Los casos por los que Colombia rendirá cuentas en audiencias de la Corte IDH

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Desde el pasado 26 de agosto, la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está sesionando en Colombia. Primero lo hizo en Barranquilla y este 5 y 6 de septiembre lo hará en Bogotá. En la capital del Atlántico estudió casos en contra de Perú, Paraguay y Ecuador. Sin embargo, este jueves y viernes se centrará en violaciones a los derechos humanos por las que el Estado colombiano ha sido condenado.

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Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará un país en el que está sesionando. Vale aclarar que esta acción es bajo el aval del gobierno colombiano.  Este 5 y 6 de septiembre el tribunal internacional sesionará a puerta cerrada en la Universidad Externado para evidenciar los avances que ha tenido el Estado colombiano en varios de los procesos por los que ha sido condenado ante este tribunal. En estos dos días, se estudiará si se ha cumplido o incumplido parcial o completamente en 14 de las 22 condenas en contra de Colombia por violaciones a los derechos humanos

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La Corte IDH analizará el cumplimiento que ha hecho el Estado en casos relacionados con la búsqueda de desaparecidos, medidas de tratamiento médico y psicológico, y hará revisiones puntuales a algunos de los casos más emblemáticos, entre los que están los desaparecidos del Palacio de Justicia y la masacre de Mapiripán. Estos son algunos de los casos por los que Colombia rendirá cuentas:

Las palmeras

El 23 de enero de 1991, el comandante departamental de la Policía en Putumayo ordenó a sus hombres realizar una operación armada en Las Palmera, corregimiento de Mocoa, en Putumayo. En acción conjunta con el Ejército habrían ejecutado extrajudicialmente a siete personas entre las que estaban Artemio Pantoja, los trabajadores Julio Milciades Cerón Gómez y Artemio Pantoja, el maestro Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, los hermanos Willian Hamilton y Edebraes Norberto Cerón Rojas y una persona no identificada que podría ser Moisés Ojeda o Hernán Lizcano. Es por este último caso que la Corte entrará a analizar el esclarecimiento o no de la identidad de esta víctima y hará una revisión individual del caso.

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Pueblo Bello

Entre el 13 y 14 de enero de 1990, un grupo de 60 paramilitares llegaron al corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Turbo, Antioquia, para saquear algunas viviendas. Luego se llevaron a 43 personas a la finca Las Tangas, de los hermanos Castaño Gil, ubicada e Valencia Córdoba. Allí este grupo de personas habría sido torturado y asesinado. El 31 de enero de 2006 el Estado colombiano fue condenado por el tribunal internacional en este caso porque “no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención respecto de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso, al no realizar una investigación seria, completa y efectiva de los hechos motivo de esta sentencia”. El tribunal entrará a analizar los avances en la identificación de los desaparecidos y el cumplimiento de medidas de tratamiento médico y psicológico.

Vereda La Esperanza

Las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza, habrían asolado durante el segundo semestre de 1996 la comunidad de la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, Antioquia. Allí, junto con la presunta colaboración del Ejército, habrían desaparecido a cerca de 12 personas y habrían matado a otras más. El Estado colombiano fue condenado por este caso en 2017. La Corte entrará a analizar el papel de Colombia en la búsqueda de los 12 desaparecidos entre los que están Aníbal de Jesús Castaño, Óscar Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero y otros.

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Isaza Uribe

La condena en cuestión es por la desaparición forzada del líder sindical Víctor Manuel Isaza Uribe mientras se encontraba en detención preventiva en la cárcel de Puerto Nare, Antioquia. Isaza, quien era miembro del del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP), fue sacado de la cárcel por un grupo de hombres no identificados. Para el tribunal internacional, existen las suficientes pruebas para determinar que un grupo de paramilitares, con ayuda de agentes del Estado, desapareció al sindicalista, escudados la doctrina de “enemigo interno”. El 3 de abril de 2016, el gobierno colombiano fue condenado por este hecho en el que “el Estado no ha informado sobre acciones específicas para dar con el paradero de la persona desaparecida”.

19 comerciantes

El 7 de octubre de 1987, miembros de un grupo paramilitar de Puerto Boyacá desapareció a un grupo de 17 comerciantes por sus supuestos vínculos con grupos guerrilleros. Estos se dedicaban a actividades de compra y venta en la frontera colombo-venezolana. Los comerciantes fueron asesinados, descuartizados y lanzados al río. Semanas después de los hechos, dos comerciantes que iban en busca de sus compañeros también fueron asesinados y desaparecidos. En esta audiencia se revisará si se ha realizado la búsqueda de las víctimas y el trabajo en el esclarecimiento de lo ocurrido. Además, se realizará una revisión individual del caso.

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Caballero Delgado y Santana

El 7 de febrero de 1989 los miembros del M19 Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron capturados por miembros del Ejército y desde entonces no se conoció más de su paradero. Sus familiares los buscaron en varias instalaciones militares de todo el país, pero los uniformados negaron tenerlos en su poder. En estas audiencias se revisará el cumplimiento del Estado para continuar con los esfuerzos para localizar los restos de estas dos víctimas.

Masacre de la Rochela

La masacre de la Rochela es uno de los casos emblemáticos del conflicto colombiano. En enero de 1989, una unidad paramilitar secuestró a 16 funcionarios judiciales que investigaban la responsabilidad de civiles y militares en crímenes cometidos en el Magdalena Medio. Los paramilitares mataron a 13 de los funcionarios y dejaron heridos a otros 3. La acción en contra de los investigadores se habría realizado gracias a un entramado del que harían parte paramilitares, narcotraficantes y miembros del Ejército. En esta audiencia se entrará a estudiar si se ha dado una respuesta oportuna o no a las necesidades médicas y psicológicas de las víctimas y sus familias.

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Masacre de Mapiripán

El 12 de julio de 1997, más de 100 miembros de las AUC llegaron al aeropuerto de San José del Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército. Luego, este grupo de paramilitares habría llegado a Mapiripán con la ayuda del ejército. En el camino se les habrían unido paramilitares de Casanare y Meta. El 15 de julio de 1997 más de 100 paramilitares se tomaron Mapiripán e intimidaron a los habitantes. Ese día separaron a 27 personas, señaladas de ser colaboradores de las Farc, y los descuartizaron. Así mismo, mientras las AUC controlaron el pueblo se reportaron 49 personas asesinadas. Por estos hechos han sido condenados varios paramilitares y el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la Brigada VII con jurisdicción en la zona. En las audiencias la Corte IDH hará un análisis individual del caso para estudiar los avances en la búsqueda de cuerpos de personas arrojadas al río Guaviare, la judicialización de los responsables, la construcción de un monumento y las garantías para que los desplazados vuelvan a Mapiripán.

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Desaparecidos del Palacio de Justicia.

Uno de los puntos en la agenda más esperados de las sesiones en Colombia es la revisión del caso del Palacio de Justicia. Es preciso recordar que el 6 de noviembre de 1985 un comando del M19 se tomó el Palacio de Justicia. Durante la toma y la retoma del edificio en el que quedaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado se reportaron varias irregularidades que dejaron un saldo de 90 personas muertas, 12 personas desaparecidas y otras cuatro torturadas.  En esta ocasión, la Corte entrará a revisar los avances en la búsqueda de los desaparecidos, la impartición de justicia en contra de los máximos responsables, salud y educación para familiares de los desaparecidos, reconocimiento público, indemnizaciones, publicaciones radiales, televisivas y en diario de amplia circulación.

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