Fue una maquinaria bélica que asesinó, violó, desplazó y desapareció a miles de personas en Chocó, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Fue una organización que, con apoyo económico, político y militar, entre 1995 y 2006 perpetró al menos 1.700 crímenes que dejaron 6.069 víctimas directas. El bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá “constituyó una grave afrenta a los derechos humanos, teniendo que los combatientes de las huestes de esa estructura delincuencial cometieron los más atroces crímenes contra el derecho internacional humanitario”.
Así lo calificó el Tribunal Superior de Medellín en una sentencia de 8.786 páginas en la que condenó al máximo comandante de ese grupo, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y a otros 27 antiguos integrantes a penas entre los siete y ocho años, que fueron las acordadas en el proceso de Justicia y Paz. El fallo del pasado 17 de mayo, que hasta ahora se hizo público, tiene en cuenta varios de los casos más dolorosos que dejó el paso paramilitar por esa zona del país.
Por ejemplo, está la masacre de Bojayá de 2002, en la que se cuentan al menos 79 víctimas, o la participación para, en alianza con el general (r) Rito Alejo del Río, en la operación Génesis, que el Ejército planeó supuestamente en contra de las Farc, pero cuyo resultado final fueron unas 3.500 personas desplazadas en Chocó en 1997. En el marco de esta operación militar, además, fue ejecutado públicamente Marino López Mena, un agricultor del caserío Bijao-Cacarica, quien al parecer fue decapitado frente a toda la comunidad. Por ese crimen, el general (r) Del Río fue condenado a 25 años de prisión.
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Lo que encontró el Tribunal de Medellín fue una serie de patrones de macrocriminalidad que aterran. Aunque la Fiscalía sólo presentó 23 hechos de violencia sexual, los testimonios en realidad revelan que son muchos más los que quedaron invisibilizados. Aun así, se comprobaron accesos carnales, acosos sexuales, servidumbre y esclavitud sexual. Violaron para demostrar poder, como castigo de una aparente vinculación de la víctima con la guerrilla, en zonas donde había principalmente población negra e indígena, usando la fuerza física, amenazas y engaños.
Violencia sexual y otros crímenes
En Juradó (Chocó), ocurrieron la mayoría de los casos, seguido de Riosucio, Bojayá y Acandí; luego siguen Dabeiba y Necoclí, en Antioquia. Entre las víctimas se cuentan estudiantes, amas de casa, principalmente menores de edad. “No obstante, el ataque a las mujeres fue indiscriminado”, dijo el Tribunal. Las adolescentes fueron las más vulnerables: “No sólo por las amenazas que impartieran en contra de sus familiares o personas cercanas, sino también por el temor que les generaba el hecho de ser integrantes del grupo armado ilegal”.
“Me insultaban feo… me tuvieron encerrada en un alambre de púa, era como una cárcel con alambre de púa, estaba ahí sola, se acercó Platina y me dijo que si yo era guerrillera, yo le dije que no. Durante esos catorce días me golpearon una vez, fue Fredy, me dio un puñetazo en el brazo, también me violaron, fue a los ocho días que me trasladaron para el barrio El Chino, a una escuelita de ahí… me entraron para el salón, en la noche fue que entró Carlos, me violó, estaban mirando tres compañeros de él, no sé sus nombres”, contó una de las víctimas del Élmer Cárdenas.
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Incluso lo sufrieron las adolescentes reclutadas: “No me gustaba porque los comandantes, especialmente Cheja, nos ponía a hacer más trabajo y me decía que fuera la mujer de él, o sea que tuviéramos relaciones sexuales, y a mí me tocaba acceder para que no me maltratara. Y yo sí me sentía que me estaba violando, accedía por miedo, para que no me pusiera más trabajo, estuve varias veces con él”.
Las consecuencias fueron afectaciones psicológicas, desplazamientos, embarazos, abortos, lesiones personales. El Alemán confesó: “(Tengo que) aceptar mi responsabilidad (de) que esas damas se fueron con ellos por físico temor y en tal sentido eso fue acceso carnal violento, aunque ellos no tenían armas ahí, pero la investidura que ellos tenían pudo influir”. Para el Tribunal, la violencia sexual fue una práctica sistemática, generalizada y reiterada contra las mujeres y, por eso, entre otras determinaciones, ordenó a los exparamilitares pedirles perdón a sus víctimas en un acto público.
La violencia del bloque Élmer Cárdenas no para ahí. El extenso fallo reconoce cuatro patrones más de macrocriminalidad: reclutamiento de menores, homicidio, desaparición y desplazamiento forzado. Todo esto en el marco de un control territorial que emprendieron las Autodefensas de Córdoba y Urabá en zonas vulnerables, donde había ausencia estatal, falta de dinero y de trabajo y baja escolaridad. Lo que el Tribunal resalta es cómo ese horror paramilitar fue, en el fondo, un acto de lesa humanidad.
