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Mientras los casos en contra de Marcos de Jesús Figueroa y su organización están empantanados en la justicia ordinaria, entre indagaciones sin fin, procesos que llegan a vencimiento de términos y testigos ausentes —asesinados o intimidados—, Marquitos, señalado de liderar una organización de narcotráfico y contrabando en la frontera con Venezuela, está planeando su aterrizaje en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Espectador confirmó que Figueroa solicitó acogerse a la justicia transicional del Acuerdo de Paz, arguyendo que fue paramilitar y guerrillero, y que ésta ya ha recibido copias de algunos de sus procesos. La JEP, por su parte, no ha definido la solicitud del hombre que habría sembrado el terror en La Guajira y sus cercanías.
El 22 de octubre de 2014, el presidente Juan Manuel Santos y el general Rodolfo Palomino salieron a anunciar con gesto victorioso la captura en Brasil de Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa, uno de los hombres más buscados por las autoridades entonces. El presunto líder de la organización criminal que dominó el narcotráfico y el contrabando de gasolina en La Guajira fue detenido junto con su sobrino Milton Figueroa, alias Norte, por las autoridades brasileñas, en una mansión en la ciudad de Boa Vista, cerca de la frontera con Guyana. Tras varios meses de búsqueda, las llamadas a las madres de sus 14 hijos habrían delatado su ubicación.
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Pasó cerca de un año para que Figueroa, quien habría sido aliado del exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez, fuera extraditado. En Colombia lo esperaban varios procesos por homicidio, entre ellos el de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, en 2012, y el de Dilger Becerra, asesor del Ministerio de Transporte en La Guajira. Y hay otros casos en su contra por asesinato. Pero, al igual que su envío a Colombia, las investigaciones han sido lentas, lo cual está empujando muchos de estos procesos hacia el vencimiento de términos.
De acuerdo con los tiempos judiciales, en varios procesos ya debería haber una sentencia sobre Marquitos Figueroa, pero ninguno ha llegado a esa etapa hasta el momento. Es más, a principios de julio de este año, el presunto líder criminal estuvo a punto de salir de prisión porque, en menos de un mes, la Fiscalía dejó que se llegara al vencimiento de términos en dos de los expedientes. Esta omisión del ente acusador ocasionó que Figueroa estuviera cerca de salir de Picaleña, centro carcelario de máxima seguridad en Ibagué en el que está recluido desde 2016, pero una nueva orden de captura por el caso de Óscar Hernández le cerró la puerta en la nariz.
Los primeros casos
Las demoras en los trámites contra Marquitos Figueroa han sido el común denominador en sus procesos. Cuando fue extraditado en 2014 ya estaban bastante adelantadas las investigaciones por los homicidios de Dilger Becerra, cometido el 9 de agosto de 2011 en Riohacha, y Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, asesinada el 28 de agosto de 2012. Estas pesquisas estaban a cargo de Hernando Reyes López, fiscal primero especializado en organizaciones criminales para ese tiempo. Sin embargo, en ambos casos, las investigaciones llegaron al vencimiento de términos, tanto para Marquitos como para varios de sus presuntos hombres.
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En el caso de Becerra, figura reconocida en la movida política del departamento peninsular, las indagaciones señalaban que su homicidio se ejecutó por no aliarse con Kiko Gómez. Exintegrantes de los Rastrojos, además, le han dicho a la Fiscalía que Becerra era de los suyos, es decir, de una organización que se enfrentaba con la de Marquitos. La Fiscalía no radicó el escrito de acusación contra Marquitos a tiempo y el vencimiento de términos fue casi automático. Sin embargo, las investigaciones han seguido por la muerte de Dilger Becerra y de Iván Martínez Aroca y Alejandro Bonivento, quienes acompañaban al líder político en el momento del atentado.
Una situación similar ocurrió en el proceso por el homicidio de Brito, cuyo caso llegó a vencimiento de términos a principios de julio de 2019. A este proceso fueron vinculados Marquitos Figueroa; Paul Corrales, uno de los sobrinos de Marquitos y presunto líder de sicarios de la organización; Milton Figueroa, el sobrino del presunto narcotraficante y con quien fue capturado en Brasil, y Diomedes Villamizar, conocido como el Cantante, uno de los pocos condenados por este hecho, al igual que Kiko Gómez. Curiosamente, el exgobernador fue condenado con menos pruebas de las que habría en contra de Marquitos, como señalan fuentes que conocen el proceso al detalle.
En el proceso por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas hay bastantes elementos llamativos. El 18 de noviembre de 2016 se iba a llevar a cabo la audiencia de acusación en Riohacha, pero no se realizó porque el Inpec no llevó a Marquitos a la diligencia y tampoco se presentó su defensor. En esa fecha, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema el cambio de radicación del expediente a Bogotá, que el alto tribunal avaló tras concluir que varios testigos recibieron “amenazas de muerte”, fueron “seguidos clandestinamente” e incluso a uno de ellos le arrojaron una granada que “afortunadamente no accionó”. A pesar del cambio de radicación, la Fiscalía no pudo evitar el vencimiento de términos. Sin embargo, es preciso señalar, este es uno de los procesos más avanzados y pronto comenzará el juicio contra Marquitos.
