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2 Dec 2021 - 3:20 p. m.

Policía y Ejército, entre las entidades con más casos de corrupción en el Gobierno

Transparencia por Colombia presenta su más reciente informe en el que analizó hechos de corrupción en el país durante los últimos cinco años. Uno de sus hallazgos es que la Fuerza Pública es la entidad del gobierno en donde más se presentaron hechos de este tipo.
Según el informe, en el Ejército y en la Policía (adscritas al Ministerio de Defensa) se registraron 178 de los 311 hechos de corrupción que afectaron a entidades del gobierno nacional.
Según el informe, en el Ejército y en la Policía (adscritas al Ministerio de Defensa) se registraron 178 de los 311 hechos de corrupción que afectaron a entidades del gobierno nacional.
Foto: Jorge Londoño - Jose Vargas Esguerra

Después de analizar 2.026 registros periodísticos sobre historias de corrupción en el país, Transparencia por Colombia presenta hoy el informe “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020″. Uno de los hallazgos que se encuentra en esta entrega, que recopila cinco años de información, es que la entidad del gobierno en donde se presentaron más casos de esta naturaleza fue en la Fuerza Pública.

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Según el informe, en el Ejército y en la Policía (adscritas al Ministerio de Defensa) se registraron 178 de los 311 hechos que afectaron a entidades del gobierno nacional. Al analizar los casos de corrupción administrativa, relacionada la mayoría de veces a problemas de contratación pública, Transparencia por Colombia explica que la corrupción en sectores como el de defensa termina poniendo en entre dicho la seguridad, ya sea la de una persona, una comunidad o una ciudad.

El informe señala que estos casos evidencian “cómo servidores públicos buscan beneficiarse personalmente o a un tercero, a partir de la prestación de servicios de seguridad como una moneda de intercambio para fines particulares. Estos servicios tienen que ver con acciones de las fuerzas militares y policiales, que van desde el patrullaje de entornos rurales y urbanos, hasta las operaciones para desarticular grupos criminales”, menciona el documento.

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La investigación asegura que estos hechos de corrupción tienen que ver con la venta de información reservada y de armas de uso privativo de la Fuerza Pública a grupos al margen de la ley, “cuándo dichos recursos deberían utilizarse para combatir la ilegalidad”. A manera de ejemplo, Transparencia por Colombia hace referencia a un caso que ocurrió en 2020 cuando el CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron a tres uniformados de esta última institución por presuntamente haber entregado información sobre los procedimientos programados contra exploraciones ilegales de minería en los ríos Atrato y Quito.

La información la habrían entregado a cambio de oro y dinero. Los detenidos fueron el intendente William Reyes, el subintendente Dany Alfredo Popo y el patrullero Edwin Mena. “Asimismo, la omisión de protección por parte de miembros de la Fuerza Pública, a cambio del pago de un soborno, posibilita el actuar de grupos criminales, en detrimento de la salvaguardia de la vida y la integridad de las personas”, aclara el informe. Sobre estos hechos, el documento hace referencia al caso puntual del narcotráfico.

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“Es importante resaltar, además, aquellos actores que deberían encargarse del control y vigilancia, pero terminan participando en actos ilegales. Estos casos corresponden, por ejemplo, a miembros de la Fuerza Pública involucrados en narcotráfico. En los 75 hechos de corrupción asociados al narcotráfico, se identificó la participación de 71 miembros de la Fuerza Pública, 43 servidores públicos y 14 autoridades electas por votación popular”, dice el informe.

Aunque en el país abundan ejemplos de esa relación entre uniformados y grupos ilegales dedicados al tráfico de estupefacientes, Transparencia por Colombia seleccionó uno relacionado con la Oficina de Envigado. Según el relato, en 2017 la Fiscalía hizo un operativo en contra de la banda La Terraza, conocida por ser el brazo armado del paramilitarismo en las ciudades. La acción de las autoridades terminó en la captura de un subintendente de la Policía de Antioquia y uno de los principales jefes de la banda. Fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

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A raíz de ese operativo, el ente investigador vinculó a otros siete patrulleros. “De acuerdo con las investigaciones adelantadas desde 2013, los uniformados recibían $1 millón mensuales para dejar funcionar varios expendidos de droga en el centro de Medellín. También, en el curso de las investigaciones, entre enero y noviembre de 2017, fueron incautadas más de 15 toneladas de marihuana provenientes del Cauca, que eran comercializadas por uno de los cabecillas de la banda, alias Ramón, considerado por las autoridades como el zar de la marihuana”, dice el informe.

“Enfrentar la corrupción requiere aproximaciones ambiciosas, decididas, coherentes e integrales: Como se resalta a lo largo del informe, la corrupción tiene múltiples afectaciones en sectores, entidades (Fuerza Pública y alcaldías), territorios y afectados”, reflexiona Transparencia por Colombia. A manera de conclusión, el informe plantea que el carácter sistemático y estructural del problema necesita que sea atendido desde una “perspectiva integral”, que tenga en cuenta las dimensiones económicas, sociales, institucionales, políticas y culturales; así como su escala y su afectación diferenciada”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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