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La polémica y cuestionada propuesta del procurador general, Gregorio Eljach, para crear una universidad de la Procuraduría ya tiene luz verde por ley. Este viernes, 14 de septiembre, se conoció el documento que da vía libre a su funcionamiento a través de la ley 2553 del 13 de noviembre, por medio de la cual se transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), en la Universidad del Ministerio Público.
El documento detalla los lineamientos de la Universidad, que tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, con posibilidad de establecer sedes o seccionales según el Consejo Superior Universitario. Dentro de los aspectos importantes está que la institución contará con personería jurídica, patrimonio independiente y plena autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal.
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La Universidad del Ministerio Público tiene como principal finalidad formar académicamente a los funcionarios públicos para sus labores misionales. Si bien existía el Instituto de Estudios del Ministerio Público, con esta transformación se podrán entregar títulos. Sin embargo, la propuesta ha sido cuestionada por varios personajes políticos.
Una de ellas fue Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, profesor de la Universidad Nacional y columnista de este diario. En su columna publicada el 12 de octubre, aseguró que esta es “una propuesta contradictoria, costosa y muy probablemente inconstitucional”.
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Según detalla la ley, los ingresos y el patrimonio de la Universidad del Ministerio Público se compondrán de recursos públicos asignados del Presupuesto General de la Nación; ingresos propios derivados de la oferta de programas de formación; los recursos que se generen por concepto de inscripción en los cursos públicos; los recursos que provengan de convenios interinstitucionales; ingresos por donaciones o auxilios.
“A partir de la vigencia 2027, las sumas de dinero equivalentes al dos punto cinco por ciento (2.5%) del presupueste para funcionamiento asignado a la Procuraduría General de la Nación”, señala.
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