3 May 2021 - 2:00 a. m.

Los “peros” a la militarización de Iván Duque

Aunque varios alcaldes y gobernadores han dicho que no solicitaran este apoyo, expertos en seguridad señalan que esta medida generaría aumento en la violación de derechos humanos. Sectores políticos advierten que se trata de estigmatizar la protesta.

Aunque el presidente Iván Duque anunció que retirará el proyecto de reforma tributaria para presentar una nueva propuesta, las organizaciones que promovieron las manifestaciones que se realizaron en varias zonas del país no se habían pronunciado al cierre de esta edición respecto a la última determinación del primer mandatario. Incluso, todavía está prevista una nueva movilización para el próximo 19 de mayo y el retroceso del Ejecutivo en su determinación de aprobar la cuestionada reforma les dio impulso extra a la protestas ciudadanas, que han dejado un número aún indeterminado de muertos, choques con la fuerza pública, abusos policiales y algunos focos de vandalismo.

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Previo al anuncio de retirar la propuesta de reforma tributaria, Duque se reafirmó en que las calles seguirán militarizadas, pues “hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden público, nuestras Fuerzas Militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”. El Espectador contactó a expertos en seguridad para conocer qué implicaciones tiene el pronunciamiento del presidente, quien vive uno de los momentos más críticos de su gestión. De entrada, los académicos señalan que el anuncio de Duque no se trata de una orden, ya que es una herramienta de la que podrán echar mano alcaldes y gobernadores, como hace pocas horas anunció la Gobernación de Caldas.

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Por ejemplo, las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, algunos de los epicentros de las movilizaciones, ya señalaron que no optarán porque en sus calles transiten miembros del Ejército. “Lo que hizo el presidente Duque fue dar el espacio jurídico para que se pueda militarizar. No es una orden. Lo sería si estuviéramos dentro de un Estado de excepción, en el que todo el orden público termina siendo de autonomía presidencial. Sin embargo, en ese escenario -que no creo que suceda- Duque tendría que contar con la aprobación del Congreso para sacar a los militares a las calles y estaría por encima de la autoridad local policial, es decir, alcaldes y gobernadores”, señaló Iván Díaz a este diario.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle del Cauca, autorizó la semana pasada que el Ejército acompañara a la Policía durante los patrullajes para evitar alteraciones del orden público en la ciudad, en donde la Fiscalía investiga en qué circunstancias murieron seis personas durante las jornadas de protesta. Díaz dice que Ospina autorizó esta presencia militar porque también le correspondía responsabilidad en una ciudad que vio algunos de los episodios más graves de enfrentamientos de ciudadanos con la fuerza pública, saqueos, pero también grandes concentraciones y marchas pacíficas. “Tenía niveles de confrontación que no había en otras zonas”, dice el experto.

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Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, dice que la militarización puede recrudecer las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. “Militarizar las calles siempre ha obedecido a un tema de conflicto armado y no a uno de protesta ciudadana. Hacer esto en América Latina después de las dictaduras militares del siglo XX atenta con el modelo democrático. Esa figura del acompañamiento militar es una antesala a un Estado de excepción y que es un escenario que recorta los derechos fundamentales y es peligroso que esa puerta se abra”, dice el analista Rosanía, quien ha sido corresponsal en conflictos armados.

Las voces sobre la militarización

Sectores políticos como los de la oposición también señalan que la salida de militares a las calles puede recrudecer violaciones de derechos humanos y puede ser usado para estigmatizar la protesta social. “Presidente Duque, es peligroso el detonante que activó esta noche al anunciar provocadora militarización. Militares tienen todos los retos en zonas rurales de su competencia”, dijo la senadora del Partido Verde Angélica Lozano a través de sus redes sociales el pasado 1° de mayo. Ese mismo día, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que las disidencias de las Farc habían infiltrado las marchas y que eran los responsables de los desmanes que se presentaron en Cali la semana pasada.

El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, y quien hace pocos días propuso militarizar las calles, le dijo a El Espectador que “el presidente ha anunciado la medida de asistencia militar para casos extraordinarios en ciudades donde se presenten actos criminales que amenacen el orden público. La asistencia militar es una herramienta consignada en nuestra Constitución y cuyo objetivo es siempre respetando los derechos humanos, acompañar a la Policía para retomar el control. Esta es una medida que ayudará a garantizar los derechos de miles de ciudadanos”.

Al cierre de esta edición, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el alcalde de Cartagena William Dau, también señalaron que no requerirán de la presencia de militares en estas regiones. A su vez, el gremio camionero anunciaba que entrarían a apoyar el Paro Nacional y se planeaba que en la jornada de hoy varias organizaciones de taxistas también salgan a las calles para mostrar su descontento con un proyecto de ley que buscaba reglamentar las plataformas digitales para la prestación del servicio público de transporte en carros particulares, y que al final fue hundido en la Cámara de Representantes.

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