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2 Apr 2022 - 4:25 p. m.

Militares vinculados con “falsos positivos” deberán hacer reconocimiento público

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para el próximo 26 y 27 de abril en Ocaña, Norte de Santander, la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los 11 imputados dentro del caso 03 que investiga ‘falsos positivos’ en Catatumbo.
Los militares iban a realizar operativos de erradicación forzada en el Catatumbo.
Los militares iban a realizar operativos de erradicación forzada en el Catatumbo.
Foto: Radio Nacional

Durante los próximos 26 y 27 de abril, la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá sede en Ocaña, Norte de Santander, debido a la audiencia pública que fijó en el marco de la investigación que se surte por los denominados falsos positivos. Por estos hechos, la justicia transicional ya imputó a 10 militares, entre ellos, el general Paulino Coronado quien fue comandante de la Brigada 30 del Ejército; y un civil.

La decisión de realizar una audiencia pública en esa zona en el país fue adoptada por la Sala debido a la solicitud que hicieron las víctimas que se encuentran acreditadas en el caso. La determinación se tomó tras 16 reuniones preparatorias en las que la justicia transicional y los afectados han trabajado de la mano para hallar verdad sobre el paradero de sus familiares que en algún momento fueron presentados como bajas en combate.

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Las diligencias se llevarán a cabo en esa zona del país, puesto que es un espacio “emblemático” para el macrocaso 3 que adelanta la JEP. “Ocaña es el único sitio en el que simbólicamente podrían sentir que cobra sentido para ellas la realización de dicha audiencia”, advierte la Sala de Reconocimiento de Verdad a través del auto 036 que fijó la fecha de las audiencias y la comparecencia de los 11 imputados que, hasta el momento, han sido hallados como máximos responsables de esa conducta.

La JEP enfatizó que los 10 miembros de la fuerza pública y el tercero civil deberán pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país. Así las cosas, los uniformados deberán entregar su versión sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron, y por los cuales están rindiendo cuentas ante la justicia transicional.

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Durante abril, las víctimas tendrán frente a frente al general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Por los denominados falsos positivos, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

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Una vez concluida la etapa de reconocimiento, y en caso de que, los uniformados hayan presentado verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala debe producir después de tres meses, a más tardar, la resolución de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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