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Margarita Cabello Blanco trabajó en el Ministerio de Justicia hasta el 23 de agosto de 2020, días después de que el presidente de la República, Iván Duque, la incluyera en la terna para aspirar a la Procuraduría General en reemplazo de Fernando Carrillo, cargo en el cual fue elegida por el Senado. Una demanda que cursa en el despacho de la magistrada Rocío Araújo del Consejo de Estado advierte que ese hecho la inhabilitó por el cargo y por eso pide la nulidad de su elección. El Espectador conoció el escrito de defensa de Cabello Blanco.
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El demandante, Daniel Fernando Eslava Ríos, asegura que en este proceso se voló el principio de separación de poderes “teniendo en cuenta que ésta se desempeñó como Ministra de Despacho hasta el 18 de agosto de 2020, interviniendo en dicha calidad y como defensora de las pretensiones del gobierno ante el legislativo en diversas oportunidades, ante diferentes comisiones constitucionales y sesiones del Congreso de la República”. Y apuntó a que hubo una desviación de poder de parte del Senado al elegirla en un organismo de control encargado de controlar las actuaciones del Gobierno del que hacía parte.
En documento de respuesta conocido por este diario, que ya reposa en el despacho, la abogada Yolanda García de Carvajalino apuntó que la desviación de poder que alega el demandante no existió, que no se vulneró el principio constitucional de la separación de poderes y que Cabello cumplía con los requisitos para el cargo: ser colombiana de nacimiento y ciudadana en ejercicio, ser abogada de profesión; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y tener como mínimo 10 años de experiencia en la Rama Judicial, en el Ministerio Público, como abogada o docente universitaria.
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“(No) existe (en la demanda) un cargo claro ni un fundamento jurídico del cual se desprenda la presunta desviación de poder plateada como causal para impetrar nulidad del acto de elección de mi poderdante. Son frases sueltas sin que de ellas se desprenda una violación a algún precepto jurídico”, dice el documento que cuestiona que el demandante haya adjuntado como pruebas documentos periodísticos que alertaron sobre los posibles riesgos para la institucionalidad de la elección de Cabello.
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“No es posible dar pleno valor probatorio a la información difundida en los diferentes medios de comunicación además de los recortes de prensa aportados al proceso no surge ninguna presunta desviación de poder, en que se encuentre incurso el Congreso de la República en el momento de elegir a la PGN, ni del señor presidente de la República al incluirla en la terna para ello, y mucho menos se ha demostrado que se haya roto el equilibrio de poderes con su elección, por tanto, se deberá desechar este cargo. En conclusión, se tiene que no se logró demostrar que la doctora Margarita Cabello Blanco carezca de los requisitos para ocupar el cargo de PGN”.
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“De lo esbozado se desprende en forma diáfana que las inhabilidades en su aplicación no pueden ser analógica ni hacerse extensivas a supuestos no establecidos previamente por la ley, por tanto, el hecho de que la Dra. Cabello Blanco haya ejercido el cargo de ministra de Justicia y el Derecho el año anterior a su elección, no constituye ninguna causal de inhabilidad para ejercer el cargo de Procuradora General de la Nación. Además, dicha elección obedece al mandato constitucional de colaboración entre las diferentes ramas de poder”, agrega la respuesta.
Contra la elección de Cabello cursa en el despacho de la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez otra demanda, con las mismas pretensiones y argumentos similares que presentó Humberto de Jesús Longas Londoño. En ese expediente se alega que los agentes del Ministerio Publico ostentan las mismas calidades que la de los jueces y magistrados ante quien ejercen sus funciones, razón por la cual tienen las mismas calidades de los magistrados de la Corte Constitucional quienes no pueden ser elegidos si durante el año anterior fueron ministros del Despacho.
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Para la abogada García de Carvajalino, ese argumento carece de asidero legal ya que esa inhabilidad está en la Constitución solo para los “magistrados de la Corte Constitucional, y es bien sabido que las inhabilidades deben estar expresamente consignadas en la ley y solo pueden ser aplicadas de forma taxativa”. “Las inhabilidades en su aplicación no puede ser analógica, ni hacerse extensivas a supuestos no establecidos previamente por la ley, siendo su interpretación absolutamente restrictiva a los supuestos contemplados por el legislador.
“Se puede concluir, sin duda alguna, que la Doctora Margarita Cabello Blanco reúne los requisitos para ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación y no tiene inhabilidad ni incompatibilidad alguna para ejercer dicho cargo, contrario a lo manifestado por el demandante quien no logro desvirtuar la presunción de legalidad que reviste el acto de su elección. En este orden de ideas se deberá desechar las peticiones de la demanda”, agrega la defensa.
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