La Defensoría del Pueblo acaba de dar a conocer el informe sobre la situación de protección de derechos humanos en Cauca durante el último año. En el documento de más de 140 página, la entidad resalta que aunque la presencia estatal creció en esa parte del país, la violencia sigue imperando con masacres, atentados, desplazamientos y control de grupos armados que disputan el terreno.
Dentro de su informe “Cauca: Voces que resisten”, la Defensoría del Pueblo señala que la situación entre 2024 y 2025 “se caracteriza por la continuidad de una grave crisis humanitaria, originada principalmente por la presencia y los enfrentamientos entre distintos grupos armados no estatales, así como la incidencia de la criminalidad organizada”. Asimismo, resalta las alertas tempranas que ha emitido durante el último año sobre “los riesgos que afectan a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; a niños, niñas y adolescentes; a personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales; a habitantes de las zonas urbanas, entre otras”. Por eso, la Defensoría mantiene 26 alertas tempranas activas, en las que “se focalizan municipios de las subregiones del departamento: Norte; Sur, Macizo y Piamonte; Pacífico caucano, Centro y Oriente”.
Asimismo, el informe expone aspectos claves de la situación en esa zona:
Masacres y homicidios:
Dentro de lo plasmado en el documento, la Defensoría del Pueblo registró que en el Cauca, en el último año, ocurrieron 18 masacres, dejando 69 víctimas mortales. Esos hechos se concentraron en el norte y Pacífico caucano, en municipios como Miranda, Corinto, Toribío, Suárez, Buenos Aires, López de Micay y Guapi. Dichos lugares, resalta la entidad, son en los que confluyen economías ilegales y en donde hay disputas entre grupos armados.
Por otra parte, fueron registrados más de 800 homicidios. Ambas problemáticas, dice el informe, no son hechos aislados, sino que son mecanismos de intimidación para sembrar el miedo en la población civil y forzar a que haya desplazamientos para mantener el control territorial. En varios de estos casos, resalta la Defensoría, las víctimas fueron líderes comunales, defensores de derechos humanos o integrantes de comunidades indígenas. Asimismo, se alerta en el informe del aumento de asesinatos selectivos contra personas que denuncian a los grupos armados o que se oponen a la expansión de cultivos ilícitos.
Disputa por el territorio entre actores armados:
En el documento, la Defensoría detalló que la disputa por el territorio se da principalmente entre las disidencias de las Farc conocidas como el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Asimismo, hace presencia el Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) y grupos de crimen organizado que operan en alianza con carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
El conflicto entre los grupos armados se da principalmente, según lo registrado por la Defensoría, es para quedarse con el control de los corredores estratégicos hacia el Pacífico y el control de economías ilícitas: cocaína, minería ilegal y extorsión. La Defensoría identificó 26 alertas tempranas que permanecen activas en municipios de todas las subregiones. Los enfrentamientos entre el EMC y el ELN en el norte del Cauca y entre el Frente Carlos Patiño (EMC) y la CNEB en Argelia y Balboa han generado los mayores impactos humanitarios, según el documento.
Además de lo ocurrido entre grupos armados en zonas rurales, el informe señala que en el último año creció la criminalidad urbana. Por ejemplo, en municipios como Puerto Tejada, Guachené y Popayán, estructuras locales hacen alianzas con las disidencias de las Farc para controlar el microtráfico y las extorsiones.
Desplazamiento forzado y confinamientos:
Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo identificó que guarda relación con “actividades asociadas a cultivos de uso ilícito, disputas territoriales por el control de corredores ilegales, reclutamiento forzado, enfrentamientos armados, entre otros factores”. De 105 eventos de desplazamiento masivo en todo el país en 2024,16 se presentaron en el Cauca, según registró la entidad. Esos hechos afectaron a más de 2.650 familias, “lo que lo sitúa como uno de los territorios con mayor incidencia de este hecho. En lo que va del 2025, la entidad ha registrado 14 eventos de la misma naturaleza en el departamento, fenómeno que ha afectado a alrededor de 1.300 familias”.
Por otra parte, al hablar del confinamiento, la Defensoría registró 75 casos ocurridos en Colombia, de los cuales seis tuvieron lugar en Cauca, afectando a 1.400 familias en 2024. Asimismo, entre enero y septiembre de 2025, se han presentado ocho casos, en los que más de 2.845 familias han sido perjudicadas.
Otras afectaciones
Dentro del documento, la Defensoría señaló que, en comparación con el 2023, cuando se reportaron 277 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), en 2024 aumentaron a 376 casos, es decir, 36% más. En lo que va de 2025, la entidad tuvo conocimiento de 123 casos de reclutamiento forzado de NNA a nivel nacional, 31 de los cuales, que representan el 25%, ocurrieron en Cauca.
Asimismo, las cifras sobre afectaciones a misiones médicas, no son alentadoras. Según la entidad, 55 ocurrieron en 2024 y 24 en 2025, “lo que da cuenta de los riesgos en los que se ve inmerso el personal de salud, en particular en escenarios de conflictividad armada, en situaciones de tensiones sociales y en limitaciones de acceso a zonas rurales”.
Recomendaciones al gobierno:
Dentro del documento, hicieron una serie de recomendaciones al gobierno par hacerle frente a las problemáticas en el departamento:
- En materia de tierra y territorio, acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, respetando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y promover nuevas figuras como las Zonas de Reserva Campesina.
- Frente a la seguridad, es necesario consolidar estrategias interinstitucionales para desmantelar las economías ilícitas, con una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, la fuerza pública y las comunidades.
- En el ámbito de género y protección, fortalecer la investigación de los casos de violencia sexual y feminicidio, ampliar las rutas de atención psicosocial, así como garantizar un enfoque étnico y diferencial en las políticas públicas.
- En cuanto al medio ambiente, urge restaurar los ecosistemas afectados por la minería y los cultivos ilícitos, y promover alternativas productivas sostenibles que ofrezcan ingresos dignos a las comunidades rurales.
- Establecer un mecanismo permanente de monitoreo y trazabilidad, en el que las entidades responsables entreguen reportes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades del Cauca.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
