Una serie de comunicaciones internas, chats y documentos incautados a las disidencias de las Farc revelan la posible participación de un alto oficial del Ejército y de funcionarios de inteligencia en el suministro de información sensible a esa estructura armada. En el centro del caso aparece el general (r) Juan Manuel Huertas, hoy reintegrado a la institución y jefe del Comando de Personal, quien, según los archivos, habría sostenido contactos con la organización liderada por alias “Calarcá”.
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Las revelaciones, difundidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, provienen del análisis de computadores, celulares y dispositivos USB decomisados durante un operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) contra dichas disidencias. Aunque el material llegó a la Fiscalía hace más de un año, no se registran avances en la investigación. Por el contrario, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó en ese momento liberar a la mayoría de los capturados bajo la figura de gestores de paz.
Entre el material incautado figuran correos, fotografías, documentos internos de la Fuerza Pública y una carta redactada por un hombre de confianza de “Calarcá”, en la que se menciona de forma directa al general Huertas.
Según el documento, el alto militar se habría reunido en Bogotá con este presunto disidente para proponer la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal que permitiera a la disidencia movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos oficiales, un modelo similar a las fachadas utilizadas por los paramilitares en los años noventa.
Otro de los señalados en este escándalo es Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien, junto a Huertas, habría participado en estas reuniones en Bogotá con enviados de alias “Calarcá” para impulsar el proyecto de la empresa. Según un disidente entrevistado por Noticias Caracol, tanto Huertas como Mejía presentaron la iniciativa como una inversión a futuro para cuando “todos estos procesos (de paz) fallen”.
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Las declaraciones de la carta
La carta del 8 de febrero de 2024 detalla la propuesta que, según los emisarios de “Calarcá”, habría sido presentada por el general Huertas durante reuniones en Bogotá. En el documento, el presunto disidente señaló: “Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal”.
El mismo remitente describe el pasado del oficial y su confrontación con la cúpula militar: “El general Huertas es un general retirado que demando al Estado porque lo sacaron del Ejército por no cumplir una orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla”.
Y añade una referencia a sus vínculos con la actual administración: “Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y el dice que no le quitara la demanda al general Zapateiro quien fue quien lo destituyo y lo sacó. Que el prefiere ser una púa más en el zapato para zapatero y lograr que pague”.
Según relató Noticias Caracol, la relación entre Huertas y el presidente Gustavo Petro se originó en 2022, cuando el oficial fue retirado por orden del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. Tras su salida, Huertas, junto con otros dos generales retirados, ingresó a la campaña presidencial de Petro.
La correspondencia incautada también profundiza en el alcance de la supuesta oferta hecha a las disidencias. En uno de los apartes se lee: “El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen y quedamos con hombres legales”.
Otro pasaje señala que: “El general dice que una compañía de máximo 20 hombres. Que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fuciles”. El autor de la carta agrega, además, que “también me presentaron los hombres que le ayudaran con los permisos para montar la empresa de seguridad”.
El documento también describe el nivel de apoyo que, según el disidente, habría ofrecido el oficial Huertas: “Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y equipos para donde sea necesario. También se ofreció a que el día que tuvieran que movilizar a alguien el mismo asistía con los muchachos para que no se generaran desconfianzas y, si en algún retén pedían requisar, no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta a ustedes él puede movilizar sin problema alguno”.
Las cuatro reuniones entre funcionarios y disidencias
Según la investigación de Noticias Caracol, los emisarios de alias “Calarcá” sostuvieron cuatro reuniones en Bogotá con el general (r) Juan Manuel Huertas. La primera habría ocurrido en un centro comercial cercano al aeropuerto El Dorado, con la presencia de Huertas, Wilmar Mejía, el presidente de Indumil, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, y delegados de las disidencias.
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Los avances de ese encuentro fueron compartidos entre los jefes del grupo armado. “En la primera (reunión) con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa y después comprar las armas. Wilmar, Huertas y el director. No hubo nadie más. Ni los escoltas del director estaban. Entre las armas que necesitábamos y los fusiles, en ese momento contamos con 80 pistolas y 10 fusiles”.
Un día después, según el disidente, se realizó una segunda reunión con un funcionario encargado de las licencias de armamento, la cual también quedó registrada en los computadores de “Calarcá”. “Ya eso fue para organizar todo el tema legal, de qué papeles necesitan los muchachos, qué papeles necesitaban los carros, qué categoría tenía que ser el blindaje en los carros. Nosotros poníamos los hombres, poníamos los carros y las armas”.
Las dos últimas reuniones habrían sido las más delicadas. A ellas asistieron Huertas, Mejía y varios oficiales del Ejército vestidos de civil. Allí, según el testimonio del disidente, se habría pactado un acuerdo de no agresión en zonas del Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar.
“La tercera reunión se hizo con el tema de seguridad de nosotros mismos. Donde ya nos dieron, o sea, nos dieron puntos donde ya nosotros nos podíamos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo, ni tuviéramos que hacerles daño. La idea era no chocar con el Ejército”, declaró el disidente.
Para cumplir ese pacto, los oficiales habrían entregado códigos secretos de frecuencias radiales, números de contacto y correos de unidades militares. “Trajeron los números de celulares, los correos, frecuencias de radio. En el momento no tuvimos bajas, por así decirlo, de parte del Ejército nunca tuvimos bajas, que hayamos tenido capturas sí las tuvimos, pero ya por negligencia de los mismos guerrilleros, no fue porque no nos avisaron, fue por negligencia de los mismos guerrilleros”.
Tras la revelación de esta presunta alianza criminal, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, anunció la apertura de investigaciones internas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también informó un proceso disciplinario para determinar qué funcionarios habrían participado en la red. La Procuraduría y la DNI también iniciaron indagaciones paralelas.
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