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Cinco días después de la incursión armada que dejó tres integrantes de la comunidad Piapoco asesinados en el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo (Vichada), las autoridades indígenas denuncian que dos de los cuerpos aún no han sido levantados y que la crisis humanitaria en el territorio se agrava ante la falta de respuesta del Estado.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de julio, cuando hombres armados irrumpieron en el resguardo, sacaron por la fuerza a las familias de sus viviendas y luego incendiaron sus casas. En un primer reporte, las autoridades indígenas informaron que Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, había sido asesinado y que otra persona resultó herida. Además, alertaron sobre la desaparición de tres integrantes de la comunidad: Tania Mercedes Gaitán Rodríguez, de 19 años; Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 17; y Mery Yuriana Gaitán Rodríguez, de 3 años.
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El pasado 21 de julio, cuatro días después del ataque, la comunidad encontró con vida a la menor Mery Yuriana, mientras que los cuerpos de Tania Mercedes y Clara Estrella Gaitán Rodríguez fueron hallados a orillas de un caño. Según la comunidad, Tania Mercedes tenía nueve meses de embarazo y se encontraba en trabajo de parto al momento de ser asesinada.
Rangel Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación Campesina de Cumaribo Vichada (Asocoavi), señaló a El Espectador que, debido al aumento de las lluvias, los cuerpos corren el riesgo de ser arrastrados por la corriente.
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El hallazgo de los cuerpos consternó a toda la comunidad, especialmente a las mujeres Piapoco, quienes aseguran que un hecho de esta magnitud nunca se había registrado en su territorio. Ligia Cumanáica, integrante del pueblo Piapoco, relató la violencia con la que fue asesinada Tania Mercedes: “Una joven de 19 años tenía nueve meses de embarazo y en ese momento le estaban llegando los dolores. Así la mataron. Este es nuestro territorio ancestral, nuestra Kali, y se debe saber lo que está pasando”.
Pese a la gravedad de los hechos y al tiempo transcurrido, el resguardo denuncia que no ha recibido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades departamentales de Vichada ni el acompañamiento esperado de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y la Fuerza Pública.
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En un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, la comunidad aseguró haber actuado de buena fe, facilitando espacios de diálogo y colaborando para que las autoridades pudieran cumplir sus funciones. Sin embargo, advirtió que la ausencia de una respuesta institucional inmediata ha profundizado la sensación de abandono en el territorio.
El resguardo pidió la intervención urgente de las entidades competentes para garantizar la protección de la comunidad, la atención integral a las familias afectadas, el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los pueblos indígenas. En el comunicado, la comunidad fue enfática: “La paz, la justicia y el respeto por nuestros derechos no pueden seguir esperando”.
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Ante la gravedad de la situación, el cabildo gobernador del resguardo, Jaider Naranjo Jiménez, convocó a una Mesa de Diálogo Humanitario, Interinstitucional y de Construcción de Paz, que se realizará los días 25 y 26 de julio en la Casa de la Cultura de la comunidad Villa Fátima, a partir de las 8:00 a. m.
El llamado es al Ministerio del Interior, la Gobernación de Vichada, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, con el fin de coordinar una ruta de atención integral, escuchar a las familias de las víctimas y definir acciones concretas que eviten nuevos hechos de violencia en el territorio.
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