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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 130 víctimas, en el marco del fenómeno conocido como “falsos positivos”. Según la Sala, los crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2003, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada militar en Antioquia, donde, como se tiene pruebas, solicitó y permitió una cacería contra inocentes con el único fin de obtener resultados que solo se podían medir en bajas.
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Montoya, quien la mayoría de las veces que ha comparecido ante la JEP ha guardado silencio y ha negado su responsabilidad en los falsos positivos, fue mencionado por varios militares a quienes comandó en Antioquia. Varios de los testimonios recopilados por la JEP dan cuenta de las órdenes que al parecer dictaba Montoya pidiendo sangrientos resultados. Ahora, la JEP tendría cómo probar que solicitó “chorros, ríos, carrotancados de sangre” a sus subalternos, a quienes habría presionado y encubierto por asesinar civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado.
La introducción de la magistrada Catalina Díaz fue, en síntesis, contundente: “Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe”.
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Dentro del caso 03, la JEP señaló a miembros del Ejército como responsables dentro de los falsos positivos. Ahora, de acuerdo con el caso de Montoya, esa presión por “bajas en combate” fue el punto de partida del patrón criminal descrito por la justicia especial. El origen de una práctica que empezaba por una necesidad de sangre y que terminaba con la muerte o la desaparición de una víctima. La teoría del caso sostiene que, al menos en este punto, las muertes solicitadas y permitidas por Montoya se presentaron en 16 municipios de Antioquia.
El único indicador de éxito militar, según la investigación, eran las bajas. Y esa hipótesis se soporta en historias tan atroces que hablan por sí mismas. Como la presentación en rueda de prensa como guerrilleros del IX Frente de las FARC a dos niñas y tres jóvenes civiles en 2002, en el municipio de San Rafael. Habían caído en una emboscada militar contra un vehículo que conducían paramilitares. Y, aunque claramente nada tenían que ver con la guerra, “el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, señaló la magistrada Díaz.
La madre de Erika Castañeda, una de las víctimas de ese caso, recordó a la JEP haberle dicho, en ese momento, a Mario Montoya lo siguiente: “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”. Montoya, como la JEP puede probar, presionaba a sus unidades, comparándolos entre ellos y midiendo su capacidad como funcionarios públicos en números de muertes. Exaltó el derramamiento de sangre y el uso de la fuerza letal. Rechazó, como inservibles, los reportes de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintas a las bajas. Muertes. Muertes. Solo muertes.
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“Quiero bajas. No quieren trabajar o qué. Va a tocar relevarlos”, recordó en audiencia privada un testigo contra Montoya. Por asociarse con el general (r), en la hipótesis con respecto a Antioquia, también fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa e Iván Darío Pineda; el subteniente Emerson Antonio Castañeda; el teniente Nelson Enrique Carvajal; el subteniente Edwin Leonardo Toro; el subteniente José Alejandro Ramírez; el subteniente Diego Germán Guzmán; y el soldado regular Óscar Iván Mayo.
Los magistrados presentes aclararon que no es la primera imputación que se comunicará a Montoya, dado que este es solo el subcaso que corresponde Antioquia. Explicaron que todavía falta camino para develar una hipótesis clara del general (r) como comandante del Ejército Nacional, la cual hace parte de una rama de la investigación destinada para altos mandos con poder en todo el país. Asimismo, las presuntas relaciones que la Cuarta Brigada, bajo su comandancia, habría tenido con paramilitares son objeto de estudio del macrocaso 08, que vincula a autodefensas con miembros de la fuerza pública.
“El asesinato y desaparición forzada de personas para ser presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado produjo serias afectaciones en las madres, padres, compañeras, esposas, hermanas, hermanos, hijos e hijas de las víctimas directas, quienes han afrontado daños morales, psicológicos, emocionales y físicos, al igual que daños materiales, familiares y socioculturales. Las víctimas fatales no solo perdieron su vida, sino que, en algunos casos, experimentaron dolores físicos y psicológicos en los momentos previos a su muerte”, concluyó la magistrada Díaz. Ahora, Montoya tiene un plazo de 30 días para reconocer responsabilidad o podría enfrentar un juicio cuya resolución terminará con hasta 20 años de cárcel.
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