Las investigaciones de la Procuraduría en el caso Odebrecht

Gabriel García Morales es, hasta ahora, el único exfuncionario que ha sido sancionado por la Procuraduría en relación con el caso Odebrecht. / Archivo El Espectador

El pago de sobornos por parte de la multinacional Odebrecht es considerado uno de los más graves escándalos de corrupción en el país. Y no es para menos, ya que, de acuerdo con cifras entregadas por la Fiscalía, las coimas pagadas por la multinacional superarían los $94.200 millones. En diciembre de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló las actuaciones de la multinacional en América Latina. Una de las primeras entidades en reaccionar fue la Procuraduría, que terminó siendo objeto de críticas de quien también ha sido controvertido por su posible conflicto de intereses en las indagaciones de Odebrecht: el fiscal general.

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El pasado 27 de noviembre, en pleno debate de control político en el caso Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínez cuestionó la labor desempeñada por la Procuraduría. “Le compulsamos copias de senadores y representantes que estarían comprometidos con esos contratos, en un número de 11 personas, y espero que la Procuraduría produzca resultados por estas compulsas en algún momento”, aseguró Martínez en medio del acalorado debate. Aunque el procurador no se pronunció al respecto, quedaron evidenciadas las diferencias entre los dos grandes mosqueteros en este caso.

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Por eso, El Espectador averiguó qué tanto ha hecho el Ministerio Público en este relevante proceso y encontró más de una actuación. La más conocida, por sus recientes resultados, es la acción popular que presentó el procurador Fernando Carrillo el 26 de enero de 2017 contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), conocido hoy como Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Allí el procurador pidió la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

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Casi dos años después hubo un resultado sin precedentes: en una sentencia de 366 páginas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Ministerio Público y estableció una multa, tanto a sociedades como a personas naturales implicadas en el escándalo, de $800.000 millones por la comisión de actos de corrupción que sucedieron, en parte, por la omisión de las labores de control que debió realizar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Además, la decisión suspendió definitivamente el contrato de la Ruta del Sol y la adición de la vía Ocaña-Gamarra, luego de que se estableciera que se consiguió la adjudicación de estas obras a través del pago de sobornos.

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En materia disciplinaria, la Procuraduría solo ha emitido una condena en este caso: contra el exviceministro de Transporte y exgerente general encargado del Inco Gabriel García Morales, que lo inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos. En comparación con la Fiscalía, la cifra resulta mínima, ya que el ente investigador ha logrado cinco condenas en estos dos años.