Las 10 cartas del Estado para combatir la corrupción de Odebrecht
A casi 3 años de que estallara el escándalo de corrupción que toca a varios países de América Latina, ¿en qué van los procesos en Colombia? En este resumen le contamos, por ejemplo, que el gobierno demandará un polémico contrato que había firmado con la multinacional.
Redacción Judicial
La corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que a través de un complejo esquema de sobornos se quedó con obras públicas en toda América Latina, está siendo puesta en cintura en la mayoría de los países de la región. En algunos casos, hay incluso indicios de que los sobornos escalaron hasta las cabezas de gobierno que han tenido que renunciar, como fue el caso del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, o que fueron juzgados y sacados de su cargo, como sucedió con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
(Lea también: Odebrecht y periodistas: la controversia que está por estallar)
Colombia, por su parte, ha tomado varias acciones para mitigar el daño que ha dejado este esquema de corrupción, que van más allá de los exfuncionarios y empresarios presos y cuestionados, la mayoría alrededor de dos obras: la construcción de la Ruta del Sol y la del túnel que conectaba la PTAR de Canoas con el río Tunjuelo, en Bogotá. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), “la sociedad Odebrecht ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”.
- Cuando el Tribunal de Arbitramento le dio la razón al Estado
(Le puede interesar: Antonio Guerra de la Espriella, a juicio por caso Odebrecht )
Según informó la Andje, sin embargo, el pasado 4 de octubre se interpusieron nueve recursos de anulación en contra del laudo “y el Estado está preparando su oposición a los mismos”. La autoridad competente para resolver las anulaciones solicitadas es el Consejo de Estado, máximo tribunal en temas administrativos. Esta Corte podría tomarse alrededor de 8 meses en resolver las nulidades solicitadas.
- Acción popular de la Procuraduría contra la Ruta del Sol II
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable a Episol y Odebrecht “debido a la comisión de actos de corrupción” de haber vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica. Sin embargo, ambas compañías apelaron el fallo, recurso que admitió el Consejo de Estado en junio de este año. Así, será también esta instancia la que defina cuál debe ser la multa.
(Lea también: Caso Odebrecht: Colombia ya recibió $11.000 millones en indemnizaciones)
- El “mico” de la ley de infraestructura
“La corrupción no genera derechos”, dijo en su momento la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la corporación. Por ende, el parágrafo primero de la norma fue declarado contrario a la Constitución. “Esta norma tenía como misión atraer inversión, generar confianza para que los recursos que financian este tipo de proyectos gocen de estabilidad”, agregó Ortiz. Sin embargo, “si no existe una actuación de conformidad con el derecho, o si hay actos de corrupción, ya no puede protegerse la inversión”.
- La investigación de la SIC
Los funcionarios mencionados en el caso, que todavía está en etapa probatoria, son: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín Vanegas, senior investment officer de la Corporción Financiera Internacional.
(Le puede interesar: Lavado de activos, el nuevo delito en contra de empresarios vinculados al caso Odebrecht)
- Supersociedades y sus acciones de control
Según la Andje, “esta Superintendencia también inició una actuación administrativa que culminó con la declaratoria de grupo empresarial y la imposición de una multa”. Asimismo, se iniciaron procesos para multar a los revisores fiscales, e “investigaciones contra los administradores por posibles incumplimientos a sus deberes”.
- Los procesos que lleva la Fiscalía
Mientras tanto, están pendientes las imputaciones de cargos de tres de los directivos de la multinacional en Colombia: Éder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marrangoni. Asimismo, las de Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y David Portilla, empresarios señalados de ayudar a ingresar el dinero de la multinacional a campañas políticas.
(Lea también: Tribunal de arbitramento emite aclaraciones en fallo de Ruta del Sol)
- La ANI demandó a la Concesionaria Ruta del Sol
- Estado demandará otro contrato con la Concesionaria Ruta del Sol
- Rechazo a la propuesta de reparación de Odebrecht
(Lea también: Corte Suprema viaja a Brasil por caso Odebrecht )
La Andje aclaró: “No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”.
- La liquidación de la Ruta del Sol
La corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que a través de un complejo esquema de sobornos se quedó con obras públicas en toda América Latina, está siendo puesta en cintura en la mayoría de los países de la región. En algunos casos, hay incluso indicios de que los sobornos escalaron hasta las cabezas de gobierno que han tenido que renunciar, como fue el caso del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, o que fueron juzgados y sacados de su cargo, como sucedió con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.
(Lea también: Odebrecht y periodistas: la controversia que está por estallar)
Colombia, por su parte, ha tomado varias acciones para mitigar el daño que ha dejado este esquema de corrupción, que van más allá de los exfuncionarios y empresarios presos y cuestionados, la mayoría alrededor de dos obras: la construcción de la Ruta del Sol y la del túnel que conectaba la PTAR de Canoas con el río Tunjuelo, en Bogotá. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), “la sociedad Odebrecht ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”.
- Cuando el Tribunal de Arbitramento le dio la razón al Estado
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Según informó la Andje, sin embargo, el pasado 4 de octubre se interpusieron nueve recursos de anulación en contra del laudo “y el Estado está preparando su oposición a los mismos”. La autoridad competente para resolver las anulaciones solicitadas es el Consejo de Estado, máximo tribunal en temas administrativos. Esta Corte podría tomarse alrededor de 8 meses en resolver las nulidades solicitadas.
- Acción popular de la Procuraduría contra la Ruta del Sol II
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable a Episol y Odebrecht “debido a la comisión de actos de corrupción” de haber vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica. Sin embargo, ambas compañías apelaron el fallo, recurso que admitió el Consejo de Estado en junio de este año. Así, será también esta instancia la que defina cuál debe ser la multa.
(Lea también: Caso Odebrecht: Colombia ya recibió $11.000 millones en indemnizaciones)
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“La corrupción no genera derechos”, dijo en su momento la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la corporación. Por ende, el parágrafo primero de la norma fue declarado contrario a la Constitución. “Esta norma tenía como misión atraer inversión, generar confianza para que los recursos que financian este tipo de proyectos gocen de estabilidad”, agregó Ortiz. Sin embargo, “si no existe una actuación de conformidad con el derecho, o si hay actos de corrupción, ya no puede protegerse la inversión”.
- La investigación de la SIC
Los funcionarios mencionados en el caso, que todavía está en etapa probatoria, son: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín Vanegas, senior investment officer de la Corporción Financiera Internacional.
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- Supersociedades y sus acciones de control
Según la Andje, “esta Superintendencia también inició una actuación administrativa que culminó con la declaratoria de grupo empresarial y la imposición de una multa”. Asimismo, se iniciaron procesos para multar a los revisores fiscales, e “investigaciones contra los administradores por posibles incumplimientos a sus deberes”.
- Los procesos que lleva la Fiscalía
Mientras tanto, están pendientes las imputaciones de cargos de tres de los directivos de la multinacional en Colombia: Éder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marrangoni. Asimismo, las de Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y David Portilla, empresarios señalados de ayudar a ingresar el dinero de la multinacional a campañas políticas.
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- La ANI demandó a la Concesionaria Ruta del Sol
- Estado demandará otro contrato con la Concesionaria Ruta del Sol
- Rechazo a la propuesta de reparación de Odebrecht
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La Andje aclaró: “No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”.
- La liquidación de la Ruta del Sol