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El magistrado Ramiro Riaño Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró impedido desde el pasado 14 de febrero para estudiar y decidir sobre la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el expediente que se lleva en su contra por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El recurso había llegado a su oficina vía reparto.
Entre sus argumentos, el togado señala que, una vez se tomó la decisión de suspender las audiencias de juicio en contra del exjefe de Estado, las víctimas suscribieron un memorial rechazando esa determinación. Entre los firmantes de ese documento se encuentra Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación y víctima acreditada en el proceso.
De acuerdo con el magistrado, su compañera permanente, Luz Adriana Gutiérrez, fue nombrada en 2013 como fiscal en provisionalidad en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) por el mismo Montealegre, cuando se desempeñaba como titular del ente investigador.
“En este momento a raíz del memorial por él (Eduardo Montealegre) presentado, evalúe la posibilidad de que se configura la aludida causal de impedimento que me lleva a plantearla y apartarme de la discusión y decisión que se adopte en este asunto para evitar cualquier cuestionamiento sobre la no imparcialidad como juez que, es precisamente, el tema que se discute y origina la recusación, que motiva la tutela”, se puede leer en el documento presentado por el magistrado.
Este diario conoció el recurso completo presentado por el equipo jurídico del líder natural del Centro Democrático, en el que no solo se pide suspender el juicio mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la tutela, una decisión que así fue confirmada, sino que también pide que se declare que el Juzgado 44 Penal de Bogotá “trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de Álvaro Uribe Vélez”, según reza el documento.
En la acción de tutela presentada por Jaime Granados Peña, abogado titular del exmandatario, también se solicita al tribunal que deje sin efecto todo lo sucedido en la audiencia del pasado lunes 10 de febrero, en la cual la defensa expuso su teoría del caso y recusó a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el expediente hace casi un año. Según el defensor, la jueza “ha desplegado una conducta sistemática de negación de garantías y de deslegitimación de la defensa (...) Ha tenido un excesivo interés por la celeridad en desmedro de las garantías de Álvaro Uribe”.
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