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“Los crímenes se ejecutaron bajo un innegable régimen de discriminación e intolerancia; pues las víctimas se ultimaron por los forajidos por sus condiciones personales y sociales, por supuestamente cometer actos en contra del orden legal, como es el caso de las personas señaladas como perpetradores de actos vandálicos o de delincuencia común, los consumidores y/o expendedores de estupefacientes; o simplemente, por resultar involucrados en altercados de convivencia, como lo son los conflictos entre parejas, amigos o vecinos; cuestiones que sin dubitación alguna, atienden a una política de control social”, dice el documento.
En cuanto a los homicidios, la Fiscalía presentó 1.163 casos ocurridos bajo la comandancia de Rendón Herrera, entre 1996 y 2006, la mayoría en el Chocó. Los crímenes se cometieron porque supuestamente las víctimas tenían vínculos con “el enemigo”, por la mal llamada “limpieza social”, por poder; se ejecutaron con armas de fuego, armas blancas, explosivos y hasta ahorcamientos. A veces las víctimas estaban amarradas o, incluso, había tortura previa. Y, dice el fallo, en un 10 % de los casos se contó con ayuda de agentes estatales.
Sobre la desaparición forzada, la Fiscalía presentó 636 casos, ocurridos principalmente en Chocó y Antioquia, en 1997. En palabras del Tribunal, no obstante, la cifra es irrisoria ante “la verdadera barbarie y crueldad desplegada por esa organización”. “Mi hijo una mañana iba caminando por el pueblo y lo llamaron los paramilitares y lo metieron a una casa, ese era el punto de reunión donde mataban a la gente y la tiraban al agua. Él no salió más de allí, nunca encontramos el cuerpo, ni denunciamos porque no nos atrevíamos”, dice uno de los testimonios.
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Se desaparecía como control social y para consolidar su proyecto paramilitar. Incluso, con apoyo militar. Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, líder desmovilizado del bloque Bananero de las Auc, explicó que era una política de todo el grupo ilegal. “Carlos Castaño nos cita a una reunión y nos comenta que empezáramos a desaparecer las personas o sacarlas de los pueblos para que no le dañáramos las estadísticas a los militares y policías o (sus) hojas de vida”. Lo propio dijo Rendón Herrera.
Para el Tribunal, estas revelaciones explican por qué el año de 1997 “fue donde más desapariciones forzadas se presentaron. El mismo que coincide con el pico más alto en los hechos de homicidio, todos ellos atribuibles al bloque Élmer Cárdenas; data en la que precisamente les fue impartida la directriz a los comandantes de los diferentes bloques paramilitares de desaparecer personas en lugar de cometer ejecuciones y dejar los despojos de las víctimas expuestos a la luz pública, situación que implicaría una intervención estatal”.
Volviendo a las cifras, las víctimas tenían principalmente entre 18 y 64 años, eran agricultores, comerciantes o estudiantes. Entre las tácticas utilizadas para la desaparición forzada están la inmersión en el río, las inhumaciones en fosas clandestinas, el abandono del cuerpo, desmembrar y arrojar las partes de los cuerpos a los ríos o desmembrar y enterrar en cualquier lado. Además, el bloque también hacía que las víctimas cavaran sus propias tumbas, “lo cual constituye una forma de tortura”.
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Destierros y reclutamiento
Sobre el desplazamiento forzado, la Fiscalía presentó 7.245 casos atribuibles a este bloque en 54 municipios, documentados desde el mes octubre de 1996. Tomando una muestra de 918 casos (el 13 %), el Tribunal seleccionó los episodios más representativos, como la operación Génesis. La siguen las incursiones a Bojayá en 2002, Riosucio en 1996, San José de Urama en 2002 y los combates en Dabeiba en 2004. ¿La conclusión? Que esa estructura paramilitar “trasladó y desarraigó forzadamente a localidades y comunidades enteras, cuyo número de víctimas lejos está de la enseñada por la Fiscalía”.
Se provocó un desplazamiento tras las incursiones armadas, tras combates con la guerrilla, con amenazas y con homicidios, generando temor, con uso de armas y explosivos. Y eso implicó un abandono de tierras. “Me desplacé para Turbo porque llegaron las (ACCU) y nos dijeron que teníamos que desocupar en el término de la distancia (...) ya habían matado a otras personas, entre ellas al señor Marino López, que le mocharon la cabeza y jugaron fútbol con ella en presencia del pueblo, para que les cogiéramos miedo”, dijo una víctima.
El Tribunal registró 5.801 víctimas de desplazamiento del Élmer Cárdenas. Y, una vez más, evidenció nexos con la Fuerza Pública. De los 918 casos seleccionados, según la Fiscalía, en casi la mitad hubo colaboración o aquiescencia de agentes estatales. Para el Tribunal, esa “confabulación” fue “macabra e ilícita”. De hecho, de la operación Génesis, alias el Alemán aceptó ser “corresponsable”. “Fue tal el contubernio (...) que las víctimas no distinguían entre militares y paramilitares, pues actuaron de la mano utilizando el mismo vestuario y armamento, y bajo el mismo desprecio por la condición humana”.
