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En diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó un documento de entrega de predios a 30 familias del municipio de Baraya (Huila). Todas agrupadas en una asociación de víctimas, que podrían usar las tierras para actividades productivas. Sin embargo, ese objetivo se habría desviado por cuenta de uno de sus beneficiarios, hermano del alcalde de ese municipio, que ha sido cuestionado por veedores ciudadanos.
El Espectador conoció una denuncia ciudadana puesta en conocimiento de las autoridades, que señala que el hermano del mandatario local estaría aprovechando los predios entregados por la ANT, para que ganaderos se beneficien de ellos. Revela además videos en los que habla públicamente sobre el uso de las tierras para criar ganado de terceros. Este diario consultó a los implicados en un caso que podría terminar en la revocatoria de la entrega de predios por parte del Estado.
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El origen de las denuncias
El 30 de diciembre de 2024, 31 familias de la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz), firmaron un acta de entrega provisional de un predio denominado Santa Helena, adquirido por la ANT en el marco de la reforma agraria y de una extensión de 666 hectáreas. Ese documento fue firmado por Lester Fabián Garrido Arenas, representante de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Huila, Teodulo Cardozo Aragonez y Yeida Sileny Cutiva Jiménez, en representación de la comunidad.
En el documento de la entrega, la ANT señala una serie de consideraciones que las 31 familias agrupadas en Arcopaz debían cumplir en el marco de la cesión provisional de los predios. ¿El objetivo?: “En procura de la conservación y mantenimiento del predio y su correspondiente dotación, en el mismo estado en el que se recibe, salvo los deterioros naturales originados por el paso del tiempo y el uso adecuado”, se lee en el acuerdo conocido por este diario.
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A renglón seguido, el acta relaciona 17 puntos que la organización y las familias que la integran deberían tener en cuenta para garantizar el buen uso de las tierras y la tenencia de las mismas. Ese decálogo incluye lineamientos como tener una buena conducta con los propietarios de predios aledaños, no sembrar cultivos de uso ilícito, no permitir el ingreso de familias distintas a las que están en el acuerdo de entrega y “explotar el predio con el trabajo personal o directo de los asociados”.
Justo el cumplimiento de esos puntos es lo que la veeduría ciudadana alega que se estaría incumpliendo en el caso de las tierras entregadas a Arcopaz. Amir Cardozo Tovar, uno de los integrantes de la asociación y quien aparece en la lista de beneficiarios certificados por la ANT, es hermano de Luis Enrique Cardozo Tovar, político del partido Cambio Radical y actual alcalde del municipio de Baraya.
Según la denuncia, Amir Cardozo estaría alquilando los predios para el engorde de ganado de terceros, a fin de hacerse a ganancias, lo que iría en contra de las tres primeras condiciones consignadas en el acta de entrega:
- “No podrá ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados de la presente entrega, en ningún caso, sin autorización previa, expresa y escrita del propietario.
- “No enajenar, arrendar o transferir a cualquier título los predios entregados provisionalmente sin la autorización expresa de la Agencia Nacional de Tierras - ANT.
- “No ceder la presente asignación ni ninguno de los derechos que de esta se deriven.”
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Prueba del presunto incumplimiento de esas cláusulas son las imágenes de algunas cabezas de ganado que estarían en el predio Santa Helena y un video de una reunión en la que Amir Cardozo habla públicamente sobre el alquiler de las tierras para el levante de bovinos. “Hemos estado tocando puertas con empresas, nos las están abriendo para nosotros poder seguir trabajando”, dice al inicio de la grabación.
A renglón seguido, señala: “Ahorita decía que la finca no era para que la explotaran los ricachones, ¿sí?, los adinerados. En este momento, como no tenemos como trabajar, no nos ha abierto las puertas todavía ninguna empresa, apenas las están abriendo, pero no hemos tenido ningún recurso, ¿a quién tenemos que recurrir? A personas adineradas”. Y agrega: “En este caso, el ganado que hay acá no es en arriendo, no es propio”.
Luego, hace referencia a “indirectas” de otro de los asistentes a la reunión y agrega: “Yo estoy responsable de ese ganado, porque lo he recibido al mayor valor. (...) Y si hay otra persona que quiera conseguir ganado al mayor valor, que lo haga y me quedo yo a un lado, si de pronto las pullas son para mí”. Luego afirma que ha recibido, en total, 76 animales “al mayor valor”, una técnica que se usa cuando el dueño de las cabezas de ganado se las entrega a otra persona para que las levante en sus predios o las subaste y recibir ganancias compartidas.
