Tras conocerse que tres menores de edad murieron en la Operación Amon, llevada a cabo en contra de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá por las Fuerzas Militares el pasado 27 de agosto en Guaviare, el ministro de Defensa salió a decir que los menores “eran combatientes”. Según dijo, el gobierno de Abelardo de la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva.
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A través de un comunicado el jefe de la cartera de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, señaló que la operación en cercanías del rio Inirida, en el municipio de El Retorno (Guaviare) tenía como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, liderada por alias Cotiz. En ella, dice, murieron 10 personas, según el alto funcionario, “todos ellos combatientes”.
El ministro Mora dijo que en la operación fue capturada una persona “y se recuperó a un menor de edad en función continua de combate a quien se le reestablecieron sus derechos”. También, que “en el sitio del bombardeo, se incautaron: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones”.
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Dentro de la defensa que hizo de la operación Amon, el jefe de la cartera dijo que “la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley”. Según sus palabras, “se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)”.
El ministro de Defensa agregó que “l reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. Tras conocerse que tres de los muertos eran menores de edad, aseguró que “es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”.
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El alto funcionario de De la Espriella dijo que su cartera y el Ministerio de Justicia avanzan en una mesa de trabajo “para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores por estructuras narcoterroristas”. Dijo también que serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, “con el fin de definir una ruta integral que fortalezca la protección de los menores y la sanción de quienes los reclutan, utilizan o instrumentalizan para cometer delitos, incluyendo posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y las redes de captación”.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella expresó: “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”. Asimismo, dijo que “los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”.
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