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En cuanto a reclutamiento ilícito, la Fiscalía presentó 309 casos en los que las víctimas eran menores de edad que mediante convocatorias, presión, abordaje individual, uso de la fuerza y engaño se unieron al bloque Élmer Cárdenas, usando como criterios su juventud, que antes hubieran estado en filas de un grupo armado (por experiencia) y que estuvieran en buena forma. Incluso se hacían ofertas económicas que aceptaban ante la falta de trabajo.
El bloque además tenía escuelas de adoctrinamiento: el Mapanao en el Chocó, que funcionó desde marzo hasta octubre de 1999; El Parque, en la vereda Sale el Sol de Necoclí (Urabá antioqueño), que operó desde 2000 hasta 2002; El Roble, también en Necoclí, en donde de 2002 a 2003 se dictaron cursos de patrullero, comando y fuerzas especiales; la escuela La Barracuda, igualmente en Necoclí; la Samuel Hernández, ubicada entre el río Truandó y Clavelino, en el Chocó, que funcionó entre 2004 y 2006, y la escuela Dabeiba, que operó de 2002 hasta finales del 2004.
El adoctrinamiento tenía etapas precedidas de un curso básico militar. En la primera, explicó el Tribunal, se hacía un curso de 51 días de acondicionamiento físico. Luego venía un mes de “estudio” en el manejo de armas y otro sobre estrategia de combate, primeros auxilios y comunicaciones. Después se hacía “una práctica” en el terreno y quien la aprobara pasaba a ser patrullero. Según la Fiscalía, la mayoría de los menores reclutados fueron patrulleros, enfermeros, escoltas, cocineros, radioperadores o actividades de inteligencia. Los registros del bloque hablan también de un pago de nómina que variaba entre $250.000 y $380.000.
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El último hecho que destaca la voluminosa sentencia es el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba, perpetrado en Medellín entre el 21 de mayo y el 4 de junio de 1999. Participaron Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Iván Roberto Duque, conocido como Ernesto Báez, León Alberto Henao Miranda, alias Pilatos, y el Alemán. El móvil del crimen fueron los supuestos vínculos de Córdoba con el Eln, evidenciados en unos casetes que habría entregado el entonces subdirector del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), José Miguel Narváez, a Carlos Castaño Gil.
Financiación de paras es de lesa humanidad
En esta sentencia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín determinó que el apoyo de terceros para fortalecer y ayudar desde lo económico, lo político y lo militar a los paramilitares es un crimen de lesa humanidad. Según los magistrados, estos terceros hicieron parte de la dinámica criminal y aportaron a diversas formas de violencia, por interés personal o traicionando a la institucionalidad. Justamente lo opuesto a lo que la Jurisdicción Especial para la Paz determinó hace poco, al rechazar las peticiones de dos investigados por parapolítica —David Char y Álvaro Ashton—, señalando que sus posibles nexos con grupos paramilitares no guardaban relación con el conflicto.
“De allí que en el desarrollo judicial que se ha desplegado el proceso de Justicia y Paz, se ha catalogado la colaboración y financiación a los grupos paramilitares como un crimen de lesa humanidad. Lo anterior, con la finalidad de fijar la memoria histórica y suministrar a las víctimas de los diferentes hechos criminales perpetrados por este brazo paramilitar la garantía de que conozcan la verdad de lo sucedido, cumpliendo así con los compromisos internacionales del Estado colombiano”, precisa el fallo.
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El Tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a varios servidores públicos e integrantes de la Fuerza Pública que aparecen reseñados en versiones libres de paramilitares de manera directa o genérica. Por ejemplo, Otoniel Segundo, alias Ovejo, menciona a policías de Arboletes entre 1996 y 2002; el Alemán habló de miembros de la Brigada 17 del Ejército en Carepa. Igualmente son reseñados Pedro José Martínez, expersonero de Canalete; Juan Antonio Jabid, exalcalde de Córdobas; un servidor de la Fiscalía de Riosucio, entre otros.
Igualmente se pidió a la Fiscalía que investigue a fondo el caso del secuestro de Piedad Córdoba, la operación Génesis y otros 107 casos de víctimas de posible reclutamiento. Consideró que todavía falta esclarecer por parte del ente acusador si hubo un patrón de macrocriminalidad de tortura y otro de despojo y abandono forzado de tierras. Además, los exparamilitares deben comprometerse a ubicar a las personas dadas por desaparecidas y el Gobierno debe construir casas de la memoria.
Además, el fallo ordenó al Gobierno hacer un plan de atención médica y psicológica a las víctimas, instalar un puesto de salud en Bojayá, garantizar la seguridad de los pueblos indígenas afectados e incluir a las víctimas en programas de emprendimiento, vivienda y educación, entre otros. También se ordenó la extinción del dominio de una serie de bienes entregados por los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz para la reparación de las víctimas y les ordenó indemnizarlas por los perjuicios causados.