“Tenemos ahorita, en este momento, que aliarnos a una persona adinerada para que nos apoye, porque entonces dónde vamos a tocar puertas si estamos todos manicruzados (sic). Yo no le puedo decir al señor Leonidas ‘deme 100 cabezas de reses’, porque él no las tiene. Y si las tuviera no estaría trabajando acá, en esta finca”, dice Amir Cardoso en el video. Agrega: “Sí, le estoy recibiendo ese ganado a una persona adinerada, porque una persona pobre no nos va a dar ese ganado”. Concluye asegurando que con dineros propios de Arcopaz solo han comprado “dos vacas y dos caballos”.
Ante las declaraciones del hermano del alcalde de Baraya, la denuncia ciudadana señala: “La vocación agrícola del predio ha sido tradicionalmente agropecuaria, pero diversos testimonios de la misma comunidad y registros indican que se estarían incumpliendo las obligaciones legales de los asignatarios provisionales, como Arcopaz”. Agrega además que hay “un preocupante incumplimiento de las funciones de la Personería de Baraya como agencia del Ministerio Público”, para ponerle el ojo a las presuntas irregularidades.
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Responden los implicados
Tras conocerse la denuncia, El Espectador se puso en contacto con el alcalde, Luis Enrique Cardoso Tovar. Al responder a las preguntas relacionadas con las presuntas irregularidades en los predios entregados por la ANT en Baraya y de los cuales se estaría beneficiando su hermano, aseguró no tener conocimiento y delegó a Carlos Alberto Aroca, secretario de Planeación del municipio, para que se pronunciara al respecto.
En su diálogo con este diario, el secretario Aroca también negó tener conocimiento y delegó el seguimiento a la ANT. “Por el momento nosotros no tenemos información sobre eso, porque la Agencia Nacional de Tierras todavía no ha establecido ni siquiera el Comité de la Reforma Agraria que ellos deben activar. La Administración Municipal ha hecho esa solicitud, que lleva bastante tiempo”, dijo el funcionario.
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Agregó que, justo por no tener un comité de seguimiento establecido, no es posible controlar el uso que la asociación le esté dando al predio. “Sabemos que ellos están en este momento con un comodato que les entregó parcialmente la ANT. Pero en cuanto al manejo que le están dando interno a las tierras y que la ANT haya hecho alguna notificación al municipio de Baraya para que hiciera acompañamiento y seguimiento a dichas entregas, no. Hasta el momento, nosotros no hemos sido parte de esas actividades”, concluyó el funcionario.
Por su parte, la ANT refutó los argumentos de la Alcaldía de Baraya. Lester Fabián Garrido Arenas, representante de la Unidad de Gestión Territorial de la entidad en Huila, le dijo a este diario que la administración no hace parte del Comité de la Reforma Agraria. Pero que, sin embargo, esa instancia sí se ha convocado y que, a la fecha, hay 25 comités de seguimiento conformados en el departamento del Huila.
Además, aclaró cuál es la función de esos comités, que no están relacionados con el seguimiento, como argumenta la administración: “Los comités no son los que definen las compras o las adjudicaciones de la tierra, ni los beneficiarios. En estos espacios se toman decisiones estratégicas sobre la implementación de la Reforma Agraria”, explicó Garrido Arenas.
También habló sobre las presuntas irregularidades evidenciadas en la denuncia ciudadana. “El predio se cedió mediante una entrega provisional a la organización campesina denominada Arcopaz. Entrega que ha evidenciado actos de confrontación violenta y el presunto incumplimiento de las tres primeras obligaciones de la entrega provisional que busca proteger el uso exclusivo de la tierra de la Reforma Agraria por parte de la población campesina sin tierra, y no, terceros, como ocurre en el caso”, dijo el funcionario.
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Además, hizo hincapié en lo delicado que sería si se llegara a confirmar que ganaderos, actuando como terceros, estarían negociando el levante de ganado en los predios entregados a Arcopaz. Puntualmente en negocios relacionados con Amir Cardozo, hermano del alcalde Luis Enrique Cardozo. “Aunque hay varios incumplimientos, el más grave es ceder parcialmente la explotación del predio para que un tercero se beneficie, y que el responsable de eso sea el hermano del alcalde”, dijo el funcionario de la ANT.
Por ahora no hay pronunciamientos directamente desde Arcopaz. Sin embargo, El Espectador supo que la ANT ya tomó la decisión de, en el marco de las investigaciones que adelantan por la denuncia de veeduría ciudadana, adelantar la recuperación del predio, pues “estaría siendo utilizado presuntamente como un negocio en favor de particulares”. Es decir que, por el presunto mal manejo, las 666 hectáreas entregadas hace menos de un año a campesinos de Baraya, volverían a manos del Estado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
