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El exsenador liberal Álvaro Ashton entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) portres de las cinco investigaciones que hay en su contra. Aunque no calificaron ni el caso Odebrecht ni su presunta comisión de actos sexuales con menores de edad —los magistrados no encontraron su relación con el conflicto—, Ashton se comprometió a contar la verdad en otros tres procesos que lo tienen con el agua al cuello: su expediente por parapolítica, una investigación por amenazas a testigos y otra por el papel que habría tenido en el cartel de la toga.
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Como se supo a raíz del pliego de cargos que le formuló la Procuraduría a Ashton en marzo de este año, el exsenador liberal habría sobornado con $600 millones a los magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos. El pago, supuestamente se dio a través del exmagistrado Francisco Ricaurte con el acompañamiento del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. El soborno tenía un propósito claro: que en la Sala Penal de la Corte Suprema archivaran la investigación en contra del exsenador barranquillero por supuestos vínculos con paramilitares.
Con el sometimiento de Ashton a la justicia especial, el cartel de la toga acaba de aterrizar, entonces, en la JEP. Según argumentó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el documento que admite la propuesta de verdad de Ashton, el proceso por el supuesto delito de cohecho —soborno a un funcionario público— lo debe conocer la JEP, “en la medida que se comprobara que la conducta delictiva endilgada al exsenador Ashton Giraldo se llevó a cabo con el fin de cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto armado”.
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El exsenador resumió así su oferta de verdad en el caso del cartel de la toga: “La verdad plena que ofrezco de relatar todo cuanto conozco del punto del cohecho por dar u ofrecer se referirá a la segunda parte de la relación que se trabó entre el suscrito y el abogado —exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía— Gustavo Moreno Rivera, es decir, aquella que surgiría a partir del momento en que dicho profesional del derecho me manifestó que tenía influencias en la Corte Suprema, y que por ello era buscado por congresistas en problemas, al saber ‘cómo se movía la Corte’, según me lo manifestó Moreno Rivera”.
La JEP señala su extrañeza de que Ashton no incluya su supuesta relación con Francisco Ricaurte, quien según el expediente que reposa en la Procuraduría, habría tenido un rol protagónico en trabar el proceso de parapolítica en contra del exsenador. No obstante, como la propuesta de Ashton cumple con los requisitos, la JEP tendrá ahora a su cargo esclarecer el entramado de sobornos que se fraguó en el alto tribunal.
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La investigación en contra de Ashton por parapolítica se abrió formalmente en 2017, recién estalló el escándalo del cartel de la toga, con base en testimonios que vinculaban al cacique electoral con el Bloque Norte de las autodefensas. Esas versiones sostenían que el exsenador participó del “Plan Caribe”, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso.
En agosto de 2018 el exsenador mostró interés en comparecer ante la JEP y, como informó este diario a comienzos del presente año, pero la Jurisdicción le negó la solicitud. El caso escaló a la Sección de Apelación, que le dio pista a Ashton, pero le negó la libertad anticipada que pedía.