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Quince personas que habían sido capturadas el pasado mes de diciembre en Bogotá por su presunta relación con una banda de extorsionistas conocidas como “Los Bautistas” fueron dejadas en libertad por orden de una jueza de la capital. La decisión consideró que un error en los procedimientos adelantados por la Fiscalía era suficiente para que estas personas quedaran libres.
La decisión está relacionada con las capturas de 36 personas y la imputación de otras seis, reportadas por la Policía y la Fiscalía el mes pasado en la capital. Estas personas, según las autoridades, supuestamente hacían parte de una organización criminal conocida como “Los Bautistas”, que se dedicaba a extorsionar desde las cárceles La Picota y Buen Pastor, en Bogotá.
Según dijo la Policía en su momento, esa estructura ilegal estaría integrada por personas que actuaban desde dentro y fuera de ambas cárceles. Presuntamente, creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mujeres para engañar a las víctimas, en su mayoría hombres. Tras ganarse su confianza, solicitaban pagos a cambio de contenido sexual por WhatsApp.
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Luego de esto, dijo la Policía, las personas amenazaban con publicar las imágenes en redes sociales acusando a las víctimas de ser “pedófilos” o “violadores”. También se hacían pasar por menores de edad o falsos funcionarios judiciales, enviaban fotografías de supuestas órdenes de captura y citaciones para obligar a las víctimas a realizar pagos de entre COP 100.000 y COP 5 millones.
De ese modo, según señalaron las autoridades, estas 39 personas que estaban detenidas desde el mes de diciembre se habrían hecho a sumas de hasta COP 17.000 millones, solo entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de octubre de 2025. Un hombre identificado como alias “Pedro” fue señalado en su momento como el presunto líder de la estructura criminal.
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La Fiscalía también vinculó en su momento al caso a otra persona conocida como alias “Omar”, un exfuncionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que, según las autoridades, “operaba desde La Picota un call center criminal para dinamizar las extorsiones”. Sin embargo, la teoría construida por el ente investigador quedó tambaleando tras la más reciente decisión del caso.
La jueza 17 penal con función de control de garantías de Bogotá ordenó que, de las 36 personas capturadas hace menos de un mes, 15 debían quedar en libertad. ¿La razón? La Fiscalía omitió individualizar la responsabilidad de cada una de ellas al momento de capturarlas por su presunta participación en la red criminal y, para la jueza, no hay pruebas suficientes sobre su verdadera participación en la red de corrupción.
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“La inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”, señaló la jueza en su decisión. Dijo además que, en muchos de los casos, las personas habían recibido dinero sin saber que provenía de actividades ilegales.
Uno de los casos expuestos por la jueza y que, en su concepto, ilustran que casi la mitad de las personas capturadas realmente no serían responsables, fue el de una mujer que habría recibido una consignación de COP 100.000 por parte de su hijo, recluido en la cárcel La Picota. Sin embargo, no habría participado de la actividad extorsiva. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, dijo la jueza.
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En otro caso, la jueza se remitió a una carta de una persona privada de la libertad en la que decía: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”. Para la togada, la mujer de 71 años a la que se hacía referencia en el documento tampoco tenía conocimiento de la actividad ilegal.
Las otras 18 personas que fueron capturadas en diciembre, sobre las cuales la jueza sí halló suficientes razones para señalarlos como presuntos responsables, fueron enviadas a la cárcel y a prisión domiciliaria preventiva, mientras avanza el proceso penal en su contra. Las seis personas restantes, al parecer, delinquían desde dentro de las mencionadas cárceles, sitios en los cuales permanecerán mientras son judicializados en este nuevo caso.
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