Desde marzo de 2021, a Presidencia llegaron denuncias de posibles hechos de corrupción con los recursos de regalías destinados a financiar iniciativas en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza. Se trata del escándalo del órgano OCAD-Paz, donde al parecer se exigían millonarias coimas para aprobar proyectos que presentaban los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
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Una investigación periodística de Blu Radio publicada recientemente asegura que se habrían pagado alrededor de $500.000 millones en sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) —uno de los filtros previos al OCAD-Paz— y de la Contraloría. Incluso, se hablaba con nombre propio de Álvaro Ávila, exdirector de regalías del DNP; Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado para el posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado de regalías.
Sin embargo, en el Gobierno habían recibido las alertas hace más de un año. La Secretaría de Transparencia de Presidencia informó que, el marzo, recibió la primera alerta: la hizo el entonces consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila. Él integraba el OCAD-Paz y, según ha dicho, hizo que se tomaran las medidas necesarias para que se investigara cualquier hecho de corrupción. Por ejemplo, a través de la Secretaría, denunciaron lo que sabían en la Fiscalía y la Procuraduría.
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El 1 de abril, Secretaría de Transparencia le contó a la Fiscalía que en Presidencia habían recibido un correo electrónico que decía: “Dr. Archila...a usted le han llegado rumores del chantaje que tiene el Dr. Ávila con algunos alcaldes que tenemos pendientes de adjudicación de recursos de los 178 proyectos que usted anuncio el 18 de marzo de 2021 (…) hoy queremos denunciarlo, ya que está solicitando el 5% del valor de cada proyecto o en su defecto el proyecto quedaría sin recursos. Las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina”.
Tres meses más tarde, en junio de 2021, a Presidencia llegó un nuevo correo electrónico en el que se denunciaba: siguiente: “En la última semana vemos con preocupación cómo el contralor delegado para Posconflicto, Juan Carlos Guadrón y el director de regalías del DNP Álvaro Ávila, están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector. Todo, porque no se negociaron con Gualdrón y Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de estos”.
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La Secretaría de Transparencia envió copias de ambos correos a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría y pidió conocer si se estaban adelantando investigaciones sobre el tema. Además, pidió información al entonces consejero Archila y le hizo sugerencias para garantizar la transparencia del proceso y prevenir hechos de corrupción. Asimismo, solicitó detalles a los alcaldes y gobernadores de todos los municipios PDET que habían recibido recursos del OCAD-Paz sobre los procesos que atravesaron en esa instancia.
Sin embargo, el país solo conoció estos hechos hasta que fueron publicados por Blu Radio en las últimas semanas. En 2021 el OCAD-Paz asignó recursos por $4,4 billones, mientras que en 2020 y 2019, se había asignado solo $1 billón cada año. Es decir, mientras crecían las denuncias por supuestos hechos de corrupción, que tenían nombre propio, se cuadruplicaron los recursos que giró esta instancia creada para entregar a los lugares más afectados por la guerra el dinero que necesitaban para financiar sus propios proyectos de desarrollo.
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