21 Dec 2019 - 8:41 p. m.

Los detalles del nuevo pliego de cargos a directivos de la concesionaria Ruta del Sol

La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Alberto Mariño Samper, por presunta apropiación de $44.000 millones a favor de terceros.

Redacción Judicial

La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo. / Archivo particular.
La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo. / Archivo particular.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Alberto Mariño Samper. ¿La razón? Presunto uso indebido y apropiación de más de $44.000 millones por parte de terceros. La concesionaria, cabe recordar, conformada por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana-Grupo Aval) y el Grupo Solarte, se encargó de construir el segundo tramo de la Ruta del Sol.

El Espectador tuvo acceso al pliego de cargos que se dictó apenas días después que la entidad también llamar a juicio disciplinario a Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño Samper, por presunta falsedad en el documento que habría autorizado pago por más de $9.400 millones a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A. En este segundo caso, el Ministerio Público cuestionó que al parecer se usaran indebidamente al interior de la Concesionaria $44.674 millones.

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Esos dineros, reprocha la Procuraduría, eran dineros que debían usarse para el cumplimiento del contrato No. 001 de 2010 suscrito entre el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II. Y, al  parecer, se usaron con otros fines. En específico, en cinco contratos firmados en 2015. El primero es el Contrato OM-6-2015 de marzo de ese año suscrito con Consultores Unidos S.A por $2.892.090.808 millones.

El segundo, es el Contrato No.058 del 2015, suscrito con la sociedad Villarán S.A por $440.000.000 millones. También está el contrato No. 059 del 2015 firmado con Inversores Profesionales S en C por $945.175.182 millones; el contrato 052 de 2015 suscrito con Julio César Arango, representante legal de GESPIN S.A., el 6 de febrero de 2015 por $981.489.940; y el contrato 075 de 2015 suscrito también con Arango por $1.728.452.274 millones.

Además, están dos órdenes de suscritas en abril y junio de 2014 con el representante legal de GESPIN S.A.S, cada una por $699.709.100. Dentro del cargo dictado a los directivos también se señala el “pago de negocios jurídicos bilaterales por fuera del objeto del contrato de la concesión” con el contrato OM-5-2015 de marzo de 2015 firmado con Consultores Unidos S.A por $3.400.900.910. Y la “celebración y pago irregular de bilaterales con un objeto similar, sin soporte que acredite su ejecución” por la aceptación de una Oferta Mercantil de Profesionales de Bolsa del 27 de marzo de 2014 por $8.376.000.000.

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Entre los hechos que se cuestionan igualmente está el “Pago de Bilaterales que habían sido suscritos por Consol por fuera del objeto de la concesión” con el subcontrato EPC-SC-372 del 2014, suscrito por Consol con el Consorcio SION por $10.062.000.00 y el contrato de 2014 entre Consol y el Consorcio SION y la Empresa Técnicas Territoriales Urbanas por $7.500.000.000. Finalmente, se reprocha por la Procuraduría la celebración y pago de contratos que nunca se llevaron a cabo con el Acuerdo de Transacción con Consultores Unidos Colombia-Panamá del 28 de mayo de 2015 por $6.948.750.650

En el caso de Ferracuti, la Procuraduría indicó que “La Concesionaria Ruta del Sol, de la cual él era su representante legal, administró, manejó y utilizó recursos públicos, más aún, con recursos consignados en las subcuentas de manejo de la concesionaria, las cuales estaban destinadas exclusivamente para su uso específico en la ejecución del contrato. En el mismo sentido, también permitió que los subcontratistas se apropiaran de los recursos púbicos que estaban en el patrimonio autónomo de la concesión, a través de las cuales se les pagaron por obras y servicios que nunca realizaron o que no tenían ninguna relación con el contrato de concesión”.

Según la Procuraduría, Ferracuti, no solo sabía de las irregularidades que se estaban presentando en la ejecución del contrato de concesión de la Ruta del Sol II, sino que “también las cometió de manera directa”. Y, al parecer, con esta actuación, habría dejado de observar el principio de moralidad que se le puede aplicar en su condición de particular, porque debía propender por el cuidado de los recursos públicos de la Concesionaria.

De otro lado, la Procuraduría formuló otro cargo solo a Eder Paolo Ferracuti y Yesid Augusto Arocha Alarcón porque presuntamente habrían incurrido en el delito de cohecho por dar y ofrecer porque, en uso de sus cargos, “al parecer determinaron y realizaron la celebración y pago irregular de $24.510.750.650, recursos que salieron de la fiducia de la Concesionaria Ruta del Sol II para entregar  presuntas coimas y sobornos a otros particulares y servidores públicos”.

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Para la entidad, Yesid Arocha Alarcón tuvo una actuación transversal en todas las presuntas irregularidades y comisión de delitos en la ejecución del contrato de concesión. Según la Procuraduría Arocha participó en los primeros acercamientos y presiones al exviceministro Gabriel García Morales (hoy condenado), y en la autorización de contratos y pagos irregulares relacionados en desarrollo del negocio jurídicos. Para esto se tuvieron en cuenta las declaraciones del exsenador Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria.

“Estos declarantes han manifestado la decidida participación de Yezid Arocha en este delito, ofreciéndoles sobornos, con cargos a la concesión, con el fin de mejorar las condiciones contractuales de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S ante la ANI. Entre las personas que recibieron dinero y que incluso tienen condena penal en firme, o acercamientos con la Fiscalía General están Otto Bula, Federico Gaviria, Bernardo Miguel Elías Vidal, Gabriel Dumar Lora, Eduardo Zambrano, entre otros”, agrega el documento.

En el caso de Alberto Mariño Samper, la Procuraduría le reprochó que supuestamente permitió y toleró que la concesionaria utilizara indebidamente los recursos que tenían destinación exclusiva para la ejecución del contrato 001 de 2010 de la Ruta del Sol II, y que, al tener una función de vigilancia, orientación y control como miembro de la junta directiva, posiblemente actuó de forma omisiva al no impedir estas conductas irregulares, teniendo el deber jurídico de hacerlo.

“En cuanto al tema concreto tenemos que Alberto Mariño Samper, en su condición de miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S tuvo conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando en la ejecución del contrato de concesión: Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d) comunicaba insistentemente esta situación a la Junta Directiva de la Concesionaria (…); simplemente no hizo nada para evitar las evidentes ilegalidades que se estaban presentando con los dineros de la concesión”, señala el documento.

La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo y ordenó la compulsa de copias para que en un nuevo proceso disciplinario, se investigue a otros miembros de la junta directiva que pudieran estar comprometidos con las irregularidades en el manejo de los recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.

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