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La búsqueda de la verdad suele traer de regreso a la memoria colectiva engorrosos capítulos que mortifican a los expresidentes y sus círculos de opinión. Es el caso de los exmandatarios Ernesto Samper y Andrés Pastrana, eternamente entrelazados desde las dos orillas de su disputa histórica. Ahora, por cuenta de una supuesta carta de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela que equilibran las cargas de los señalamientos. La película de los narcocasetes 27 años después, con un agregado en la versión final para la Comisión de la Verdad.
Un episodio sin suficiente verdad que se produjo en un contexto de reacomodo de poderes. El fiscal Gustavo de Greiff había entrado en una pelea desigual con la justicia estadounidense a raíz de sus acercamientos a los narcos de Cali y el norte del Valle, vía Ley 81 de 1993, cocinada en el Congreso con fichas jugadas a la distancia por los capos de la mafia; y el presidente César Gaviria salía electo como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El domingo 29 de mayo, Samper ganó la primera vuelta por un estrecho margen.
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Entonces el país entró en una cuenta regresiva matizada por la inminente participación de la selección de Colombia en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 1994. Todo se desencadenó como en un seriado de televisión. El equipo debutó con derrota el 19 de junio, con cuñas en medio del juego invitando a votar. Al día siguiente salió electo Samper. A las 48 horas, su contendor destapó el escándalo de los narcocasetes, y reiteró su argumento de que un presidente que hubiera recibido dineros del narcotráfico no tenía título moral para conducir a su pueblo.
Ese mismo día, el fiscal De Greiff admitió que el ministro de Defensa, Rafael Pardo, le había entregado un casete con graves sospechas contra las campañas de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Realmente se trataba de varias conversaciones telefónicas entre el periodista Alberto Giraldo López y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, a través de las cuales se deducía un intenso trabajo de cabildeo político del cartel de Cali con líderes de la política. Con una particularidad de ocasión, entre los mencionados había activos colaboradores de las dos campañas.
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En el revuelo que se armó tras la revelación del contenido de los narcocasetes, más de un político o empleado de campaña tuvo que salir a explicar su relación con el escándalo. Mientras el país caía en la depresión absoluta tras la derrota de la selección el 22 de junio ante Estados Unidos, con autogol de Andrés Escobar, y la consecuente eliminación del Mundial, cada comentario de los mencionados solo causaba indignación. Todos ajenos a la situación o dando explicaciones desde la versión de los encuentros ocasionales y los gajes de la política.
De un lado, el tesorero de la campaña Samper, Santiago Medina, contó que en una de las giras en Cali una persona lo abordó para ofrecerle una contribución de los Rodríguez Orejuela y que rechazó el ofrecimiento. Menos de un año después, Medina se convirtió en el testigo estelar del proceso 8.000 contra la campaña Samper. Otros de los referidos en las conversaciones de Giraldo con los capos del cartel de Cali, poco a poco fueron cayendo en la redada. Como los políticos Eduardo Mestre, Jaime Lara y José Guerra, o el empresario deportivo César Villegas.
Fue una época de permanentes noticias sobre los hallazgos del 8.000, que dejaron al descubierto la presencia de dineros del cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia. El entonces cardenal Pedro Rubiano se encargó de ponerle la chapa cuando comparó lo sucedido con el dueño de la casa que no se da cuenta que a su sala ha entrado un elefante. Desde entonces, los caricaturistas han tenido cómo hacer memoria de estos tiempos de cacería judicial de políticos, y el intento fallido de la justicia por cortar definitivamente los nexos entre política y mafia.
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En cuanto a la orilla pastranista, los narcocasetes pusieron a dar explicaciones al tesorero de la campaña, Hernán Beltz Peralta, y al jefe político conservador de Cundinamarca, Álvaro Pava Camelo. El primero dijo que Alberto Giraldo sí lo llamó a decirle que algunas personas que no querían identificarse estaban interesadas en aportar dinero a la campaña, pero que él contestó que no podía hacerlo si no se identificaban. Agregó que se lo comentó a Pastrana, quien estuvo de acuerdo, y luego volvió a reunirse con Giraldo para comunicárselo.
Respecto a Pava Camelo, se declaró indignado y aseguró que nunca había hablado con los capos y que solo asistió a un almuerzo que Alberto Giraldo ofreció al expresidente Misael Pastrana en el restaurante La Barra, dos días después de la primera vuelta. No obstante, admitió conocer de vieja data a Giraldo por haber sido empleado de la cadena radial de su familia. Según la carta que ahora se conoce, atribuida a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ambos admiten sin tapujos que fueron amigos de Álvaro y Humberto Pava, y de muchos otros que fueron cayendo en la redada del 8.000 entre 1995 y 1996, en una carrera contrarreloj de los poderes en contienda.
La Fiscalía de Alfonso Valdivieso, con denuncia a bordo contra Samper y cerco a la primera línea de colaboradores de su campaña electoral; y el bloque de búsqueda de la Policía al mando del general Rosso José Serrano, poniendo a buen recaudo a los capos del cartel de Cali. Al final, Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes en junio de 1996, y el fuego del proceso 8.000 se fue apagando por desgano judicial.
La Corte Suprema de Justicia intentó investigar las razones del voto contraevidente de los congresistas, pero se atravesó una tutela en que la Corte Constitucional cobró territorio en la defensa de la independencia del voto de los legisladores. A falta de políticos ante la fiscalía sin rostro, se fueron sumando a la pesquisa judicial dirigentes deportivos, periodistas y artistas de renombre. Cuando las aguas turbias del 8.000 le daban al cuello a celebridades y poderes, el escándalo se fue diluyendo en el registro de la justicia, las noticias de los medios y la memoria del país.
Hoy, 27 años después, la Comisión de la Verdad sigue escuchando de viva voz y ante el país a los exmandatarios y todos siguen atrincherados en sus propias versiones. El dilema es que cuando salen a repetir su guión y lo resaltan los medios de comunicación, aparecen también quienes se quedaron con parte de una verdad que la justicia no logró develar hasta el fondo. Como tantos otros escándalos de corrupción, violencia o narcotráfico, se quedó a mitad de camino o enredada en el laberinto judicial. Muchas veces reclamando una independencia que la política ha sabido limitar.