Los nuevos puestos en la Procuraduría no cumplirían el fallo de la CorteIDH

El pasado 24 de diciembre el presidente Iván Duque aprobó el decreto 1851 de 2021, con el cual se ordena la creación de 1.208 nuevos cargos en la Procuraduría. Esta decisión, según dijo el mismo Ministerio Público en un inicio, sería para cumplir con el fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ahora la polémica está en que la reforma de la entidad no cumpliría realmente lo que exige el tribunal internacional.

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Según un documento emitido en noviembre pasado por la Corte, lo que se le exigió al Ministerio Público fue eliminar funciones de la Procuraduría sobre las sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos de elección popular, más no crear nuevos cargos dentro de la entidad. Lo ordenado por el tribunal internacional se da por la demanda que presentó el hoy senador Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá (2012-2014) por las irregularidades que se registraron bajo su mandato con el esquema de basuras en la capital del país.

Por su parte, la procuradora general, Margarita Cabello, aseguró que al asumir su cargo como jefe de la entidad se encontró con que el fallo de la Corte no se había acatado, por lo cual presentó la Ley 2094 de 2021, la primera que buscó crear estos nuevos puestos, para que el Estado cumpliera la decisión. Asimismo, le jefe del ente de control manifestó que “para cumplir con el fallo de la corte debimos separar funciones de instrucción y juzgamiento, tener la garantía de doble instancia en todos los procesos disciplinarios y crear la doble conformidad. Los procuradores delegados, regionales y provinciales no pueden instruir y fallar al mismo tiempo. La Corte IDH dice que eso viola las garantías al debido proceso”.

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En otro sentido, el documento de la CorteIDH sostiene que, en casos como la destitución de Petro como alcalde, en el que se corrobore que cometió alguna conducta ilícita, la sanción debe ser impuesta por un juez penal y no por una autoridad administrativa a la que se han otorgado funciones jurisdiccionales. De la misma manera, el tribunal afirma que hasta el momento el Estado colombiano “no ha presentado información sobre acciones que estén dirigidas directamente a corregir la restricción de derechos políticos de funcionarios públicos de elección popular”.

El tribunal internacional asegura que “se encuentra pendiente de cumplimiento esta adecuación normativa, ya que aún no se ha adoptado ninguna medida”. En el documento de la Corte, con el que se hizo la supervisión del cumplimiento de su fallo, le solicitaron al Estado que “en su próximo informe presente información actualizada y detallada sobre las medidas que está adoptando en su derecho interno para llevar a cabo tal adecuación de su normativa”.

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A la negativa de la CorteIDH sobre la intención de la procuradora Cabello se sumó el senador Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que “la sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas. En cambio, lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.

El polémico decreto dispone que dentro de los nuevos cargos habrá 20 asesores que trabajarán asignados al despacho de la procuradora Cabello, un director en el despacho del viceprocurador Antonio Emiro Thomas Arias, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrital y 60 procuradores provinciales, entre otros. Fuentes del organismo señalan que esos cargos estarán siendo enviados a las procuradurías delegadas o regionales para labores que se requieran en determinados casos.

De acuerdo con la Procuraduría, los nuevos cargos estarán distribuidos en carrera administrativa, con un 89 % del total de los nuevos puestos, y el 22 % corresponden a promover el acceso al programa del primer empleo. De la misma manera, la entidad afirma que la Sala de Juzgamiento de Funcionarios de Elección Popular será elegida por concurso, el cual estará liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

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