Desde hace 10 años no se hacía un concurso abierto de méritos para elegir nuevos notarios en el territorio nacional. En 2023, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció más de 300 vacantes abiertas para que nuevos funcionarios lleguen a estos apetecidos cargos que se desocupan una vez cada 10 años y que, en algunos casos, dejan ganancias de más de $100 millones por distintos trámites. Sin embargo, esta edición del concurso, que finalizaría en junio de 2026, atraviesa una crisis por denuncias de falta de transparencia y de garantías que llevaron, dentro de otras cosas, a que dos funcionarios que hacían parte de la evaluación del proceso renunciaran y pidieran a la Procuraduría poner la lupa sobre el concurso.
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El Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) es el organismo que se encarga de hacer la vigilancia de todo el concurso y la evaluación de los perfiles para que los ocupen abogados de trayectoria intachable. El problema es que dos de los integrantes del CSCN, Óscar Fernando Martínez, notario 26 de Bogotá, y Yasmín Soraya Franco, notaria única de Tenjo (Cundinamarca), renunciaron a su lugar en la mesa y denunciaron que el actual concurso no ofrece las garantías ni la transparencia requeridas. La decisión de dejar el grupo evaluador, según conoció El Espectador, se debió a que, a pesar de haber expuesto sus inconformidades con el proceso, fueron ignorados por el resto de los miembros.
El grupo del que hacía parte Martínez y Franco no era de poca monta, pues está conformado por el propio ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; la superintendente de Notariado y Registro, Giselle Martínez; y los presidentes de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro; y del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez. Ese grupo, según las denuncias conocidas por este diario, no escucharon los reclamos de los dos representantes de los notarios. Por ejemplo, expusieron que el acuerdo con el que se eligió a la Universidad Libre como operador logístico del concurso era problemático.
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El lío de fondo con el operador logístico no es que sea esa universidad la elegida, sino las tareas que tiene que cumplir. En los concursos de méritos para elegir notarios son universidades las que se encargan de adelantar las pruebas escritas que presentan los aspirantes, pero otros aspectos del proceso son revisados directamente por el CSCN. Entre ellos, los recursos presentados por aspirantes que no pasan alguno de los filtros y quedan por fuera del concurso. Sin embargo, en el acuerdo hecho con la Universidad Libre a finales de junio pasado, quedó estipulado que será la propia academia la que evalúe los perfiles de los aspirantes y determine quiénes avanzan y quiénes no.
Además de eso, la Universidad Libre se encargará de revisar y resolver los recursos que presenten los inadmitidos para buscar un nuevo chance dentro del concurso. En su carta de renuncia, los notarios Martínez y Franco expusieron que “resulta inevitable preguntarnos cómo podemos cumplir con nuestro deber de velar porque el concurso se desarrolle conforme a los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, si, de manera implícita, el Consejo se ha despojado del carácter de organismo rector de la carrera notarial, en tanto no podrá tomar decisiones frente a situaciones concretas que se puedan presentar de transgresiones a estos principios”.
Además, los notarios vaticinan una ola de demandas contra el concurso en esas condiciones y resaltan que, aunque llegue a ser la universidad la encargada de todo el proceso, los coletazos de cualquier error recaerán en el CSCN por ceder responsabilidades de esas magnitudes. “Propusimos que el operador logístico fuese el encargado de proyectar las decisiones, pero que estas quedasen en cabeza del Consejo. No fue acogida”, expusieron en la carta enviada a los demás integrantes. Agregaron que “el mayor o menor número de reclamaciones va a depender, en gran medida, de la idoneidad y transparencia de dicho operador”, lo que con ese acuerdo escapa a su control.
Este diario conoció que, además del documento con el que renunciaron y expusieron sus preocupaciones al procurador Eljach, otro grupo de notarios y aspirantes le hicieron una solicitud al Ministerio Público para que revise de cerca el concurso de méritos y blinde el proceso para que sea lo más transparente posible. Por otra parte, varios notarios que concursan para cambiar de notaría hablaron con este diario y aseguraron que en el documento con el que se inició el concurso y se ofrecieron más de 300 vacantes, no están incluidas todas las que no tienen a un titular en estos momentos y señalan que se debería a motivos políticos de fondo.
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La razón, denuncian, tendría que ver con “favores políticos y amiguismos”. Por eso, pidieron a la Procuraduría que revise muy de cerca el proceso y también las razones de fondo para excluir algunas de las vacantes. Por ahora, los notarios están en medio de un proceso para elegir a sus nuevos representantes para que ocupen las dos sillas que dejaron Martínez y Franco en el CSCN y sigan peleando por la transparencia del concurso.
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Por Jhordan C. Rodríguez
