8 Jun 2022 - 3:24 p. m.

El expediente por el que el senador Mario Castaño fue capturado

El congresista del partido Liberal, reelecto en las elecciones de marzo de 2022, sería la cabeza de una organización ilegal dedicada a direccionar contratos en entidades públicas con dineros del erario. Según la investigación, el senador recibía el 10% de cada contrato que terminaba en manos de empresarios cercanos a él.
senador Mario Castaño
senador Mario Castaño
Foto: Tomada de Twitter

Anoche, a la salida del Congreso, funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron al senador liberal Mario Castaño, quien ha estado bajo la lupa de las autoridades desde marzo pasado cuando apareció mencionado en un escándalo de corrupción. Además de las consecuencias políticas dentro de esa colectividad, claramente también existen en el territorio de lo penal, pues según fuentes de la Fiscalía, vendrían más capturas relacionadas el caso del congresista caldense, que fue reelecto en las pasadas elecciones del 13 de marzo de 2022.

Semanas antes de esas elecciones, el nombre de Castaño empezó a sonar en los estrados judiciales. Durante una audiencia contra nueve personas, Castaño quedó mencionado como “lobbista” de ese grupo de particulares que estarían inmersas en hechos de corrupción. “En un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, explicó el ente investigador.

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La hipótesis de la Fiscalía es que empresarios y contratistas visitaban a Castaño constantemente par resultar beneficiados con contratos en entidades públicas como el Ministerio del Deporte o la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Funcionarios públicos, señaló la Fiscalía, al parecer ajustaban los pliegos de condiciones de las licitaciones para que quedaran en manos de los oferentes propuestos por Castaño. Es decir, se direccionaban contratos para que el congresista pudiera tomar una tajada de esos convenios suscritos con dineros del erario.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, esa red de corrupción habría conseguido en más de dos años contratos por $43.000 millones y que esa red tenía tentáculos en el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Tolima y Cauca. Durante esa audiencia fueron mencionados contratos con el Ministerio del Interior y las alcaldías de los departamentos mencionados. Al parecer la red operaba con un doble objetivo: favorecer económicamente a los involucrados y apoyar la fuerza política de Castaño, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía.

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Dentro de la audiencia, el ente acusador también señaló que todos los imputados tenían claro que Castaño era el líder de esta asociación ilegal. Para sustentar ese señalamiento la Fiscalía reveló un audio en el que uno de los congresistas implicados dice que “Mario” está muy feliz con su desempeño y que es una ficha clave en la región. También el fiscal del caso sostuvo que están investigando si también se habrían pedido favores sexuales para entregar contratos.

Quienes fueron procesados en esa oportunidad fueron: Daniela Ospina, Lorena Cañón, Santiago Castaño (no es familiar de político), Marcela Castaño, Juan Carlos Martínez y Alejandro Noreña, entre otros. A los pocos días que se adelantaron estas audiencias, la Corte Suprema abrió investigación contra el senador liberal y en el documento que sustentó la apertura de investigación indicó que “Dentro de las pruebas recaudadas por la Fiscalía se encuentran las interceptaciones telefónicas realizadas a varios de los implicados en estos hechos, incluido, desde luego, el senador Castaño”.

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Durante la imputación, la Fiscalía sostuvo que los imputados también incurrieron en el delito de extorsión, ya que, según el ente investigador, durante enero y marzo de 2021 “constriñeron a varias personas para que les entregaran una utilidad ilícita, es decir, una suma equivalente al mes de salario o de honorarios a cambio de lograr la vinculación como funcionarios o contratistas en varias entidades”. Las entidades donde se habrían feriado los contratos, dice la Fiscalía, fueron el SENA Caldas, Procuraduría, Contraloría, Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por ahora, la Corte Suprema señaló que Castaño afrontará la audiencia de indagatoria donde un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo interrogará sobre su presunta participación en los hechos.

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