiste en ser escuchado por la justicia. Lleva un cuarto de siglo aferrado a su autoafirmación de inocencia y a la tarea de sumar inconsistencias al proceso penal que apresuradamente lo condenó en 1999 a setenta meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Como muchos expedientes de esos tiempos de persecución a los carteles de la droga, el suyo fue resuelto en la penumbra de la justicia sin rostro. Un destino incomprensible para un dirigente de su trayectoria, que él quiere explicar y por eso presentó una tutela que, si no prospera en las instancias del formalismo jurídico de juzgados y tribunales, aguarda que pueda ser acogida por la Corte Constitucional en beneficio de la verdad.
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Tiene setenta años, pero conserva la postura del político versado en el manejo de la palabra y el análisis contundente de las volteretas y los contextos del poder. Fue concejal de su natal Carmen de Bolívar, diputado del departamento, gobernador, representante, senador, embajador en la ONU y Egipto, precandidato presidencial por el liberalismo y finalmente primer contralor escogido por el Congreso y ternado por el Consejo de Estado en 1994. Ese año, antes de ser elegido y según su versión, tratando de resolver las deudas de la anterior campaña política, decidió vender a su tío Antonio Turbay Samur los derechos del lote La Arabia ubicado en Arroyo Grande, del municipio de Cartagena. Ese negocio terminó con su carrera política y cinco años después lo privó de su libertad.
Era la época del escándalo de los narcocasetes que puso a la defensiva al gobierno liberal de Ernesto Samper Pizano y de la consecuente redada a los beneficiarios de los dineros del cartel de Cali en desbandada. Con una trazabilidad de endosos y un ficticio propietario de cuenta, el cheque en entredicho terminó asociado a la empresa Exportcafé, calificada por las autoridades como una firma de fachada del cartel de Cali. Desde Charlotte, en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, el testigo estelar, el excontador de la organización narcotraficante Guillermo Pallomari González, ratificó que esa era una de varias cuentas abiertas en la sucursal del Banco de Colombia en Cali para la administración de quienes trabajaban para Miguel Rodríguez Orejuela.
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El mismo testigo, en una lista de congresistas que supuestamente él vio reunirse con Miguel Rodríguez, incluyó a David Turbay. En comentario puntual, Pallomari expresó: “En ese tiempo, por el año 1992, aproximadamente, Miguel Rodríguez estaba viviendo en un apartamento en un edificio cerca de la clínica Occidente, si mal no recuerdo Edificio Vizcaya, que quedaba en el piso once. Yo en ese momento estaba asistiendo a Miguel Rodríguez en el trabajo de secretario privado, cuando llegó a visitarlo el señor David Turbay y su hermano. Después de una hora de estar conversando Miguel Rodríguez me pidió a mí que le pasara la chequera de la cuenta LTD4. El señor Rodríguez elaboró varios cheques de ese cuenta y se los entregó al señor David Turbay y a su hermano”.
Como era de esperarse, Turbay quedó en el radar de la Fiscalía regentada por Alfonso Valdivieso. El 22 de abril de 1995 se anunció la redada del expediente 8000 y comenzó el desfile de políticos, funcionarios públicos o particulares a la cárcel por sus presuntos nexos con el cartel de Cali. Por su condición de contralor, de David Turbay se anunció la apertura de una investigación preliminar. Esa orden su cumplió en la Fiscalía, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia comenzó a privar de la libertad a varios congresistas y la comisión de acusación del Congreso entró a investigar al presidente de la república, Ernesto Samper. Un año después, el 12 de junio, la Cámara absolvió a Samper y, el 2 de diciembre, la Fiscalía dictó un auto inhibitorio en favor de David Turbay.
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El contralor recobró su sosiego y cuando empezó a agitarse el sonajero de las candidaturas presidenciales, volvió a sonar como la carta electoral del Caribe a la Casa de Nariño. La evidencia fue del recién nombrado procurador Jaime Bernal Cuéllar, quien en la última semana de febrero de 1997 pidió públicamente al ministro de gobierno Horacio Serpa; al fiscal Alfonso Valdivieso; y al propio David Turbay, retirarse de sus cargos de poder si de verdad tenían planes de aspirar a la Presidencia. Valdivieso acató la sugerencia y renunció a su condición de fiscal el 7 de mayo. Serpa lo hizo el día 28. Turbay permaneció al frente de la Contraloría y, según cuenta hoy, con acceso directo al presidente Samper, éste le pidió sugerir un nombre para candidatizar a nuevo fiscal.
Con su preferencia por la costa atlántica, en breve, relata Turbay, le sugirió a Samper el nombre del consejero de estado Manuel Urueta Ayola, quien resultó incluido en la terna que el presidente presentó a la Corte Suprema de Justicia junto a la abogada Saturia Esguerra y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Rápidamente quedó en claro que el guiño desde la Casa de Nariño era por el abogado Gómez, quien salió electo y entró a ocupar la Fiscalía. Entre los giros al publicitado expediente 8000, con nuevos nombres de procesados políticos, periodistas, funcionarios, futbolistas o personajes del mundo del espectáculo, a comienzos de 1998, la Fiscalía de Gómez Méndez ordenó desarchivar el auto inhibitorio contra David Turbay y dispuso investigarlo.
