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La Corte Constitucional tiene nuevo presidente: el magistrado Antonio José Lizarazo, quien se vistió con la toga de ese alto tribunal por primera vez en febrero de 2017. Ahora, Lizarazo será el representante del órgano de cierre de la justicia colombiana, encargado de decidir sobre la las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra las leyes o actos reformatorios de la Constitución, y revisar decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela, entre otras funciones.
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El magistrado Antonio José Lizarazo es abogado de la Universidad Libre, especialista y magister en Derecho Administrativo, profesor de pregrado y posgrado y, además, cuenta con más de 35 años de experiencia en el ejercicio del Derecho. Se ha desempeñado en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral -donde incluso fue presidente-, en el ministerio de Educación y en la Gobernación del departamento de Santander.
Por otro lado, la Corte Constitucional eligió como vicepresidente a la magistrada Cristina Pardo, quien es abogada de la Universidad del Rosario. En tal centro educativo fue profesora de Derecho Constitucional durante diez años y fue directora del Área de Derecho Constitucional y de la Especialización en la misma materia. “En una primera etapa como servidora pública en la Rama Judicial, se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional durante catorce años y medio, oportunidad en la cual también fue magistrada encargada”, explicó el alto tribunal.
El magistrado Antonio José Lizarazo tendrá la responsabilidad de radicar la ponencia sobre la demanda que interpuso el colectivo feminista Causa Justa en septiembre de 2020, que busca erradicar el delito de aborto de la Constitución. En medio del proceso, Lizarazo le envió un cuestionario a la Fiscalía, pues busca saber cuántas personas han sido investigadas y condenadas por la conducta punible, cuya respuesta fue un documento de 67 páginas en el que se indicó que desde 2006 se han abierto más de 5.000 procesos.
El magistrado Lizarazo entra en reemplazo de Alberto Rojas Ríos, abogado de la Universidad Externado, quien es togado de la Corte Constitucional desde mayo de 2013. El año pasado el Gobierno preguntó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuándo termina su periodo, pues se supone que este finalizaría sus ocho años en mayo del presente año, sin embargo, el magistrado alega que tal periodo debe alargarse porque estuvo fuera del cargo durante nueve meses y 20 días: el tiempo en 2014 en que estuvo por fuera de la Corte cuando el Consejo de Estado anuló su elección, decisión que luego se revocó.
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“Nunca cobré sueldo alguno por dicho periodo (de 9 meses y 20 días) ni promoví indemnización alguna como me sugirieron importantes juristas. Dicho lapso debe restituirse para restablecer el periodo de ocho años para el cual fui elegido, de lo contrario quedaría reducido a 7 años, 2 meses y 10 días, contrario a lo dispuesto por la Constitución. Sin lugar a dudas, salvo que mis jueces naturales decidan otra cosa, mi periodo concluiría el 22 de febrero de 2022 y no el 2 de mayo próximo”, dijo en diálogo con El Espectador hace unos días.