El expediente del exsenador y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por presunta corrupción en contratos mientras fungió como alcalde de Bucaramanga, ha pasado por todos los escenarios. Empezó en la Fiscalía, pero una vez asumió como congresista, fue enviado a la Corte Suprema de Justicia porque tiene la competencia de investigar y juzgar a aforados. Tras su renuncia al legislativo, el proceso regresó al ente acusador y tras varias dilaciones para empezar el juicio oral, este viernes la Fiscalía finalmente presentó una vez más sus argumentos para llevar al político a una condena.
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Esa es la intención del fiscal quinto de Bucaramanga, Jorge Alberto Villamizar, quien ante el juzgado décimo de conocimiento de Bucaramanga presentó 10 puntos que considera claves en la investigación. El político está ante los estrados judiciales por el denominado caso Vitalogic. En agosto de 2020, la Fiscalía radicó la acusación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos porque, al parecer, intervino para que un contrato que resolvería la situación de los residuos sanitarios del botadero El Carrasco fuera adjudicado a una sola empresa sin cumplir los requisitos legales.
El contrato se firmó entre el asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez, en 2016, y tenía la finalidad de asesorar técnica y jurídicamente a la administración para contener los residuos del relleno sanitario que durante años atrás dejó afectaciones a las comunidades que estaban a su alrededor. Lo que dice la Fiscalía es que, en este caso, Luis Carlos Hernández, hijo del exmandatario local, habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato.
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El fiscal Villamizar en medio de la diligencia que se llevó a cabo este viernes de forma virtual dijo que cuenta con pruebas suficientes para poner tras las rejas y con una condena a quien fue el contendor del hoy presidente Gustavo Petro. El fiscal del caso afirmó que el contrato se celebró por más de $344 millones en agosto de 2016, y que “Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga se interesó indebidamente en que Jorge Hernán Alarcon Ayala fuese el contratista elegido dentro del proceso para celebrar el contrato”.
A juicio de la Fiscalía, el ingeniero Rodolfo sostuvo una reunión entre 2015 y 2016 en su apartamento en donde, supuestamente, se pactó favorecer a Alarcón Ayala en la contratación. Para el fiscal está claro que el comportamiento de Hernández fue en calidad de determinador por lo que es el presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos. Lo que le reprocha el ente acusador a Hernández es que sabía que ostentaba el cargo de alcalde en el que debía velar por los recursos del municipio.
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“Rodolfo Hernández con su comportamiento lesionó el bien jurídico protegido de la administración pública y de acuerdo con las pruebas lo hizo sin justa causa”, explicó el fiscal en medio de la diligencia. Añadió que el excandidato presidencial tenía la capacidad de comprender que interesarse de esa forma en la adjudicación de un contrato era un ilícito y aún así avanzó con los procesos contractuales. “Era consciente que ese comportamiento era contrario a derecho”, dijo el fiscal quien con sus argumentos empezó formalmente el juicio oral en contra del político.
En la diligencia también hizo presencia el abogado Jorge Alberto Ruiz, quien defiende los intereses del político. Explicó que Hernández no podía hacer asistir a la audiencia porque se encontraba fuera del país, pero que le había otorgado pleno derecho para ejercer su defensa. En su intervención el abogado dijo que la Fiscalía busca endilgar una responsabilidad que no le es atribuible al político. “Si bien es cierto cualquier mandatario debe interesarse en los contratos que hacen parte de su administración, el interés que pudo haber revelado el ingeniero Rodolfo Hernández jamás fue indebido y por supuesto demostrará esta defensa que ese interés no fue para obtener un provecho propio”, explicó Ruiz.
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El fiscal Villamizar le dijo al juez que en el marco del juicio oral expondrá pruebas documentales y testimonios de personas que, al parecer, evidenciaron el actuar irregular del político. Mientras tanto, el abogado que defiende a Hernández resaltó que durante las próximas diligencias controvertirá esas acusaciones. El exmandatario está bajo la lupa de las autoridades no solo por estas irregularidades, sino también por el despido masivo de unos sindicalistas mientras estuvo al mando del municipio. Lo que trascendió en su momento es que habría eliminado 27 cargos de los cuales ocho tenían fueron sindical.
Por el momento, ese proceso está un poco más atrasado que el de Vitalogic, pero la Fiscalía en ese también promete avanzar para determinar la responsabilidad del exmandatario.
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