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La indagatoria se adelantó el 3 de febrero y el día 26 David Turbay ya tenía orden de detención preventiva en su contra, al tiempo que se compulsaron copias para investigar a su esposa y a su tío Antonio Turbay. En su defensa, David Turbay invocó que, si se preservaba su condición de contralor, la pesquisa debía asumirla en persona el fiscal Gómez Méndez; y si la investigación se remitía a los comentarios del testigo Pallomari de que la recepción de dineros del cartel de Cali por parte de Turbay se hizo en 1992, en ese momento él era congresista y su juez debía ser la Corte Suprema de Justicia. Pero la diligencia no la asumió ni el fiscal Gómez Méndez ni la Corte. Por delegación superior, Turbay dice que “sin competencia”, lo hizo el vicefiscal Jaime Córdoba Triviño.
Ante la situación planteada y, según Turbay, sin garantías para su caso, finalmente en agosto renunció a la Contraloría y al fuero correspondiente. Pero sucedió lo inesperado. Sin explicaciones, su expediente terminó en el juzgado quinto penal del circuito especializado de Bogotá, en ese momento enmarcado en la justicia sin rostro. Turbay recalca que, por hechos sucedidos supuestamente en 1992, terminó juzgado en un despacho creado en 1999. Su indagatoria, la escucha de los testigos, su caso fue sometido al entorno intimidatorio de los espejos y las voces distorsionadas, sin ver nunca a sus interrogadores. El excontralor insiste que incluso hoy no tiene claro si el famoso testigo Pallomari fue real o alguien que contestó lo que los investigadores querían escuchar.
Lo cierto es que el 29 de diciembre de 1999, a dos días del cierre del siglo XX, David Turbay fue condenado a setenta meses de prisión por enriquecimiento ilícito. Ya en ese momento había perdido su libertad por orden judicial y tampoco hubo explicaciones a por qué, si los presuntos hechos delictivos se habían consumado en Cali, lo sentenciaba un juez sin rostro de Bogotá. Igual, como este sistema penal creado en un régimen excepcional se acabó entre señalamientos de haberse convertido en un sistema violatorio de los tratados internacionales y las mínimas garantías de debido proceso, él se adentró en los recovecos de un auténtico laberinto judicial para apelar la condena. El 14 de febrero de 2001, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia.
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En ese momento, refiere con crudeza, ya se habían esfumado los conocidos y brillaban por su ausencia los políticos. Después de vaciar en vano sus bolsillos en las arcas de costosos penalistas, o de pasar de moda en los titulares de los medios de comunicación, llegaron los pastores cristianos a hacer realmente llevadero su tormento. El 19 de junio de 2003, la Corte Suprema de Justicia también falló en su contra, circunstancia que lo llevó a reconocer que para insistir en sus alegatos de defensa debía tomar la misma ruta de otros procesados en sus condiciones: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su petición al organismo internacional, en extenso escrito Turbay sintetizó toda la argumentación jurídica recogida en su interminable caso.
El uso de testimonios reservados o secretos en su proceso; las pruebas que considera ilícitas o de exclusión probatoria en Colombia; y, en su criterio, los principios del derecho penal conculcados: el principio de favorabilidad en materia penal, el de la legalidad estricta, el de la intervención de jueces naturales, y el de la preservación de los fueros y las autoridades competentes. Turbay recuerda que fue el mejor estudiante de derecho de la Universidad del Rosario, uno de los jóvenes más sobresalientes del mundo en 1988 y que ofició como abogado de presidentes durante dos décadas. En esas condiciones, con más cincuenta años de político, dice tener la convicción de que el mejor abogado para librar su pelea es él mismo y con ese sello personal vuelve a tocar puertas.
Dice que en la costa atlántica lo escuchan sin problema porque, con las excepciones normales, muchos le siguen creyendo. Pero que, en el resto del país, sobre todo en Bogotá, carga con un inri injusto. El del desprestigio eterno que a diario mancilla su dignidad personal y familiar y le deja nulas opciones de defensa. Aunque las peleas de algunos procesados de su misma índole lograron en la justicia internacional que en Colombia se abriera paso el acto legislativo número uno de 2018 que recobró la doble instancia para los aforados, sabe que los candados judiciales vigentes son todavía difíciles de abrir. Por eso decidió compilar sus razones en el libro “Coronavirus judicial”, y ahora en una tutela de 104 páginas con la misma pretensión: la revisión de su caso.
Su modus vivendi cambió y se disolvió su matrimonio de varias décadas, pero no pierde ni el buen humor de su ser caribeño, ni la costumbre de ponerle la cara a los dilemas y armar controversia. A El Espectador llegó con un vistoso corbatín de lujo y un reto directo a los periodistas: “Les pido lo mismo que le estoy planteando a las cortes, que así me crean o no, simplemente me escuchen. No cometí delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra. No me robé un peso del estado ni incurrí en delito alguno. Pagué una condena injusta, pero no creo que eso signifique acabar con mis sueños”. Turbay agrega que nació para la política y que la ejerció y lo seguirá haciendo a pesar de los consejos de su padre, también político, de que desistiera a tiempo de un oficio donde escasean los amigos auténticos.
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Sin embargo, más allá de las inhabilidades para ser elegido, insiste en que tiene derecho a su ser político y por eso intentó ser candidato presidencial por Opción Ciudadana en las elecciones de 2018. En el fondo siempre supo que no iba a ser tenido en cuenta, pero concluye que no ha llegado la hora de su retiro. En contraste, se despide con un corto recetario de consejos para quienes quieran triunfar como él en la política: desayunar bien siempre porque puede ser la única comida del día, entender que el último favor es el que cuenta y que los votos hay que salir a pedirlos, no acompañar a quienes algún día te puedan botar a la calle, ejercer el liderazgo así sea tachado de osadía, y no olvidar nunca lo que dicen los árabes: “La mano que no puedas cortar, bésala”.
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