El general (r) Mario Montoya Uribe lleva años esquivando a la justicia. Primero lo hizo cuando su proceso estuvo en la Fiscalía, y esa misma estrategia parece estar repitiéndose ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde es investigado por su responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Según la investigación en su contra, esos falsos positivos ocurrieron cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2022 y 2003.
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Un rol que, para ambas justicias, fue determinante para ejercer presión sobre la tropa y que dieran “resultados en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’ o ‘carrotanques de sangre’”. Pese a las evidencias que lleva a cuestas, el exalto oficial siempre ha negado su culpabilidad y, por eso, hace un año la JEP envió su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que lo lleve a juicio. Sin embargo, el caso no se ha movido un milímetro.
El caso de Montoya es uno de los más sonados en la justicia transicional. Durante cuatro décadas estuvo en las filas del Ejército, dirigió diez unidades militares y fue comandante general en 2006, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para entonces, la tragedia de los falsos positivos en Antioquia ya era una barbarie.
En palabras de la JEP, “(Montoya) generó un ambiente de competencia entre los miembros del Ejército, en todos los niveles de la jerarquía, por ser el primero en el ránking de presentación de ‘muertos en combate’”. En 2018, Montoya se acogió a la JEP y su expediente fue incluido en el caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
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En julio de 2022, Montoya fue llamado a rendir versión libre ante la justicia transicional. En 2023 fue imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Pese a la crudeza de los relatos de otros comparecientes que han confirmado su política sangrienta cuando era comandante del Ejército en Antioquia, Montoya no aceptó su responsabilidad.
Las víctimas, que durante más de dos décadas han buscado verdad ante la justicia ordinaria y la transicional, también lo relacionan directamente con cuestionadas operaciones militares, como la Operación Orión, entre el 16 y el 25 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, donde 87 civiles fueron asesinados y 90 desaparecidos.
Para la imputación a Montoya, la JEP documentó que entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de diciembre de 2003, tiempo en el que estuvo al frente de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, el exmilitar fue responsable de los crímenes cometidos en contra de 118 personas que fueron engañadas o retenidas ilegalmente, asesinadas, presentadas como guerrilleros muertos en combate y desaparecidas forzosamente.
Muchas de las víctimas eran de municipios del Oriente de Antioquia, como Granada, donde recientemente terminaron las audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de doce exmilitares que actuaron bajo órdenes de Montoya y que sí aceptaron su responsabilidad ante la JEP.
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“El general en retiro ocupaba un rol institucional que implicaba deberes especiales de protección hacia las víctimas directas de los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por los miembros de sus unidades militares, quienes presentaron estas acciones como supuestas bajas, para aumentar las estadísticas de éxito militar contra las guerrillas que operaban en la zona”, señaló la JEP en su imputación al excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
Sin embargo, el exmilitar negó tajantemente su responsabilidad. “Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar. Mucho menos que me enteré de que habían matado. Nunca”, dijo durante una de sus versiones libres ante la justicia transicional.
Al no aceptar su responsabilidad, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le envió el expediente a la UIA, el 18 de diciembre de 2024. Hoy hace un año. Esa entidad es la encargada de seguir adelante con la investigación en contra del exmilitar imputado y debe decidir si acusa o no a Montoya ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
De ser así, el excomandante se convertiría en el oficial retirado de más alto rango en enfrentar un juicio adversarial. Sin embargo, ha pasado un año desde que la Fiscalía de la JEP tiene en sus manos el expediente y poco avance ha tenido. Mientras tanto, las víctimas de falsos positivos reclaman la verdad que les debe Justicia y Paz, la justicia ordinaria y ahora también la JEP.
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Una de las organizaciones que representa a las víctimas en el caso contra el general Montoya es la Corporación Jurídica Libertad, que reúne a más de 30 personas de las afectadas por la mencionada Operación Orión, en 2002. Adriana Arboleda, su directora, dijo en diálogo con El Espectador que el proceso en contra del exmilitar ha estado plagado de movidas, al parecer, para dilatar el proceso y sembrar sobre el expediente la mala sombra de la impunidad.
“Mario Montoya nunca ha reconocido su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos (...) Vemos que hay una estrategia negacionista, justificatoria de los hechos y de dilación para que no avance el proceso en la JEP”, señaló la jurista.
Entre las estrategias mencionadas por la directora de la Corporación Jurídica Libertad estaría la renuncia reciente del abogado de Montoya. Aunque el Estado le asignó una abogada del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) para que siguiera con su caso, el exoficial pidió buscar a otro defensor de su confianza, cuyo nombre aún no se conoce.
También una recusación interpuesta en contra del magistrado Óscar Parra Vera, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, frenó el avance de una de las audiencias del caso, programada para noviembre pasado y que tuvo que ser movida hasta enero de 2026. Este diario supo que esa recusación ya fue resuelta en primera instancia, pero fue apelada.
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Sobre las demoras en la acusación a Montoya, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dijo en un diálogo reciente con El Espectador que ese expediente es “un caso complejo”, que hace parte de un proceso con un amplio volumen de información.
“Son macroprocesos donde se determina si una persona es responsable o no por acción o por omisión y toma tiempo revisar toda esa cantidad de documentación. Estamos hablando de cientos de hechos con muchas personas involucradas, muchas víctimas y toma tiempo analizar expedientes tan extensos”, explicó el togado. Agregó que son los investigadores de la UIA quienes tienen esa labor en sus manos y que, por ahora, el balón está de su lado.
La UIA respondió que el fiscal del caso aún está dentro de los plazos establecidos por la ley, que son de hasta 18 meses para la indagación y 12 más para la investigación formal. La entidad agregó que el expediente está bajo reserva, pero que las investigaciones sí han avanzado. Sin embargo, esa respuesta no es suficiente para víctimas como las de la Comuna 13, que llevan 23 años esperando verdad y justicia, sin resultado alguno.
En 2016, Montoya iba a ser imputado en la justicia ordinaria por su responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales. Un proceso que se frenó por su ingreso a la JEP y que, pese a que la Fiscalía de Francisco Barbosa intentó revivirlo en 2021, quedó congelado por una orden del Tribunal Superior de Bogotá.
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El único avance en dos décadas de búsqueda de justicia, dijo la directora de la Corporación Jurídica Libertad, está relacionado con la búsqueda de desaparecidos. Entre diciembre de 2024 a la fecha, siete restos óseos han sido hallados en La Escombrera de Medellín, gracias a las medidas cautelares y órdenes de la JEP para buscar allí a personas desaparecidas forzadamente en operaciones militares como Orión.
“Las víctimas tienen derecho a la justicia, eso implica investigación, esclarecimiento de los hechos, juzgamiento y sanción. Y eso es en lo que nosotros vemos que no se ha avanzado. La justicia transicional no puede aportar a la estrategia de impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos”, concluyó Arboleda.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
