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13 Dec 2021 - 2:57 p. m.

Militares habrían cobrado recompensas de operaciones que no realizaron

La Fiscalía los imputó por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento. Los uniformados hacían parte de Batallón Vencedores N°23, con sede en Cartago (Valle).
Teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23; el capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del batallón y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez, de la misma unidad
Teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23; el capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del batallón y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez, de la misma unidad
Foto: Cortesía Fiscalía

Dos oficiales y un suboficial del Ejército fueron vinculados a un proceso penal porque, al parecer, cobraron recompensas por operaciones que no realizaron ellos: en un caso aseguraron haber logrado una incautación con información de una fuente, pero no sería cierto, y en otro se adjudicaron la muerte de un jefe del Eln, a pesar de que la realizó otra unidad militar. Por estos presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público a los tres uniformados, que laboran en el Batallón Vencedores N°23, en Cartago (Valle del Cauca).

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“Los elementos de prueba dan cuenta de que los uniformados, al parecer, elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para soportar el pago de informantes por procedimientos que no existieron o fueron ejecutados por otras unidades militares”, aseguró la Fiscalía. En el que son investigados el teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23; el capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del batallón y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez, de la misma unidad.

En concreto, la Fiscalía halló posible corrupción en la entrega de dos recompensas a estos tres uniformados. Primero, los uniformados recibieron $5′500.000 para pagarle a una supuesta fuente que, según ellos, había entregado información que sirvió para ubicar 170 cilindros de gas que serían utilizados para ataques contra la fuerza pública. No obstante, el ente investigador asegura que este material fue hallado en labores rutinarias de patrullaje y que nunca se realizó el operativo que aseguraron Muñoz, Ballesteros y Vélez en los documentos que radicaron en la Tercera Brigada.

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El fiscal del caso relató así lo sucedido en audiencia: “Para agosto de 2020, aprovechando que, con razón de su función, mediando un acuerdo común y con división de trabajo presentaron informes de inteligencia y soportes, en los cuales consignaron falsedades sobre la obtención de información de una fuente humana ante el comando de la Tercera Brigada, que soportó la incautación de 170 cilindros de gas y, con ello, el desembolso de $5′500.000. Es decir, el desembolso de recursos públicos de las Fuerzas Armadas, por lo que se apropiaron en provecho suyo de bienes del Estado”.

En el segundo caso, los uniformados recibieron $4 millones de recompensa por la operación militar en la que murió un jefe del Eln de alias Negro Antonio —que sería una persona distinta al ex Farc que respondía al mismo nombre en la guerra, quien sigue vivo—. La Alcaldía de El Dovio (Vale del Cauca) les giró el dinero a los uniformados, pues documentaron que, supuestamente, ellos realizaron el operativo. Sin embargo, según la Fiscalía, “hay elementos que indican que el procedimiento fue adelantado por una unidad distinta”.

El fiscal del caso detalló: “Para el mes de diciembre del año 2020, aprovechando que, por razón de sus funciones tenían la administración por extensión como garantes de recursos públicos, mediando un acuerdo común con división de trabajo, radicaron ante la Alcaldía de El Dovio solicitud de $4 millones para un tercero por información a una fuente que permitió actividades militares, lo que generó el pago por parte del ente municipal de dichos recursos”.

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Mientras las investigaciones continúan, el juez de control de garantías envió a detención domiciliaria a los tres militares, quienes se declararon inocentes. La Fiscalía tiene alrededor de tres meses para culminar las pesquisas y, si halla mérito, llamar a juicio a los uniformados. De lo contrario, puede pedirle a un juez de conocimiento que precluya la investigación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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