La Fiscalía General de la Nación, sin mayores rodeos, le hizo una petición clara y precisa al gobierno del presidente Gustavo Petro: revocar la vocería de paz y, por tanto, reactivar la orden de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, máximo jefe de la disidencia de las antiguas Farc conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente. Para sustentar que “Calarcá” habría incumplido con las condiciones para ser vocero en un proceso de paz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le presentó al Ejecutivo un expediente de hechos violentos que dejan en evidencia la comisión de graves delitos, incluso estando sentado en una mesa de negociación con el Gobierno que actualmente está activa.
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En una entrevista reciente con El Espectador, la fiscal Camargo señaló que desde diciembre del año pasado le vienen insistiendo al Gobierno, a través de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, que evalúe la suspensión de la orden de captura, dado que alias “Calarcá” ha seguido cometiendo graves crímenes, incluso después de ser nombrado vocero. Esas peticiones, a las que en su momento también se sumó la Defensoría del Pueblo, fueron el preámbulo de la contundente carta en que la Fiscalía le acaba de poner sobre el escritorio al presidente Petro. En ella expuso los argumentos jurídicos para tumbar la vocería de paz del jefe disidente, así como algunos de los crímenes que se le atribuyen a “Calarcá” y a la estructura criminal bajo su mando.
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En la misiva de ocho páginas, la fiscal Camargo dice que la Corte Constitucional fue clara al decir que la suspensión de las órdenes de captura de jefes y delegados de grupos armados en el marco de la paz total es un beneficio excepcional y está condicionada a dos requisitos: participación real en el proceso y no comisión de nuevos delitos. La Fiscalía no tiene la competencia en estos casos para reactivar órdenes de captura, pues es una facultad directa del presidente Petro. Pero el ente investigador le ha pedido al Gobierno en varios momentos que retire la designación de “Calarcá” como vocero en los diálogos, lo que abriría la puerta para reactivar las órdenes de captura por algunos de los crímenes cometidos.
Los crímenes atribuidos a “Calarcá”
En entrevista con este diario, la fiscal Camargo dijo que el caso de alias “Calarcá” es “muy grave como para estar en una mesa de negociación y en eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado para que permita emitir la orden de captura”. La jefa del búnker dijo que habían documentado hechos de violencia asociados al jefe disidente, como el homicidio de un líder social, donde habría chats con la orden y el reporte del asesinato al propio “Calarcá”. En la misiva de ocho páginas que se conoció este martes 7 de abril, la Fiscalía señaló que tiene evidencia de al menos otros cuatro hechos puntuales en los que estaría involucrado “de manera personal” y que ocurrieron después de la suspensión de las órdenes de captura.
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El primer hecho al que hace referencia la Fiscalía es el asesinato de la lideresa nasa Carmelina Yule, el 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca). Este crimen ocurrió solo dos meses después de que “Calarcá” recibiera los beneficios de ser vocero de la paz total del presidente Petro y en el marco de una negociación vigente. Desde el momento del ataque, fuentes de la región señalaron como responsable al Estado Mayor Central, disidencia bajo el mando de “Iván Mordisco”. Esto incluso fue un punto de quiebre al interior de ese grupo armado. Pero en su carta, la Fiscalía señaló a Calarcá por el crimen y dijo que “desvirtuó de plano la voluntad genuina del miembro representante de no cometer nuevos delitos”.
Ese cruce de versiones en el caso puntual de la lideresa Yule pone de relieve una de las principales dificultades del proceso de paz: las disidencias no operan hoy como una estructura unificada, lo que hace que la atribución de responsabilidades por cadena de mando sea considerablemente más compleja que en las antiguas Farc. Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE) y experto en conflicto armado, señaló que no se trató de una decisión ordenada desde una jefatura central, sino de una dinámica interna de esa estructura. Añadió que, tras el asesinato, hubo gestiones para exigir a ese bloque el reconocimiento de la violación del cese al fuego.
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Otro de los hechos que resaltó la Fiscalía fue la masacre de 26 personas en Miravalle (Guaviare), “ejecutada los días 18 y 19 de enero de 2026, donde, además, resultaron víctimas siete menores de edad, hechos que, según se ha podido constatar, no correspondieron a un enfrentamiento armado”. El tercer hecho tiene que ver con lo que el ente investigador señala como una “continuidad de la campaña de terrorismo en el Meta”. La Fiscalía resaltó que la perpetración de actos de terrorismo con explosivos ejecutados de manera sostenida a lo largo de 2024 y 2025, “corroborando la reincidencia post-suspensión, con 19 eventos registrados, así: 10 en Granada, 5 en Acacías, 2 en Villavicencio, 1 en Mesetas y 1 en Guamal”.
Finalmente, la Fiscalía destacó que tiene evidencia sobre la responsabilidad de las disidencias de “Calarcá” en la instalación de minas antipersonales como táctica de guerra para atacar un convoy militar, en el que murieron seis soldados en la vereda Coposa, municipio de Valdivia (Antioquia), el 4 de julio de 2024. En su informe, el ente investigador resaltó que los cuatro episodios violentos “no constituyen hechos aislados ni desobediencias de mandos medios. Por el contrario, el informe técnico acredita de manera concluyente que Alexander Díaz Mendoza, en su rol de máximo cabecilla, ‘ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura’”.
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En este contexto, el ente acusador también le pidió al Gobierno, a través de un documento oficial, reactivar las órdenes de captura contra otros tres jefes del Frente 33: alias “Andrey Avendaño”, alias “Richard” y alias “Jhon Mechas”, además de revocar su vocería en el proceso de paz. La decisión se sustenta en que, pese a su rol como delegados en mesas de negociación, habrían seguido dirigiendo estructuras armadas y ordenando acciones violentas en regiones como el Catatumbo. Para Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE), aunque se reactiven las órdenes de captura, es posible que la mesa se sostenga, a pesar de que representa un golpe duro a la estructura que incluso podría poner en duda el proceso.
“La mesa ha venido haciendo solamente reuniones pequeñas, puntuales, privadas, pero es posible que pueda seguir esa dinámica aun si se levantan las órdenes de Calarcá. No va a funcionar igual, pero es posible. Se puede seguir negociando directamente, pero hay menos poder de decisión en la mesa”, explicó. La decisión que tome el Gobierno no solo definirá la situación jurídica de los jefes disidentes, en especial de “Calarcá”, contra quien la Fiscalía ya también anunció una imputación de cargos por distintos crímenes. También pondrá a prueba cómo se interpreta el cumplimiento en la política de paz total en un escenario donde los grupos armados ya no son estructuras cohesionadas, sino redes fragmentadas que siembran el horror a lo largo del mapa de Colombia, incluso mientras negocian la paz.
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Por Paulina Mesa Loaiza
