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A pesar de su fallido intento por aterrizar en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y un infructuoso recurso de nulidad que radicó su abogado, finalmente el exsenador Álvaro García Romero tendrá que responder en juicio por el delito de desplazamiento forzado, relacionado con la sangrienta incursión paramilitar de Macayepo, ocurrida entre el 9 y el 17 de octubre del año 2000, donde fueron asesinados doce campesinos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de apelación que radicó la defensa del exsenador, en contra del fallo de 2 de agosto, en el que el alto tribunal rechazó un recurso de nulidad, con el que pretendía dejar sin efecto todo el proceso desde el momento de la acusación.
El abogado argumento, en su momento, ausencia de defensa técnica, por parte de su defensor de oficio y cuestionó sus actuaciones en cada una de las instancias del proceso. No obstante, para los magistrados, García contó con todas las garantías.
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Así las cosas, la Sala confirmó la decisión de continuar el juicio contra el exsenador García Romero, por desaparición forzada, proceso que se abrió en noviembre de 2010, tras una compulsa de copias, derivada de su sentencia por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y peculado por apropiación. La acusación formal contra el exsenador García se profirió el 16 de julio de 2016 y en septiembre de 2017 se realizó la audiencia preparatoria al juicio, pero en 2018 se suspendieron los términos por solicitud de su abogado, pues estaba pidiendo pista en la JEP.
Tras cuatro años, en abril pasado, la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP devolvió las diligencias a la Corte Suprema, ya que en febrero decidieron negar el sometimiento de García a esa jurisdicción. A pesar de los recursos presentado por el abogado del exsenador, tanto en la JEP como en la Corte, la decisión es que el juicio continuará.
Con esto, casi 22 años después, la masacre de Macayepo sigue rondando al exsenador García Romero, quien fue condenado a 40 años por este crimen, luego de que la Corte Suprema determinó que él, en alianza con el bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas, al mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, fue uno de los determinadores de esa masacre. Ahora, la Corte debe determinar si, además, fue responsable del exilio de decenas de campesinos por cuenta de estos hechos.
La prueba reina en este caso es una conversación que interceptó la Policía de Sucre el 6 de octubre de 2000, días previos a la masacre, en la que el ganadero Joaquín García le pidió al entonces senador García Romero que gestionara un movimiento de tropa de la Brigada de Infantería de Marina para facilitar la incursión paramilitar.