Las pruebas de la Fiscalía contra el abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena

Alvaro Uribe y el abogado Diego Cadena son investigados por los delitos de fraude procesal y soborno.

Foto: Archivo El Espec

Para el próximo 31 de julio quedó reprogramada la audiencia en la que se definirá si el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, tendrá que estar en prisión domiciliaria los próximos meses mientras su proceso judicial avanza. En la tarde del pasado 27 de julio, la Fiscalía le imputó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Además, señaló que estuvo visitando a exparamilitares para ofrecerles dinero, con el fin de que cambiaran su testimonio en un proceso ante la Corte Suprema en el que se investiga al hoy senador Uribe por presunto fraude procesal y soborno, relacionado con la supuesta intención de manipular el testimonio de un condenado que señala al expresidente de tener nexos con grupos paramilitares.

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Durante esa audiencia, el fiscal del caso, Daniel Hernández, relató los hechos por los que en los últimos meses el ente investigador lo ha tenido bajo la lupa. Lo primero que señaló el funcionario judicial fue que el 18 de julio de 2017 Cadena visitó en la cárcel de Palmira al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para ofrecerle $200 millones con el fin de que, además de cambiar su testimonio en favor de Uribe, dijera que el senador Iván Cepeda le ofreció prebendas para enlodar al senador Uribe. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo establecer el ente investigador, este recibió $48 millones.

Los dineros no los recibió directamente Victor, sino que se enviaron a través de giros, hechos por Juan José Salazar (abogado y socio de Cadena que también está siendo procesado) a varios familiares del exparamilitar. Como su hermana María Elena Vélez, su pareja y un sobrino. Este último, por ejemplo, recibió $18 millones por parte de Salazar. Ante estos cuantiosos giros hechos, la hermana de Vélez se sorprendió de que Víctor, estando preso, le pidiera recibir un dinero. También le pareció extraño que Cadena hubiera dicho que parte de esos pagos era para auxiliar a un hijo menor de su hermano que estaba en cuidados intensivos. Ella dijo que su hermano no tenía hijos menores.

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Sobre estos pagos, la Fiscalía resaltó que Cadena no tenía constancia de que estos dineros hubieran sido aportados como ayuda humanitaria, como el propio abogado de Uribe calificó estos desembolsos. “No existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal (...) en el mundo de los abogados ellos tienen que tratar con personas de dudosa reputación y no pueden darse este tipo de licencias (...) la Fiscalía también hace aportes económicos a testigos, pero como gastos reservados y deja constancia de ello”, señaló Hernández durante la audiencia.

La segunda visita que la Fiscalía le reprochó a Cadena fue en febrero de 2018. En ese momento el abogado visitó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien desde 2011 viene denunciando a Uribe y su hermano Santiago de ser fundadores del Bloque Metro de las Auc. El abogado Cadena, en representación de Uribe Vélez, se entrevistó con Monsalve hace más de dos años en la cárcel La Picota. Monsalve, autorizado por la Corte Suprema, grabó la conversación con Cadena, en la que, aparentemente le ofreció beneficios si se retractaba de sus acusaciones. Por ejemplo, tramitar una revisión sobre su condena o su ingreso a la JEP.

Luego de esas visitas que Cadena le hizo a alias Víctor y a Monsalve, estos dos presentaron a la justicia documentos que, según la Fiscalía, fueron realizados con antelación y que los exparamilitares simplemente firmaron. Se trataba de declaraciones en las que acusaban al senador Iván Cepeda de actos irregulares, y que llegaron al despacho del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Jose Luís Barceló, quien investigaba al expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos.

Durante la audiencia, el fiscal Hernández señaló que hay chats de Vélez con Cadena y Salazar en donde se hablan de los pagos. También señaló que aportaría al juez otras conversaciones entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y su madre, los cuales darían cuenta de que quien lo buscó fue Cadena. Así mismo, habría una interceptación hecha por orden de la Corte Suprema entre la esposa de Monsalve y el abogado Cadena en la que esta afirma: “Ya tengo la carta con la declaración de Juan Guillermo tal como usted la solicitó”.

Otra prueba que la Fiscalía puso en tela de juicio fue un documento que entregó la defensa de Uribe a la Corte Suprema. Se trata de una declaración del exparamilitar Emo José Mármolejo, quien también fue visitado por Cadena en el penal donde estaba detenido. Luego de esa visita, apareció en el alto tribunal una carta con su firma y una versión favorable sobre Uribe. El documento, remarcó el fiscal Hernández, fue escrito por Diego Cadena. Este le dijo a la Fiscalía durante un interrogatorio que Marmolejo era analfabeta y por ende procedió a escribir el documento. No obstante, en otro interrogatorio hecho por el ente investigado, el exparamilitar dijo que se graduó de bachiller, es decir, que sabe leer y escribir.

“Durante los últimos tres años se intentó engañar al alto tribunal, generar error en un proceso contra un senador de la república (Álvaro Hernán Prada) y un expresidente (Álvaro Uribe). Son hechos supremamente graves. Se quiso inducir a error a una de las Cortes más importantes del país. Siempre existió en Cadena y su socio la intención de manipular a dos testigos para engañar a la Corte”, concluyó el fiscal del caso.

Otra de las aseveraciones que hizo Hernández y llamaron la atención fue que Cadena, además de engañar a la administración de justicia, también lo habría hecho con los abogados de Uribe en el proceso ante la Corte y al propio expresidente. Hernández añadió, para respaldar esta afirmación, que el propio Cadena dijo durante su interrogatorio rendido a finales de 2019 que nunca le informó al hoy senador del Centro Democrático sobre los pagos a testigos y que no lo hizo porque lo “mandarían a freir espárragos”.

Toda las declaraciones, interceptaciones, conversaciones recopiladas por las autoridades ahora son estudiadas por los abogados de Cadena y Salazar, la Procuraduría y el abogado representante de víctimas (del senador Iván Cepeda). La audiencia se retomará el próximo 31 de julio con el fin de que las partes se pronuncien sobre los cargos endilgados a los abogados. Posteriormente, el 3 de agosto, el juez del caso decidirá si Cadena y Salazar tendrán casa por cárcel, como lo solicitó la Fiscalía, mientras el proceso avanza. Ambos insisten en su inocencia. En cuanto a Uribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema está por difinir la situación jurídica al expresidente, quien rindió indagatoria en octubre de 2019 por estos mismos hechos.