Nuevos procesos, desenlaces parecidos
Meses después de la llegada de Marquitos a Colombia se abrieron nuevas investigaciones en su contra y de sus hombres por los homicidios de Dani Deluque, alias el Venezolano, cometido el 13 de agosto de 2012 en Valledupar; Juan Bautista Pérez Ruiz, exfuncionario de la Sijín de La Guajira, y Óscar Rodríguez, asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Por el crimen de Deluque y Pérez Ruiz se expidió orden de captura en mayo de 2018 a Marcos de Jesús Figueroa, Paul Corrales, Marcos Francisco Figueroa —hijo de Marquitos—, Arlet Johan Amaya y otros presuntos miembros de la organización criminal que dominó el narcotráfico y el contrabando de combustible en La Guajira.
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Las investigaciones estaban a cargo de un fiscal de Valledupar que no hizo mayores avances en tres años. Luego fueron asumidas por la fiscal Yenny Ortiz. En un principio, las investigaciones comenzaron a moverse: fue ella quien ordenó la captura de varios miembros de la organización. Sin embargo, en 2019, los vencimiento de términos llegaron. Las demoras habrían ocurrido por un intento de trasladar los dos casos del Cesar hacia Bogotá. En Valledupar se dice que Marquitos y su gente han permeado el poder judicial. En Riohacha, el tema ha sido evidente: hace dos años, por ejemplo, el Tribunal Superior de la ciudad condenó al fiscal Alcides Pimienta “por irregularidades en las investigaciones” contra Kiko Gómez y Marquitos.
Los procesos de Deluque y Pérez Ruiz se quedaron en Valledupar. El alto tribunal aseguró que no había pruebas suficientes de que el proceso no pudiera llevarse a cabo en esa ciudad por posible interferencia de terceros, aunque, en decisiones anteriores, la misma corporación admitió el cambio de la radicación de los procesos en contra de Marquitos por posibles presiones a testigos y jueces de la zona. Con la decisión de la Corte, las dilaciones de la defensa y la congestión de procesos en el despacho del único juez que podía conocer en Valledupar este tipo de casos, Marquitos y sus hombres recibieron boleta de libertad, por lo que la gran mayoría de ellos volvió a las calles.
En este caso se dio un hecho peculiar. Paul Corrales, quien pagó una pena de tres años por lavado de activos y es señalado de ser jefe de sicarios de la organización de Marquitos, se dio a la fuga cuando se ordenó su captura en mayo de 2018 por el homicidio de Deluque. Luego, a través de sus abogados, pidió ante un juzgado de Valledupar que se revocara la medida de aseguramiento en su contra. Aunque Corrales era buscado por las autoridades desde hacía varios meses, la jueza encontró válido el requerimiento de la defensa e invalidó la orden de arresto.
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Días antes de que esa decisión se tomara, Paul Corrales, todavía en la clandestinidad, denunció a los investigadores de los casos en su contra por, supuestamente, planear asesinarlo. Asimismo, aseguró que la persecución por parte de la Fiscalía, de la que supuestamente era víctima, le había impedido continuar sus estudios de derecho en la Universidad Popular del Cesar. El Espectador conoció el documento dirigido al despacho del fiscal general (e) Fabio Espitia, que llamó la atención por el conocimiento que mostró Corrales de las acciones de la Fiscalía: aseguró que se venía una orden de captura en su contra por el caso de Óscar Rodríguez y advirtió que investigadores habían estado en Barranquilla en una operación vinculada a su proceso.
Tras la denuncia, presentada en mayo de este año, las acciones en su contra se detuvieron. La orden de captura que iba a ser expedida por el homicidio de Óscar Rodríguez, que en pocos días iba a ser emitida, se frenó. El pasado 21 de junio, Corrales estuvo en la Fiscalía y rindió interrogatorio, pero el caso va ahí. De acuerdo con personas cercanas a la investigación, la información revelada por Corrales en su denuncia es una muestra de que tiene un enlace dentro del ente acusador. Solo de esta forma pudo haber conocido tantos detalles. Queda el único caso por el que Figueroa sigue en la cárcel: el de Óscar Rodríguez. En un principio lo manejaba el fiscal Ricardo Bejarano, pero después pasó a las manos de la fiscal Yenny Ortiz. En el traspaso se habrían evidenciado varias irregularidades.
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Diego Armando Acuña, alias Dieguito, quien confesó haber jalado el gatillo en siete oportunidades contra Rodríguez y vinculó a Marquitos como uno de los determinadores del crimen, salió de prisión por vencimiento de términos, a pocos días de que Ortiz recibiera el caso. También, el fiscal Bejarano fue señalado de tener supuestos vínculos con personas relacionadas con el crimen de Rodríguez y habría omitido presentar algunas pruebas fundamentales en el proceso contra Figueroa. Este diario conoció una denuncia de oficio de la fiscal Ortiz en contra de su antecesor por irregularidades en el proceso. Marquitos sigue en Picaleña y, si la JEP lo admite, no pasará más de ocho años en prisión. Que es exactamente lo que quiere.
No obstante, para Miguel Ángel del Río, abogado de Carlos Rodríguez, padre de Óscar Rodríguez, la fiscal Yenny Ortiz también habría cometido anomalías. Como este diario reveló, desde julio de 2018 se tenían dos testimonios relevantes —del autor material y de un antiguo miembro del grupo de Figueroa— que mencionaban una presunta participación en el homicidio de Rodríguez por parte de Marquitos Figueroa, José Guillermo Ñeñe Hernández —ganadero asesinado en Brasil en mayo de este año—, Paul Corrales y el exalcalde de Tenerife Ómar Alejandro Vanegas. A pesar de ello, el despacho de Ortiz no habría tomado decisiones a tiempo. Hoy, el Ñeñe Hernández está muerto y Marquitos casi sale de prisión.