Dos escenarios totalmente diferentes pero que persiguen el mismo fin, debe sortear el registrador nacional, Alexander Vega, quien ha sido cuestionado por cuenta de las irregularidades que se registraron durante y posterior a las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo. Desde el ala política, varios sectores han pedido que renuncie a su cargo. En materia jurídica, en el Consejo de Estado, el jefe de la Registraduría tiene varias demandas de nulidad a su elección, y en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reposa una acción popular que busca suspenderlo del cargo. Ambos procesos se mueven a la par durante estos días.
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Las demandas de nulidad que se acumularon en un solo expediente y que reposan en el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez desde hace un poco más de dos años, empezaron a moverse en las últimas semanas. Este miércoles, precisamente, recibirá el testimonio de los expresidentes de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García y del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez, quienes fueron los encargados de adelantar la entrevista y posterior selección de Vega como registrador.
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Los expresidentes de las altas cortes rendirán versión sobre la forma en la que se llevaron a cabo las entrevistas de los aspirantes y la logística en la que se adelantaron esas diligencias. Los demandantes reprochan que algunos cambios de último momento pudieron favorecer a Vega para llegar a ser jefe del órgano electoral. Por lo general, las entrevistas se realizan de manera presencial en el Palacio de Justicia, pero esa vez hubo una excepción por cuenta de una serie de movilizaciones que se concentraron en el centro de Bogotá. Los entonces presidentes de los altos tribunales decidieron cambiar el lugar.
Vega y sus contrincantes terminaron llegando al Centro de Oficiales de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá, y presentando sus perfiles a puerta cerrada. Esas dos situaciones fueron las que llamaron la atención de los demandantes, quienes presentaron varias acciones en contra de esa elección. Así las cosas, para verificar si se incurrió en alguna irregularidad, el consejero Álvarez decidió tener el testimonio de los expresidentes para que revelen información de cómo tomaron la decisión de cambiar el lugar de las entrevistas y por qué se llevaron a cabo de manera reservada. Además, el magistrado también busca verificar las actas en las que quedaron consignadas las horas de ingreso de los aspirantes.
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Álvarez ordenó la práctica de otras pruebas. Por ejemplo, solicitó que la oficina de prensa de la Corte Constitucional revele el link por el cual se hizo pública la convocatoria para las entrevistas y si estas finalmente fueron colgadas en algún sitio web. También pidió la declaración del secretario ad hoc, Juan Enrique Bedoya, quien presenció el evento. El funcionario debe consignar en la audiencia las horas en las que se realizaron las entrevistas, el listado de quienes participaron y si finalmente fueron de manera pública o reservada.
Así, el expediente contra Vega en el Consejo de Estado va avanzando. Mientras tanto, en el Tribunal de Cundinamarca arranca motores otro recurso en su contra. El magistrado Luis Manuel Lasso tiene en su poder la acción popular que presentó el abogado Germán Calderón que pide suspender a Vega del cargo, pero esta vez por las irregularidades que se presentaron en los comicios del 13 de marzo. El pasado 21 de abril, la corporación no solo aceptó para su estudio el recurso, sino que le dio cinco días al registrador para que respondiera sobre los señalamientos en su contra y poder tomar una decisión de fondo.
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Por otro lado, el registrador cumplió con el plazo que le dio la corporación y en cinco días entregó su versión. Dijo que “es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión en el ejercicio del cargo de Registrador sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados”, fue la respuesta del jefe de la Registraduría.
Vega llamó la atención al magistrado sobre el recurso de Calderón y dijo que la posible vulneración de la moralidad administrativa de que lo acusa Calderón debe acreditarse de manera objetiva en cuanto a la intención de “defraudar la confianza pública que se ha depositado en un funcionario”. Para Vega, con su actuar, no se logra demostrar una conducta que intencionalmente “transgreda el ordenamiento legal y jurídico a título de fraude”, por lo que le pidió al tribunal desestimar los argumentos presentados de la acción popular. En ese entendido, el tribunal deberá analizar de fondo los argumentos de Vega y el recurso del abogado.
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Los recursos que persiguen apartar del cargo al registrador no son los únicos que reposan en su contra. La Procuraduría le abrió una investigación. Fue la propia Margarita Cabello la que aseguró que el Ministerio Público indaga si se registraron, por parte de Vega, irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados que estuvieron al frente de los comicios en marzo pasado. Mientras las pesquisas de la Procuraduría avanzan, las declaraciones de hoy de los expresidentes de las cortes, podrían ser claves para el expediente en el Consejo de Estado contra Vega.
