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Se siguen moviendo los señalamientos y pistas de las autoridades para hallar las respuestas que esperan el país y la familia del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del pasado 11 de agosto, luego de haber sido víctima de un atentado el 7 de junio, en el barrio Modelia, de Bogotá.
A las preguntas que la Fiscalía intenta resolver desde hace poco más de dos meses, ahora tendrá que agregar una nueva, relacionada con la presunta participación de José Aldinever Sierra, líder de la Segunda Marquetalia, en la autoría intelectual del magnicidio. Esto, luego de que el abogado de la familia del precandidato presidencial, Víctor Mosquera, interpusiera una denuncia tras señalamientos de altos funcionarios del gobierno al respecto.
El nombre de Aldinever Sierra, más conocido como alias “Zarco Aldinever”, no había sido vinculado a las investigaciones penales por el atentado al senador Uribe Turbay. Pero desde el pasado 6 de julio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, lo han puesto a sonar.
Los funcionarios han dicho en varias oportunidades que una línea paralela a la investigación de la Fiscalía, liderada por la Junta de Inteligencia, de la que hacen parte Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes, señalaría una posible relación de la Segunda Marquetalia con el crimen. El segundo al mando en esa facción disidente de las Farc, comandada por alias “Iván Márquez”, es el “Zarco Aldinever”.
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La Fiscalía no se ha pronunciado sobre esa nueva pesquisa de la que sí han hecho eco el ministro Sánchez Suárez y el general Triana. Para despejar al menos una de las muchas preguntas que rodean el expediente, el abogado Mosquera interpuso el 13 de agosto una nueva denuncia para que se investigue y esclarezca la posible relación del “Zarco Aldinever” con el caso.
“Funcionarios del gobierno señalan públicamente que ya saben quiénes fueron. Judicialmente o procedimentalmente eso no está aprobado, porque las investigaciones van en el avance de las capturas de los autores materiales. Queremos unir esas dos versiones y decirle a la Fiscalía que indague lo que está diciendo este gobierno a través del canal oficial, que es la investigación penal”, dijo el abogado Mosquera, en diálogo con El Espectador.
A los señalamientos de altos funcionarios sobre la Segunda Marquetalia, se suma otro movimiento judicial que, para el abogado de la familia de Uribe Turbay, más que aclarar el caso, podría terminar de enredar el expediente: la denuncia penal del presidente Gustavo Petro al excanciller de su gobierno, Álvaro Leyva, porque presuntamente “instigó” el asesinato del político del Centro Democrático.
Según el recurso, en el cual el abogado Alejandro Carranza es apoderado del mandatario, Leyva tendría contacto directo con la ya mencionada Segunda Marquetalia, señalada por el ataque. La denuncia contra Leyva fue por “conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria”.
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Al respecto, el abogado Mosquera le dijo a este diario que se trata de un “lanzamiento de teorías” que debe ser investigado, a fin de que se descarte o corrobore la información que permita llegar a los autores intelectuales. En especial cuando esas denuncias implican a dos personajes que trabajaron juntos en el gobierno y terminaron siendo enemigos políticos.
“La Fiscalía tiene que establecer si es cierto o no; el Ejecutivo tiene que entregar las pruebas y no distorsionar en un tema político una investigación que debe ser seria y neutral. (...) Llevar esa pelea al caso de Miguel es una nueva forma de hacerle daño a su memoria y a lo que se espera de la investigación. La política no puede llevarse a los estrados judiciales”, expresó el jurista.
Los señalamientos y la nueva denuncia se dieron al tiempo que la Fiscalía anunciaba un cambio en el expediente: la modificación de la imputación en contra de cuatro de los cinco adultos procesados hasta ahora. Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”; y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, responderán ahora por el delito de homicidio agravado, además de porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos.
A Martínez Martínez y González Cruz se les adicionó un delito más: concierto para delinquir agravado. Esto, según la Fiscalía, “en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos”.
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El único implicado que, al menos por ahora, no será imputado por el delito de homicidio agravado consumado, es Carlos Eduardo Mora González, alias “Venezolano”. La Fiscalía señaló que, en su caso, la modificación se hará en los próximos días. Fuentes del ente investigador le dijeron a este diario que será así porque el abogado que lo estaba representando renunció y hasta que no tenga un nuevo defensor, no se podrá hacer efectiva la modificación de su imputación.
Tampoco será modificada por ahora la acusación en contra del menor que le disparó a Uribe Turbay. El joven de 15 años ya había sido acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas.
El mismo lunes 11 de agosto, tras conocerse la noticia del deceso del político del Centro Democrático, la Fiscalía solicitó una audiencia para modificar la acusación inicial contra el menor. Sin embargo, en palabras del abogado Mosquera, esa solicitud está en “el limbo del Código de Infancia y Adolescencia”.
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Las autoridades deben resolver si la ley permite hacer esa modificación, dado que el menor ya había sido acusado formalmente el pasado 4 de agosto, o si, por el contrario, no hay lugar a modificaciones. “Si eso llega a suceder (que se rechace la modificación de la acusación), sería una forma de mostrar cómo esa ley no está funcionando. En mi concepto, está incentivando el reclutamiento de menores para cometer crímenes graves, porque las estructuras criminales se valen de esa salvaguarda jurídica”, dijo el jurista.
Mosquera concluyó que la justicia ha sido diligente: “Tengo que reconocer que hay un trabajo muy importante de parte de la Fiscalía, que desde el primer día viene comprometida junto con nosotros a esclarecer este hecho. La señora fiscal asignó unos fiscales especiales, un gran cuerpo de investigación, y en colaboración con nosotros se han venido desarrollando esas líneas lógicas de investigación”.
Pero también fue enfático en que no es suficiente con juzgar a los autores materiales, mientras los intelectuales sigan en las sombras. Justo por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya entró al ajedrez del caso y lo está analizando. Ahora, parte del esfuerzo de la familia Uribe Turbay está puesto en lograr que la Fiscalía declare el magnicidio como crimen de lesa humanidad y cerrarle así la puerta a la impunidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
