En las últimas horas, el juzgado 43 de garantías de Bogotá dejó en libertad a Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de Efecty y Servientrega, por haberse vencido los 120 días, que señala la ley, para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación ante un juez de conocimiento. Igualmente, el despacho también dejó en libertad a Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Marta Inés Moreno, contadora, y Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, quienes también se encontraban en sus residencias como sitio de reclusión. (Le podría interesar: 19 personas investigadas: el primer efecto en Colombia de los "Panama papers")
En su decisión, el juez consideró que aunque el proceso presenta dificultares, respecto a recolección de pruebas o personal especializado para la investigación, el tiempo seguir con la siguiente etapa en el proceso ya venció, por lo que “ese término de los 120 días no podría entrarse a modificar”. Además, dijo que aunque la Fiscalía había solicitado unos recursos a Panamá, y que estos se demoraban entre cuatro y cinco años, las autoridades de ese país ya habían actuado recolectando la información que se requería. “La complejidad que pretendía que le diera este estrado judicial por parte de la Fiscalía se desvirtúa (…) cuando se da a conocer que en Panamá actuaron de manera pronta”, precisó el juez.
El organismo investigativo le puso la lupa a la participación de varias empresas colombianas que enviaban sus patrimonios a empresas de papel radicadas en el vecino país para que, a través de su sistema financiero, ocultaran sus patrimonios. Fue así como la Fiscalía le imputó a Luz Mary Guerrero los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. (Lea también: Fiscalía imputó cargos a cinco personas por caso “Panama Papers”)
Las investigaciones dicen que Guerrero, al parecer, habría ocultado en cuentas o sociedades en el exterior US$4.5 millones. De los cinco investigados, Guerrero fue a quien más le imputaron cargos. Sara Guavita y Jorge Sánchez Amado fueron otros de los nombres que la Fiscalía encontró. A ella le imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Mientras que Sánchez Amado está siendo investigado por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Igualmente, el ente investigador le imputó al ecuatoriano Juan Esteban Arellano los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Por último, a Marta Inés Moreno le imputaron falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. (En contexto: Servientrega y el lío de los “Panama Papers”)
Estas cinco personas hacen parte otras que, según la Fiscalía, serán investigadas por hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y así esconder ganancias. Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que, aparte de Luz Mary Guerrero Hernández, los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones.
Por Redacción Judicial
